Nuevos bloqueos y cientos de desaparecidos complican la salida de la crisis en Colombia
El gobierno abrió una mesa de diálogo. Pero siguen las protestas con 733 cortes de rutas en el 11° día de marchas. Reclamos por el paradero de más de 500 personas.
Pese a los llamados del gobierno a una mesa de diálogo, las protestas continuaron ayer por 11° día en casi todo el territorio nacional con marchas en Cali, Barranquilla y Bogotá, donde los cortes de rutas eran más caóticos y afectaban la vida de toda la ciudad. El presidente Ivan Duque volvió a pedir el cese de todos los bloqueos que han acentuado el desabastecimiento de alimentos y medicinas en plena pandemia, mientras crecen los reclamos por el paradero de más de 500 personas desaparecidas.
“El rechazo tiene que ser categórico a estas expresiones que son violentas”, dijo el mandatario tras un encuentro con los directivos de los principales medios del país, en el inicio del diálogo con distintos sectores para apaciguar la crisis iniciada el 28 de abril pasado cuando el Palacio Nariño lanzó su resistida reforma tributaria con mayores impuestos a los servicios públicos, al combustible, a los salarios (ganancias) y a las jubilaciones.
Hasta ayer, el mandatario mantuvo reuniones con una veintena de gobernadores, alcaldes de las principales ciudades y miembros de la Corte Suprema de Justicia. También sostuvo encuentros con representantes de grupos juveniles, el sector más visible de este malestar generalizado (Ver pág. 29).
La mayor expectativa, sin embargo, se concentra en la cita que el presidente Duque mantendría al inicio de esta semana -presumiblemente hoy o mañana- con el llamado “Comité del Paro”, que reúne a los principales sectores disconformes. La organización dijo que sólo se sentará a dialogar si el gobierno acepta discutir una reforma de la policía, una renta básica de 250 dólares para los más pobres, la suspensión de la anunciada fumigación de narcocultivos con glifosato y “la desmilitarización de campos y ciudades”, entre otros pedidos.
“Estamos listos a sentarnos con el Comité de Paro (...) estamos en condición de escucharlos a ellos, y también de escucharlos todos (...) los que protestan, los que no protestan”, afirmó Duque a la prensa.
Desde el inicio de las marchas, el pasado 28 de abril, en rechazo a un proyecto de reforma tributaria -luego retirado- que castiga especialmemte a la clase media, todos los días el país se ha visto convulsionado con masivas manifestaciones de rechazo en las principales ciudades del país, en la mayor crisis que enfrenta Duque en todo su mandato.
Según el gobierno, hay registrados 733 cortes de carreteras en todo el país. Desde el sábado, el ejército debe escoltar la entrada de camiones con combustible y alimentos a la ciudad de Cali, dominada desde hace días por las protestas antigubernamentales. El ingreso de los camiones con mercadería se dio luego de un acuerdo con sectores de transportistas que mantienen bloqueadas las principales rutas del país.
Los constantes bloqueos de camioneros y volqueteros provocaron un aumento del precio de los alimentos de más del 100%, según el diario colombiano El Tiempo.
A poco más de un año de acabar su mandato, Duque enfrenta la presión en las calles avivada por la represión policial. De acuerdo con las autoridades, veintiséis personas han muerto. Pero organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a más de 40 muertes, con unos 680 civiles lesionados. La policía está bajo fuertes cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos que le han valido críticas inusuales de la comunidad internacional.
Según han reportado fuentes oficiales y observadores independientes de las movilizaciones, cientos de personas continúan desaparecidas desde que salieron de sus casas a manifestarse en las calles colombianas. El más reciente informe de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo recoge las denuncias de 548 personas desaparecidas, de las cuales 189 han sido ubicadas, mientras que 359 casos continúan en proceso de verificación. Por su lado, la ONG Temblores ha documentado 37 víctimas mortales, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, 234 casos de violencia física y 934 detenciones arbitrarias.
En medio de una pandemia que ha desnudado carencias históricas y estructurales, las calles se encendieron con rapidez en un país desigual, con la mitad de su población en la pobreza (43,5%), una desocupación de 16%, y fuerzas de seguridad que han desplegado su represión con impunidad, lo que fogonea aún más la radicalización de los manifestantes.