Una “práctica de tiro” siniestra para matar a un diputado y su asesor
A dos años del doble crimen de Congreso. Héctor Olivares y Miguel Yadón fueron asesinados a balazos. Hay 9 imputados.
La causa por el doble crimen del diputado Héctor Olivares (61) y su asesor Miguel Yadón (58) en la plaza del Congreso de la Nación, del que ayer se cumplieron dos años, se encuentra a la espera de finalizar el análisis del celular de una de las víctimas, mientras que los principales imputados aguardan en el penal de Marcos Paz que el tribunal fije fecha de inicio para el juicio.
Hace pocos días, los peritos informáticos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, lograron desbloquear el iPhone que pertenecía a Yadón y estaba secuestrado desde el día del hecho.
“La verdad es que no esperamos demasiado del contenido del celular de Yadón porque en la causa está más que comprobado que no había ningún tipo de vínculo entre las víctimas y los imputados. Pero es una de las medidas que están aún en curso para el juicio”, confió una fuente judicial.
La fiscal original de la causa, Estela Andrades, y el juez de instrucción Mariano Iturralde, elevaron a juicio el expediente en agosto de 2020 con un total de nueve imputados.
De todos ellos, los únicos que están detenidos directamente acusados del doble homicidio son los primos Juan Jesús “Mohamed” Fernández (44) y Juan José Navarro Cádiz (27), ambos de la comunidad gitana.
Los dos se encuentran cumpliendo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz a la espera de que termine el peritaje del teléfono, y otras medidas pendientes,
para que se disponga una fecha concreta para el debate.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 9 -el mismo que en 2015 condenó a prisión perpetua al portero Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson-, que está integrado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Fernando Ramírez y Luis Salas.
El fiscal de juicio será Ariel Yapur.
El crimen de Olivares y Yadón ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional. A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les dispararon varias veces.
Yadón cayó muerto de tres disparos -uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.
La fiscal Andrades pidió que ambos sean juzgados como coautores de un “doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, así como también por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra”, delitos que prevén la pena de prisión perpetua.
Si bien se especuló con un “atentado a la democracia” o con una “venganza personal”, el juez y la fiscal llegaron a una conclusión distinta.
“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, sostuvo Andrades.
Todo el derrotero de Fernández y Navarro Cádiz, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal (PFA), a partir de los cuales se detuvo a los sospechosos, pese a que habían huido de Buenos Aires.
Pero además, en sus indagatorias, los primos reconocieron haber estado en el auto con el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser, aunque se acusaron uno a otro sobre quién disparó.
En su última declaración, Navarro Cádiz reconoció por primera vez que el arma era suya, pero dijo que fue su primo quien la manipulaba cuando él estaba agachado consumiendo cocaína y escuchó las detonaciones.
En cambio, Fernández siempre contó que esa madrugada, mientras estaban consumiendo alcohol y cocaína dentro de su auto, su primo le dijo que tenía ganas de matar a su suegro y, desde el asiento del acompañante, extrajo un arma de la nada y comenzó a hacer disparos apuntando con ambas manos y frente a su cara.
La pericia del barrido electrónico comprometió a Navarro Cádiz, ya que detectó restos de la deflagración de disparos en su mano izquierda y en tres de sus prendas.
Además, la reconstrucción del hecho realizada por peritos en criminalística de la PFA, señaló, en base a los restos de pólvora hallados en su vestimenta y a su posición dentro del vehículo, que el autor de los disparos fue Navarro Cádiz empuñando el arma desde el asiento del acompañante, y no su primo Fernández, que estaba del lado del conductor.
En ese informe, los peritos afirmaron que siete segundos le bastaron a Navarro Cádiz para apuntar con la mira láser cuando vio venir a Olivares y Yadón y que los cinco disparos los hizo en menos de cinco segundos.
Hay otros siete imputados, la mayoría de ellos familiares directos o allegados de los dos presuntos autores del doble crimen, pero están en libertad acusados de delitos menores como “tenencia o suministro de armas”. Algunas de sus defensas, ya pidieron o piensan solicitar la posibilidad de una “probation” para evitar el juicio.
Además de Navarro Cádiz y Fernández los otros siete imputados en el caso son: María Rosa Cádiz Vargas (48), madre de Navarro Cádiz; María Argentina Cádiz Vargas (52), hermana de María Rosa y tía de Navarro Cádiz; Juan Jesús Fernández Cano (21), hijo de Fernández; Rocío Michel Montoya (22), esposa de Navarro Cádiz; Miguel Navarro Fernández (57), padre de Navarro Cádiz; Luis Cano (66), amigo de Fernández y Felipe Quevedo (50), comerciante de Tandil que le vendió el arma a Navarro Cádiz.w