La oposición califica de inconstitucional el proyecto de superpoderes
Le permite al Gobierno tomar medidas discrecionales en pandemia
La propuesta enviada al Congreso por el Gobierno recibió un fuerte rechazo de Juntos por el Cambio y el lavagnismo. Argumentan que ignora el fallo de la Corte que reconoció la autonomía de la Ciudad para mantener las escuelas abiertas en la pandemia. Debido a que la votación en Diputados está ajustada, el oficialismo no descarta introducir algunos cambios en el Senado. Según Elisa Carrió, de aprobarse “incurrirían en el delito de infames traidores a la Patria”.
El proyecto del Gobierno para imponer por ley las restricciones por la pandemia -por ejemplo, la suspensión de las clases en zonas bajo alerta epidemiológica- abroqueló a la oposición contra lo que llaman "superpoderes" para el presidente Alberto Fernández. Aseguran que las medidas siguen siendo inconstitucionales aunque se aprueben por ley y advirtieron que el tema podría volver a judicializarse.
La Casa Rosada busca la sanción de la iniciativa en un trámite exprés. El proyecto ingresó el lunes al Senado y hoy mismo será tratado por las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales del Senado, con la presencia, virtual, de la ministra de Salud Carla Vizotti y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Tras el dictamen -que se espera ocurra hoy mismola iniciativa quedará lista para votarse la semana que viene en el recinto y pasar a Diputados.
En la Cámara alta el Frente de Todos tiene los votos para avanzar con la norma que impulsa la Casa Rosada, pero en Diputados la negociación con los aliados es reñida. Por eso, no se descarta que el texto sufra cambios en el Senado (así se evitaría que Diputados haga retoques y demore la sanción). El Poder Ejecutivo pretende aprobarlo antes del 21 de mayo cuando vence el DNU aún vigente pero los tiempos legislativos apremian. A esto se suma las resistencias que genera el proyecto en bloques opositores.
En Juntos por el Cambio no descartan que incluso una vez aprobado se judicialice. Expertos legales del bloque aseguran que el Presidente no atendió el fallo de la Corte por la presencialidad de las clases y señalan fallas jurídicas en el proyecto. La autonomía de las provincias vuelve a ser el eje principal del planteo.
"El Congreso no puede delegar una competencia que no tiene. Por más que el Presidente intente, no se puede atribuir por ningún atajo competencias originarias que son de las provincias y de CABA", sentenció la diputada radical Brenda Austin y agregó: "Ignora y desconoce que la Corte ya le dijo que la inconstitucionalidad manifiesta no se subsana ni siquiera con una ley del Congreso".
En la misma línea se expresó ante
Clarín el presidente del bloque lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez: “Si se convirtiera en ley, será inconstitucional. El Ejecutivo toma potestades de las provincias y, además, no pone límite cierto de tiempo”, afirmó
El bloque del PRO en Diputados, presidido por Cristian Ritondo, emitió, un comunicado en el que advierte que "la mayoría legislativa es legítima en tanto y en cuanto se encuadre en lo que manda la Constitución".
El jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, el radical Mario Negri, fue de los primeros en cuestionar el proyecto: “El Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario”.
De acuerdo a los legisladores, las disposiciones de carácter general y reglas de conducta que estipula el texto pueden aprobarse por ley, pero las restricciones más severas y puntualmente el cierre de las escuelas, no. La educación primaria, señalan, es potestad de las provincias.
En ese sentido, el diputado radical Gustavo Menna recordó que la Corte ya consideró en su fallo por el DNU que suspendía la presencialidad en AMBA que esa decisión tampoco sería constitucional por ley. Se refiere al considerando 25 del voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda en el que los jueces señalan que "en el supuesto hipotético en que el contenido de la regulación se instrumente mediante una ley formal, la conclusión
En el Senado el PJ tiene los votos, pero en Diputados el escenario asoma muy reñido.
en torno a la vulneración de la autonomía de CABA se mantendría incólume".
"Una ley nacional no puede darles órdenes a los gobernadores. Los gobernadores son delegados del pueblo que los votó, no del gobierno nacional" , señala Menna.
Por otra parte, para pedir la delegación de facultades, el proyecto cita el artículo 76 de la Constitución, que prohíbe la delegación legislativa salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Pero ese punto habla de "un plazo fijado para su ejercicio" y la oposición asegura que el texto del Ejecutivo no lo fija. El proyecto establece que regirá mientras "esté vigente la emergencia pública en materia sanitaria"; emergencia que prorroga el Ejecutivo por decreto. "El que delega el poder tiene que poner el plazo, concreto, no el Ejecutivo", afirman.
Para el oficialismo, el proyecto "no pide más poderes". "Casi diría que es al revés”, aseguró Vilma Ibarra.
Tras el fallo adverso de la Corte, el Gobierno ahora apunta a blindar con una ley las nuevas restricciones por la pandemia.w