Fernández se reúne con la jefa del FMI, pero Cristina lo complica en el Senado
Fernández se reunirá con el Papa e impulsa una cita con la jefa del FMI, el mismo día en que el kirchnerismo en el Senado pedirá que un giro del Fondo no se use para pagar deuda.
Tras recibir señales de respaldo en Portugal, España y Francia, el Presidente se entrevista con el Papa y se reunirá mañana con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Con ambos, intenta apuntalar la renegociación de la deuda con el organismo. Pero, en el país, el Senado aprueba hoy una declaración para que no utilice para pagar deuda los US$ 4.300 millones que el Fondo reparte por Derechos de Giro. Eso es lo que quería hacer Guzmán.
En el último tramo de su gira europea, donde consiguió gestos de apoyo en la renegociación de la deuda de los gobiernos de Portugal, España y Francia, Alberto Fernández buscará hoy en el Vaticano que el papa Francisco repita alguna de las invocaciones a la misericordia con los deudores que suele hacer y mañana se reunirá, si sus planes salen bien, con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Son todos pasos que el Presidente está dando acompañado por su ministro de Ecomeses nomía, Martín Guzmán, para hacer avanzar la renegociación de los vencimientos del préstamo del FMI que suscribió Mauricio Macri.
Esa prédica genera una resistencia que hace tiempo se volvió visible y que encabeza la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Pocas horas después de la foto en Roma entre el Presidente y el Papa, el bloque de senadores del Frente para la Victoria, que conduce invariablemente Cristina, votará en la sesión una declaración que solicita a Guzmán que el giro de US$ 4.354 millones que enviará el Fondo Monetario Internacional en los próximos a la Argentina se usen para “financiar la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a resolver los problemas de la pandemia” y no para pagar al menos una parte de los vencimientos de deuda que tiene, entre otros, con el organismo de crédito multilateral con sede en Washington.
Aunque no será vinculante en términos administrativos, la declaración del Senado será un condicionante imposible de esconder para Guzmán, que sabe que los funcionarios que se enfrentan abiertamente con las decisiones de Cristina terminan fuera de sus cargos.
Si sólo se cuentan los vencimientos con el Fondo, la Argentina tendrá que pagar este año US$ 3.822 millones de capital y unos US$ 1.300 millones en concepto de intereses, mientras que en 2022 habrá que pagar US$ 18.068 de capital, que llegan a US$ 23.000 millones si se incluyen los intereses.
Esos pagos son imposibles de afrontar para el país, y por eso Guzmán viene negociando desde hace meses -y cada vez a ritmo más lentoun acuerdo con el FMI para que la Argentina reciba un nuevo crédito para poder cancelar esa deuda.
El ministro apunta a que, con el nuevo crédito, los vencimientos se extiendan por diez años, y ese plazo es cuestionado tanto por la vicepresidenta como por su hijo, Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. Los Kirchner quieren que el FMI lleve el plazo de pago a los 20 años, un mecanismo que no está contemplado en los estatutos del Fondo y que para que pueda ser tenido en cuenta debe recibir la aprobación de los países que conforman el organismo.
Con esa restricción de imposible cumplimiento como condición, a Guzmán se le hace cada vez más difícil avanzar en la negociación con los técnicos en Washington y a Fernández conseguir apoyos concretos de los países que conforman el directorio de la entidad.
Esas diferencias entre Guzmán y Cristina generan desde hace varios
La Argentina tendrá que pagar este año US$ 3.822 millones de capital al Fondo Monetario.
cortocircuitos en toda la relación, como el que se hizo evidente la semana pasada, cuando el ministro criticó la política de subsidios a los servicios públicos que implementó el kirchnerismo mientras gobernó Cristina y que reeditó con la llegada de Fernández a la Casa Rosada. Guzmán dijo que la financiación de parte de la producción y distribución de electricidad y gas es un “subsidio pro ricos”, porque mantiene a precios bajos las facturas de quienes podrían pagarlas al precio de mercado.
En el Gobierno admiten que lo que la vicepresidenta no quiere es que lleguen misiones del FMI a Buenos Aires a monitorear la marcha de la economía en un año electoral, y por eso las conversaciones del ministro con los delegados del Fondo terminan vacías.
Aunque las reuniones de Fernández con los líderes europeos no hayan proporcionado hasta ahora más que regalos simbólicos en forma de declaraciones amistosas y fotos con sonrisas, para el Presidente servirán para mostrar alguna independencia de las posturas de su compañera de fórmula. Incluso sin resultados palpables ni acuerdos firmados, Fernández regresará el sábado desde Roma con el staff “albertista” descansado para las próximas batallas externas y, sobre todo, internas. ■