Cruces entre los juristas sobre la constitucionalidad del proyecto del Ejecutivo
Hubo divergencias sobre la delegación de facultades. Dejaron la puerta abierta para judicializar la ley.
En el marco del debate de la ley de restricciones en el Senado, una decena de abogados constitucionalistas y médicos emitieron opiniones cruzadas sobre el texto enviado por el Gobierno.
"Este es un proyecto de ley de delegación de facultades que supera de manera grosera el marco constitucional contemplado en los artículos 76 y 29 de la Constitución Nacional”, afirmó el constitucionalista Daniel Sabsay y sentenció: "Una ley que dispone restricciones arbitrarias sobre derechos y le concede al Poder Ejecutivo nacional la autoridad de imponerlos, desconociendo las autonomías, es inconstitucional”.
A su vez, recordó que "el poder de policía en materia de salud y educación son facultades de las autoridades locales".
Su par Andrés Gil Dominguez apuntó en cambio que "no hay delegación en el corazón de la ley", sino "una mini delegación que se le otorga al Presidente cuando se llegue a una alta intensidad de afectación del virus".
"En base a proteger el acceso a la salud, se le otorga al Presidente la capacidad de asumir medidas más restrictivas, previa consulta con los gobernadores, previo informe de la autoridad sanitaria competente y por el término de 21 días", declaró.
A su vez, hizo la propuesta de retocar la redacción del artículo 21 que establece la suspensión de la presencialidad en las escuelas en caso de alarma epidemiológica. Sugirió invertir el orden de los conceptos. Que diga que en vez de consensuar con los responsables distritales para morigerar la restricción, esa instancia exista antes de avanzar con la suspensión.
El subsecretario de Innovación Institucional y Legislativa de Santa Fe, Mariano Bar, defendió la iniciativa al considerar que “la delegación legislativa propiamente dicha, pareciera mínima", que "el Congreso no pierde sus facultades" y que "las herramientas de diálogo federal" que incluye la norma son buenas. "No veo inconvenientes. Incluso al redactarse de manera tan abierta va a terminar limitando los poderes que se le otorguen al propio Ejecutivo", señaló.
Domingo Rondina, presidente del Colegio de Derecho Constitucional de Santa Fe, también se mostró a favor. "No puede decirse que sea un proyecto de superpoderes". Por lo contrario consideró que "es el esquema más democrático que puede haber en una emergencia".
El jurista y sociólogo Roberto Gargarella se expresó en contra del proyecto. "La Constitución repudia las delegaciones, y lo hace bien, y yo creo que es una medida de sentido común democrático, que estas cuestiones deben ser decididas colectivamente en el Congreso”, sostuvo. Hizo hincapié en el artículo 33, que fija el plazo de duración de las facultades delegadas. El texto establece que regirá mientras "esté vigente la emergencia pública en materia sanitaria"; una categoría que el propio ejecutivo puede prorrogar por DNU. "No puede avanzar un proyecto que establece una vaguedad en tiempos de término", sentenció.
En el mismo sentido se expresó el ex consejero del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi. "Con este proyecto está en juego la libertad, para lo que existe como garantía nuestra Constitución. También está en juego la autonomía de las provincias”, remarcó.
Y advirtió: "Parece respetarse la veda a la atribución de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Más allá de la enumeración de conductas prohibidas, el Gobierno puede cambiarlo reduciéndolo y ampliando y prorrogando con total libertad, más allá de la referencia a las consultas con gobernadores".
El investigador del Conicet Guillermo Durán dijo que “las medidas restrictivas de mediados de abril que hicieron que en el Conurbano se suspendieran las clases presenciales generó un descenso más pronunciado de casos que en la Ciudad, donde se mantuvieron las aulas abiertas", afirmó.
Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Interamericana de Infectología Pediátrica, aseguró que "la restricción de la presencialidad impacta en los niños que tienen menos recursos". ■
Dos artículos, sobre las clases presenciales y la vigencia de la ley, fueron los más objetados.