Nueva jornada de huelga nacional y de masivas protestas en Colombia
La organizan grupos sindicales en rechazo al gobierno. La gente volvió a copar las calles en varias ciudades.
La crisis política y social que convulsiona a Colombia sigue agravándose. Miles de manifestantes se movilizaron ayer en Bogotá y en otras capitales del país, en una nueva jornada de paro nacional en rechazo al gobierno del presidente Iván Duque y en repudio a a los abusos policiales durante la represión a las protestas que golpean al país ininterrumpidamente desde el 28 de abril.
“Presente, presente, fuera el presidente”, coreaban ayer algunos grupos de manifestantes en las calles de Bogotá, en la tercera jornada de huelga nacional convocada por centrales obreras y sindicatos después de que su primera reunión del lunes pasado con el Gobierno terminara sin acuerdo. Los manifestantes, que se replicaron en Medellín, Cali, así como en otros puntos del país, exigieron nuevas políticas al presidente conservador, que no logra aplacar el malestar popular que estalló a fines de abril con una polémica reforma tributaria -luego retirada- que golpeaba a la clase media con más impuestos a los servicios esenciales y una ampliación de la base imponible.
El gobierno pensaba recaudar unos 6.000 millones de dólares para ayudar al Tesoro, agotado tras una demoledora pandemia.
“Lo que ha vivido el país es una situación de desigualdad extrema”, dijo Luis Carlos García, profesor universitario de 35 años, quien salió en estos días a manifestarse con su hijo de cuatro por las calles de la capital colombiana. “Y lo único que recibimos, cuando legítimamente decimos que eso no es justo, es violencia por parte del Estado”, añadió en declaraciones a la AFP.
Los colombianos completan 14 días de protesta, con jornadas más intensas que otras, pese a que han muerto 42 personas (un uniformado y 41 civiles), según reportó la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos.
Son las manifestaciones más violentas que haya enfrentado recientemente gobierno alguno en este país de 50 millones de habitantes, empobrecido por la pandemia y donde la violencia financiada por el narcotráfico esfuma la ilusión de paz, tras el histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla FARC.
En el poder desde hace casi tres años, el presidente Duque ha encarado multitudinarias marchas desde 2019 pero ninguna como la crisis actual. Finalmente, presionado por el grito de las calles, debió retirar la reforma fiscal para paliar la emergencia sanitaria que deja en un año cerca de 80.000 muertos.
Sin embargo, la reacción de las fuerzas de seguridad avivó el descontento. Desde entonces se han multiplicado los focos de protesta, sin una agenda o liderazgo definidos, pero que en el fondo reclaman un país más equitativo y un Estado más solidario, que garantice la vida y la seguridad.
El lunes Duque se reunió con la organización más visible de los manifestantes, el llamado Comité del Paro, pero las partes no alcanzaron un acuerdo para desactivar la crisis, que planea sobre la Copa América-2021.
Organismos sociales locales e internacionales han documentado múltiples abusos policiales y las denuncias han tenido eco en la comunidad global que, en cabeza de Estados Unidos, han pedido moderación a la fuerza pública. Una cascada de videos apuntan hacia la presunta responsabilidad de uniformados en ataques a bala a manifestantes, así como de civiles armados.
La organización Temblores ha registrado en estas dos semanas de crisis 1.956 casos de violencia estatal, con 40 homicidios en los “que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública”. De su lado, la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Gutiérrez, reconoció este miércoles 35 decesos “en el marco de la contingencia social”, entre ellos varios cuya relación con las protestas todavía está en investigación.
Reacio a admitir los excesos policiales, Duque sostiene que la fuerza pública ha actuado con “obediencia absoluta a la Constitución” y que los abuso, “por conductas individuales” se “judicializan”. El presidente insistió en señalar por igual “las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”.w
Las marchas se iniciaron el 28 de abril contra una reforma tributaria. Ya hay 40 muertos.