Más hiper-presidencialismo
Antonio María Hernández Constitucionalista y convencional constituyente de la Nación en 1994
Luego del reciente histórico fallo de la Corte sobre el conflicto de competencias entre el Gobierno Federal y la CABA por las clases presenciales, reafirmara principios fundamentales del federalismo, ahora el Poder Ejecutivo envía al Congreso un Proyecto de Ley de emergencia sanitaria.
Este proyecto es más de lo mismo en cuanto a hiperpresidencialismo y repite el pedido de una nueva delegación legislativa, sin respetar los límites establecidos en el Art. 76 de la Constitución. El Art. 4 establece una delegación amplia, imprecisa y sin término, ya que el propio Poder Ejecutivo, de manera inconstitucional, extendió los plazos de la Ley 27.541 mediante los DNU 260/2020 y 167/2021.
La letra y espíritu de la norma constitucional de este instituto de emergencia indican que debe haber una interpretación estricta, ya que uno de los objetivos de la reforma fue
la atenuación del hiperpresidencialismo. Así lo hizo la Corte en los casos “Provincia de San Luis c. Estado Nacional”(2003),“Camaronera Patagónica”(2014) y en los reclamos de las Provincias de San Luis, Santa Fé y Córdoba por las detracciones a la masa coparticipable (2015).
Se debe en consecuencia fortalecer al Congreso y terminar con estas delegaciones legislativas. El cumplimiento adecuado de la Ley Suprema impone ejercitar el federalismo de concertación, en base a acuerdos interjurisdiccionales, con participación de los Consejos Federales y con ejecución por parte de las Provincias, la CABA y los Municipios.
No se puede continuar centralizando el país. Hay que entender que otra idea fuerza de la Reforma de la Constitución fue la descentralización del poder.
Se trata de pensar globalmente pero actuar localmente, lo que es de elemental sentido común en un país federal y tan extenso como el nuestro. Y además, y para todos los órdenes gubernamentales, sólo reglamentar por medio de leyes los derechos fundamentales, para afectarlos lo menos posible, con los requisitos exigidos
Lo positivo del proyecto es que se comprenda, aunque muy tardíamente, que en nuestra democracia constitucional es en el Poder Legislativo, donde residen las mayores competencias en materias de emergencias y de reglamentación de derechos fundamentales.
Es imprescindible la deliberación de los representantes del pueblo y la concertación de los diversos órdenes gubernamentales para fijar los grandes lineamientos contra la pandemia. Eso no ocurrió, ya que se gobernó por decretos, por pocas personas, en consolidación de un hiperpresidencialismo que afectó al sistema republicano y a la forma federal de estado.
No obstante la claridad conceptual de los considerandos de los distintos votos del fallo de la Corte, donde incluso se advierte que hay principios constitucionales y federales que no pueden ser desconocidos por decretos ni tampoco por leyes, sorprende que el Gobierno insista en las mismas propuestas centralistas, ya descalificadas.
En efecto, los fundamentos y el texto del proyecto, revelan indudablemente que no se acepta que la emergencia no transforma al país de federal en unitario y que no se pueden ni deben subordinase las Provincias, la CABA y los Municipios al Gobierno Federal. Sin embargo, ello surge explícito del texto que otorga al Ministerio de Salud y a la Jefatura de Gabinete las últimas decisiones en todo el territorio nacional, así como las referencias a los Gobernadores y al Jefe de la CABA como delegados del Gobierno Federal (Art. 4).
Para esto último se recurre al Art. 128 de la Constitución, que expresa que los Gobernadores son “agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”. Como se sabe, este artículo originado en el Proyecto de Alberdi, fue uno de los que provocó mayor reacción por parte de Sarmiento, que lo calificó de “sistema bastardo”, en la aguda polémica que los enfrentó.
Y la mayoría de los autores siguiendo a Joaquín V. González han asegurado que esa norma no puede interpretarse como subordinación de los Gobernadores al Gobierno Nacional, sino como supremacía del ordenamiento constitucional federal.
Barrera Buteler ha sostenido que luego de la reforma constitucional de 1994, la norma tiene un nuevo sentido, pues “la idea de ejecución a nivel provincial de leyes y programas de gobierno federales, sobre la base de acuerdos interjurisdiccionales, lejos de afectar la autonomía local, la fortalece”.
Y así es como debe interpretarse el Art. 128, de manera sistemática y armónica con el plexo constitucional, a la luz del federalismo de concertación, incorporado en la gran reforma de 1994. Aunque es indiscutible que las materias de salud y de educación, entre otras, son concurrentes entre los 4 órdenes gubernamentales, y entre ellos el federal, se reitera a través del Art. 1 y concordantes del proyecto, que dicho Gobierno es el que fija y dirige estas cuestiones de manera centralizada en todo el territorio nacional.
O sea que se desconoce lo resuelto en el fallo de la Corte: que en caso de conflicto en materias concurrentes, debe aplicarse una interpretación estricta, ya que que el Gobierno Federal tiene competencias solo delegadas, mientras que las Provincias conservan poderes más amplios.w