Un mal proyecto
Pablo Tonelli Diputado de la Nación (Juntos por el Cambio)
El Presidente ha enviado al Congreso un proyecto de ley destinado a regular ciertos aspectos de la pandemia que padece el país, pero, lamentablemente, es un mal proyecto que, en caso de ser aprobado, consagraría más problemas que soluciones, como intento demostrar.
La iniciativa propone “proteger la salud pública”, pero se funda en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional que protegen el medio ambiente y a los consumidores, respectivamente. Poco que ver con la salud. Tampoco ayuda la cita del artículo 75, inciso 22, que otorga a los tratados internacionales jerarquía superior a las leyes.
Se comete el error, en el mismo proyecto, de calificar a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como “delegados del gobierno federal”, con cita del artículo 128 de la Constitución y con la pretensión de obligarlos, imperativamente, a dictar “las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en la presente ley”. Ese artículo, en rigor, denomina a los mandatarios provinciales como “agentes naturales del gobierno federal”,
que es algo bien distinto. Explicaba Joaquín V. González que “ni el gobierno federal puede ordenar al de provincia, como a uno de sus empleados o subordinados administrativos, ni estas tienen el deber de acatar mandatos que procediesen del ejercicio de poderes no delegados por la Constitución al gobierno central”.
Sucede que las provincias, como recordó la Corte Suprema hace pocos días, son autónomas y anteriores a la Nación y conservan todo el poder no delegado al gobierno central, dentro del cual están las facultades para regular la educación, especialmente primaria y secundaria, y la salud pública.
Esa pretensión de someter a los jefes de los estados locales revela el mayor error conceptual del proyecto, cual es el de pasar por encima de las autonomías provinciales, como una suerte de alzamiento contra la Constitución y contra el reciente fallo de la Corte Suprema, con una tozudez inexplicable.
Queda clara esa intención en el artículo 2° en el que se afirma que “la presente ley tiene por objeto establecer… disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios”. Porque solo las provincias pueden dictar “disposiciones locales” y el gobierno federal no puede apropiarse de esa atribución (art. 121 de la Constitución).
Mediante el artículo 4° del proyecto se propone una amplísima delegación de facultades del Congreso, de las que en buena medida carece porque pertenecen a las provincias, a favor del Poder Ejecutivo. El exceso se aprecia no solo en la amplitud e imprecisión de semejante delegación sino también en la ausencia de bases precisas y plazo cierto para el ejercicio de los poderes que se intenta delegar, que son requisitos indispensables de la delegación. Varias veces se propicia en el proyecto la “consulta” con los mandatarios locales y aun con los ministros provinciales de Salud, lo que indica que el presidente confunde “consultar” con “concertar” o no ha leído el reciente fallo de la Corte Suprema. Porque el máximo tribunal, al referirse a los poderes concurrentes de la Nación y las provincias exigió “concertación recíproca entre los distintos estamentos de gobierno”, no consulta, y también “coordinación”, porque así lo requiere el “federalismo de concertación” consagrado en la Constitución.
El proyecto, en definitiva, es una reedición (un “copia y pegue”) de los últimos decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente y que, en buena medida, fueron dejados sin efecto por la Corte Suprema. Eso explica que se “invite” al Poder Legislativo a “adoptar normas similares a la presente”; como si el Congreso se pudiera invitar a sí mismo a adherir a una ley sancionada por el propio cuerpo. Estamos, en definitiva, ante un mal proyecto, que repite el error de pretender transferir atribuciones de las provincias al gobierno central, de violar el federalismo y de querer investir al presidente con algo parecido a la suma del poder público. En lugar de esforzarse tanto por desarticular nuestro federalismo, el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en conseguir vacunas para todos los argentinos y dejar que los gobernadores ejerzan en plenitud sus facultades y atribuciones. Eso sí sería eficaz para luchar contra la pandemia que tanto nos afecta.w