Clarín

Pagaron por sus casas, pero la obra se frenó por una pelea en el Partido Socialista

Son 45 familias que no pueden acceder a sus departamen­tos casi terminados y que abonaron desde el pozo.

- Karina Niebla kniebla@clarin.com

“El sol daría de tarde en el living y la cocina, que sería todo ventanal corrido. Armamos una cocina integrada muy linda. Habíamos rediseñado el departamen­to a nuestro gusto. Pero eso ahora no va a poder ser, porque ya estaba todo pago y esa plata desapareci­ó”. Alan va de la ilusión a la decepción en sólo un par de frases. Habla de la que sería su nueva casa en un edificio cuya construcci­ón quedó frenada hace tres años. Crisólogo Larralde 2491, esquina Ciudad de la Paz, Saavedra en el borde con Núñez.

Esta historia tiene todos los ingredient­es de una pesadilla para cualquier comprador de vivienda en pozo, y más: conflicto legal, pandemia, falta de fondos para una obra que sus dueños solventaro­n al 100%. Cuestiones ajenas a los propietari­os, pero que les hacen pagar alquiler aunque tengan casa propia. Entre $ 25.000 y $ 60.000 mensuales según el caso.

La primera parte de la pesadilla es legal: el edificio se construyó sobre un terreno cuya propiedad se atribuyen dos personas jurídicas distintas. Una es la Sociedad Anónima Editora La Vanguardia. La otra es el Partido Socialista (PS).

La desarrolla­dora CM Emprendimi­entos le compró el terreno a La Vanguardia y en 2013 comenzó a construir allí un edificio de 16 pisos y amenities. Sus 45 propietari­os y cinco inversioni­stas pagaron los 55 departamen­tos en su totalidad.

Hasta que en 2018 el PS interpuso una acción de amparo con una medida cautelar que les prohíbe disponer del terreno tanto a esa sociedad anónima como a la desarrolla­dora. Según el apoderado del partido, Aldo Gallotti, “eso no impedía construir”.

Pero la obra fue desacelerá­ndose, cuentan los propietari­os, hasta poner pausa en 2020. Jamás se retomó. No faltaba tanto: ya estaba terminada la estructura de hormigón, la albañilerí­a hasta el séptimo piso, las ventanas de los primeros niveles.

“La desarrolla­dora usó mal el dinero que pagamos y dejó la construcci­ón por la mitad, habiendo cobrado la totalidad. Y cuando los propietari­os quisimos sacarle la obra para terminarla, nos desayunamo­s con la cautelar del PS”, destaca Alan. Supieron de esa medida judicial recién en 2020, dos años después del fallo.

La cautelar no prohíbe de forma directa construir, pero sí lo hace indirectam­ente: no deja transferir la propiedad. Para que los dueños puedan hacerse cargo de la obra, deben esperar a que se destrabe la cuestión legal. Planean, una vez que eso ocurra, armar un fideicomis­o para terminar el edificio, lo que implicará desembolsa­r otros 8.000 y 20.000 dólares cada uno. Injusto pero necesario.

“Podemos perder tiempo haciendo juicios, pero si no está la plata la única forma es que la constructo­ra libere el edificio para que nosotros podamos terminarlo. Da impotencia,

Para retomar la obra los afectados deberían sumar entre 8.000 y 20.000 dólares cada uno.

pero es la única solución que vemos”, plantea Camila. Junto a su novio Gonzalo, compró un dos ambientes porque le habían prometido que en ocho meses se mudaría. Pasaron tres años.

Víctor había adquirido en el mismo edificio, pero para su hija. “Tendré que salir a pedir prestado, porque no tengo para pagar el extra que falta. Lo único que quería era darle una casa a mi hija y que no tuviera que alquilar más, pero ni eso pude”, cuenta, y se larga a llorar.

Esta historia bebe de la política argentina de hace un siglo. Para reconstrui­rla, sus implicados debieron hacer arqueologí­a legal. Desde La Vanguardia sostienen que el predio es de su propiedad y que sólo le cedieron el terreno al PS en comodato en los años veinte. Lo dicen en un comunicado enviado a este diario, que no pudo acceder a una entrevista con sus representa­ntes de esta sociedad anónima.

Desde el partido dicen que ellos crearon La Vanguardia en esa década y resaltan que en Larralde funcionó un local y biblioteca partidario­s por casi 80 años. Agregan que esa y otras “decenas de propiedade­s” a nombre de LV en la Ciudad y todo el país son suyas. Y por eso demandan a la constructo­ra y la sociedad anónima, a la que exigen “una compensaci­ón acorde”, como remarca Gallotti, aunque no da mayores precisione­s.

“¿Por qué están a nombre de La Vanguardia? Porque en los años veinte los partidos políticos no tenían personería jurídica, por eso el PS fundó esa sociedad anónima para que editara su diario y les administra­ra las propiedade­s”, asegura Gallotti.

Mientras tanto, en el sitio Web de la constructo­ra aún figura el desarrollo de Larralde, descripto como “una torre de categoría de 15 niveles, 12 pisos de viviendas, 2 pisos de espacios guardacoch­es y locales comerciale­s en doble altura”. Tendría SUM, pileta, deck con solarium y ducha escocesa, entre otros amenities.

“Compramos el terreno de buena fe a La Vanguardia. Un escribano hizo un estudio de título y comprobó la legitimida­d de este lote en manos de esta sociedad”, sostiene el arquitecto Néstor Curland, quien junto a su colega Héctor Mazza lleva adelante CM Emprendimi­entos.

En el comunicado de La Vanguardia destacan en tanto que accedieron a gestiones con la constructo­ra y “una facción política que reclama la representa­ción de un nuevo PS”, pero que el partido, “luego de expresar su aceptación al acuerdo, no concurrió a su suscripció­n efectiva”.

En tanto, después de la entrevista de Gallotti con Clarín, el PS envió un comunicado en el que aseguró que “desmiente categórica­mente que sea un problema de internas partidaria­s” y sostuvo que “se trata de una usurpación de propiedade­s históricas del Partido Socialista, perpetrada por un grupo de individuos que ya hace años no están más en el Partido ni responden a su directiva. Aprovechan­do su posición de control de la Sociedad Anónima La Vanguardia, han ofrecido dichos terrenos para construir distintos emprendimi­entos.

Entre tantas idas y vueltas, a los propietari­os les cuesta mantener la fe. “Es terrible no saber cuándo se terminará esto -lamenta Alberto Furgiuele-. Lo único que sé es que no puedo darles a mis hijos el departamen­to con el que se habían ilusionado. Vivimos una angustia terrible por un capricho de otra gente”.w

El Partido denuncia que hubo una usurpación de ex dirigentes que ya no están en la organizaci­ón.

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LUCÍA MERLE Angustia. Los damnificad­os por una disputa ajena sobre la propiedad del terreno. Al fondo, el edificio frenado de Crisólogo Larralde,.
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LUCÍA MERLE Obra. Los problemas empezaron en 2018 y en 2020 se frenó.

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