Boudou, libre y diplomado en desigualdades
Amado Boudou tendrá un feliz Día del Amigo. Hoy se resolverá su libertad condicional: el exvicepresidente, de 58 años, accede a ese beneficio tras dos reducciones en los plazos de su condena por cohecho y “negociaciones incompatibles con la función pública” al comprarse la imprenta de billetes Ciccone, delitos que cometió mientras era ministro de Cristina Kirchner.
Esa pena, dictada en 2018 y confirmada hasta por la Corte Suprema, mandaba preso al exfuncionario por cinco años y diez meses. Sin embargo, como en total le rebajaron once meses del cómputo original, ya cumplió los dos tercios que habilitan a su libertad condicional. No importa para ese cálculo que 15 meses los haya pasado detenido en su mansión de cuatro pisos, ascensor, pileta, quincho y otras comodidades, gracias a que el juez Daniel Obligado consideró que era mejor que permaneciera en su casa porque era padre de dos pequeños mellizos, y el coronavirus andaba suelto, aunque no integrara ningún grupo de riesgo. Ahora ya se podrá sacar la tobillera y salir a celebrar sin más restricciones que las impuestas por la pandemia.
Lo que terminó de apurar la salida de Boudou, catalogado por el grueso del oficialismo como uno de los “dirigentes perseguidos de la experiencia kirchnerista”, fue que logró que le tomaran en cuenta un curso que hizo online, lo que le valió un mes menos de plazo en su pena. El curso en cuestión es el posgrado en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas, dictado a distancia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Sin dudas, se trata de un tema interesante y urgente. América Latina es la región más desigual del mundo y Argentina está entre los países donde más se incrementó esa mancha durante la pandemia. Durante el segundo trimestre de 2020, por ejemplo, el 10 por ciento de la población más rica pasó a percibir 19 ve ces más ingresos que el 10 por ciento más pobre, tres veces más que un año antes. También es cierto que la relación entre desigualdad y corrupción es directa, lo que no aparece mencionado en ninguno de los cinco módulos de la diplomatura impartida por Flacso.
La temprana libertad del exvice invita a otra reflexión y es qué sentido tiene otorgarles este tipo de beneficios a los condenados por corrupción. Sucede que en las sociedades modernas el fin de la pena es la reinserción social del culpable de un delito. Hay bastante consenso al respecto. Y por ello se les ofrece la posibilidad de cursos que les enseñen oficios o que completen su educación básica, entre otras iniciativas. Los corruptos, en cambio, son funcionarios que han violado la ley pero ya están insertos en la sociedad. Debería buscarse la manera de que, antes que nada, su sanción sea económica.
Que Boudou, que continúa recibiendo unos $500.000 por mes como pensión por haber secundado a Cristina entre 2011 y 2015, haya logrado diez meses menos de pena por recibirse de “Práctico en Organización de Eventos” y “Montador Electricista” es una burla al espíritu de la ley. Es la trampa hecha tras la ley y, que se sepa, no existen iniciativas en el Congreso que intenten reparar la falla.
El tema exhibe brutalmente una de las mayores contradicciones de gran parte de la progresía local: la lucha implacable contra la corrupción no es, desde el primer kirchnerato, ni una de sus principales banderas, ni una pelea inclaudicable, ni un objetivo central de su plataforma. Sin embargo, pocas cosas deberían molestarle más a un auténtico progresista que un funcionario que se roba la plata de todos. Imposible justificar a quien perjudica a la sociedad entera en pos de su ilegal salvación individual. Pero bueno, se entiende: a nadie le gusta escupir para arriba. ■
Pocas cosas deberían molestar más a un auténtico progresista que un corrupto.