En Argentina con una inflación anual del 50%, el tiempo acelera
En la última década, a cada nueva gestión le corresponde una inflación cada vez mayor.
En los primeros 18 meses del actual gobierno, la variación mensual del IPC fue de 3,025%, con un anualizado de 43 %; cuando en igual período posterior a diciembre de 2015 ese guarismo había sido de 32,2 % y de 24 % el registrado desde fin de 2011.
Una escalera que más que calificar a cada gestión, pone en evidencia las dificultades crecientes de la década de estanflación.
En forma análoga, la actual brecha cambiaria del 80 % compara con el 45 % promedio de la versión original del cepo, de 2012 a 2015.
En el arranque del segundo semestre, la inflación apunta a desacelerar, pero esto será insuficiente para alejar a los agentes económicos de expectativas en torno del 50 % anual; al tiempo que puede retomarse el rebote del nivel de actividad que se perfilaba hasta marzo/abril y entró en pausa en el segundo trimestre; pero tampoco será posible olvidar los diez años de estanflación.
Más allá de cualquier discurso, lo que ocurre en el mundo laboral se filtra en cada familia, con 800 mil desocupados más que los registrados en 2011, pese a que casi 2,5 millones de personas se han excluido del mercado de trabajo, en un país en dónde lo único que se expande es el empleo público (600 mil adicionales) y el cuentapropismo (1,5 millones).
En el tobogán de la estanflación, los síntomas (inflación, brecha cambiaria) se presentan corregidos y agravados, reflejando desequilibrios que exceden el ciclo económico y han pasado a ser estructurales, caso de los subsidios por tarifas atrasadas, el déficit de las empresas públicas y del sistema jubilatorio.
Veinte años atrás, el exceso de gasto público se licuaba con una devaluación y todo volvía a empezar.
Ahora, la expansión fiscal que se anuncia por motivos electorales habrá de acelerar el ritmo de la devaluación después de noviembre, pero esto habrá de agravar el déficit vinculado a los subsidios (energía con costos dolarizados) y, sobre todo, empujar a más familias debajo de la línea de la pobreza.
Para volver a estabilizar la economía, pensar en un plan austral o en alguna variante flexible de la convertibilidad obliga a definir previamente como resolver al hueco fiscal y prescindir del impuesto inflacionario.
El tamaño del desequilibrio estructural del sector público hace que las viejas recetas no alcancen.
Y, en el actual andarivel de inflación en torno al 50 % anual, el tiempo va más rápido, acentuando la distorsión de los precios relativos.
Obsérvese el contraste de algunos ítems del IPC en los últimos 24 meses: así mientras el suministro de agua mantuvo la misma tarifa, el de gas subió 9,1 % y la electricidad 11,5 %, el rubro “Prendas de vestir y calzado” se encareció en 145,1 % (datos de CABA).
Por estas razones, el debate excede con creces el ámbito de los agregados macroeconómicos, y llega hasta la forma en la que se organiza el país y el Estado.
En pandemia, estos atributos (o su falta) se potencian.
La Argentina llegó en estos días a un 12 % de población con dos dosis de vacuna, cuando Chile había alcanzado esa marca el 16 de marzo (cuatro meses antes) e Israel el 23 de enero (hace siete meses).
Había un objetivo común frente a la pandemia, pero había distintas formas de encararlo. ■