Más apoyo del Gobierno al régimen de Maduro, en medio de la detención de opositores
Mientras sigue la tensión en Venezuela, Alberto Fernández firmó la directiva de Defensa nacional, que condena “los bloqueos físicos y financieros” a ese país.
Menos de una semana después de que Estados Unidos, Colombia y otros países del continente condenaran los nuevos arrestos de dirigentes opositores en Venezuela, incluido el intento de detención de Juan Guaidó, e instaran a la comunidad internacional a pronunciarse, el Gobierno emitió ayer una manifestación sobre el régimen de Nicolás Maduro pero en sentido contrario: fue un mensaje de apoyo, al condenar “los bloqueos físicos y financieros” al país caribeño que a su entender, son los causantes de “agravar aún más el sufrimiento del pueblo venezolano”.
La postura del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner quedó plasmada en un documento estratégico, la Directiva de Política de Defensa Nacional 2021, que el Ejecutivo emite con el objetivo de explicitar los lineamientos de la política de defensa y planificar las acciones de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la ley de Defensa nacional.
La DPDN se dio a conocer mediante un DNU presidencial y días después de que Fernández dijera desconocer lo que pasa en Cuba, pero señalara que “es necesario terminar con los bloqueos” en la isla, lo que hizo extensivo a Venezuela.
Sobre Venezuela, la DPDN sostiene que la Argentina “comprometida con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, sigue con preocupación la crisis política, económica y humanitaria, exacerbada por la pandemia del COVID-19, a la vez que condena los bloqueos físicos y financieros que agravan aún más el sufrimiento del pueblo venezolano”.
La directiva para la Defensa recuerda que la Argentina se integró al Grupo Internacional de Contacto (GIC) mientras que se retiró formalmente del Grupo de Lima -el grupo de presión al que se había sumado el país en la gestión macrista-, ya que las acciones de este último fueron “contraproducentes a la hora de buscar una salida consensuada” en Venezuela, justificó el texto.
Por otra parte, analiza que las elecciones regionales en Venezuela se presentan como “una oportunidad” ante “un sistema político afectado por la apatía que produjeron en el electorado y la sociedad civil las estrategias de boicot, vaciamiento e instrumentalización por parte de oposición y oficialismo”. El documento oficial reparte así culpas frente al régimen de Maduro, apuntado por graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violaciones, en sucesivos informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Ayer se cumplió una semana de la detención por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro, del diputado opositor Freddy Guevara. “Ni la familia ni sus abogados lo han podido ver ni tener contacto”, denunció su equipo ayer en redes sociales.
La tensión regional escaló el viernes por la decisión de Chile de acoger en su embajada en Caracas al opositor Emilio Graterón, señalado por el gobierno venezolano como uno de los “promotores de la violencia”.
El ministerio de Relaciones de Exteriores de Chile informó que Graterón fue “acogido en calidad de huésped” por pedido de Guaidó para darle protección dado que “sufre persecución política”. “El Gobierno de Chile reitera que es inaceptable la existencia de presos políticos en Venezuela”, sentenció el gobierno chileno.
La directiva de Defensa difundida aquí en este escenario, fue por otro rumbo. El DNU que la contiene como anexo en 39 páginas fue firmado por el Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.
La DPDN analiza el escenario trasnacional y el regional, donde lamenta el “desmembramiento” de mecanismos regionales como la Unasur y el Consejo de Defensa Suramericano al tiempo que cuestiona el rol de la OEA por “limitarse” a “proveer legitimación para sanciones impuestas a ciertos estados de la región”, en alusión a Venezuela y Cuba.
La directiva ratifica la doctrina de Defensa y del uso del instrumento militar en una estrategia “defensiva” de amenazas externas “de origen estatal”, al tiempo que considera “preocupante” que en varios países suramericanos se asignan misiones de seguridad pública a las fuerzas armadas. En este sentido vuelve a rechazar la doctrina de las “nuevas amenazas” que supone el involucramiento militar contra el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo.
Respecto de Brasil pese a las fuertes diferencias con el gobierno de Jair Bolsonaro, la DPDN destaca los “fuertes vínculos” bilaterales en materia de defensa. ■