El Gobierno quiere prorrogar la concesión del Puerto de Buenos Aires sin licitación
Extendió por tres años el manejo de las terminales con dos empresas y dejó afuera a otra, pese a un fallo.
Un verdadero laberinto judicial involucra al Gobierno y a una de las empresas concesionarias del Puerto de Buenos Aires, a raíz de la disputa por el contrato para operar en la Terminal 5. Se trata de una decisión del Estado que, sin recurrir a una licitación, dejó afuera de un negocio que factura U$S 75 millones anuales a un holding internacional que viene trabajando en ese muelle desde 1994, cuando se privatizó el Puerto.
El 30 de abril, sin recurrir a una licitación y por instrucción del Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos (AGP) decidió mediante dos addendas prorrogar hasta 2024 los contratos de cuatro de las cinco terminales que operan dos empresas. Y absorbió a una de ellas la número 5, donde funcionaba la empresa Bactssa, cuyo contrato expiró en mayo, pero que se mantiene en el lugar a partir de una cautelar favorable que recibió en la Justicia.
El viernes culminó el plazo que había establecido la Justicia para que la Aduana le permitiera funcionar con normalidad a Bactssa, que en mayo obtuvo un amparo en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para poder seguir trabajando allí hasta noviembre.
Sin embargo, en los hechos, y más allá de haber los millonarios cánones mensuales que pagó, no lo pudo hacer. Según le dijeron a Clarín fuentes de la compañía, la pérdida por todo concepto por no poder operar equivale a US$ 5 millones por mes.
La empresa tiene 1.000 empleados, factura anualmente US$ 75 millones
y mueve por año 220.000 contenedores TEU, lo que representa el 25% del movimiento de todo el Puerto. Además, la situación genera una fuerte congestión en toda la zona portuaria.
El conflicto tomó forma definitiva el 15 de mayo, después de que la AGP decidiera de manera unilateral no continuar con el vínculo que tenía vigente hasta ese momento con Bactssa, la empresa que controla el holding asiático Hutchinson Ports y que tiene a su cargo la concesión de la Terminal 5 del Puerto.
AGP, dependiente del Ministerio de Transporte, se presentó ese día con su gerente general y escribanos en el predio en pos de desalojar a la firma del Puerto, pero el personal de Bactssa precontencioso sente lo evitó. El interventor de la AGP, cabe recordar, es José Beni, el dirigente del Instituto Patria que tendrá a cargo la gestión de la Hidrovía, un negocio de US$ 300 millones anuales.
Dos días antes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había revocado una sentencia de primera instancia y ordenado a AGP la suspensión de "la celebración del inventario y constatación del estado de obras" y que "se abstenga de imponer a Bactssa cualquier medida y/o sanción estipulada en el contrato de concesión".
Tras el cambio de Gobierno y la anulación de la licitación que había inciado el macrismo, en abril de 2020, el Ministerio de Transporte que entonces encabezaba el fallecido Mario Meoni tomó una decisión que motivó el conflicto entre las principales operadoras del Puerto.
Extendió por dos años más la concesión a los jugadores que venían trabajando en las otras cuatro terminales. La 1, la 2 y la 3, a cargo de TRP, de Dubai Ports World, una firma de los Emiratos asociada a nivel local con el empresario Alfredo Román, y la 4, que opera APM, adjudicataria de ese muelle que pertenece a la naviera danesa Maersk.
Sin una definición sobre la prórroga de la concesión de la Terminal 5, en septiembre del año pasado Bactssa fue a la Justicia, ya que su contrato, varias extensiones previas mediantes, finalizaba en mayo de 2021 y por entender que tenía que negociar en las mismas condiciones que las otras empresas.
En primera instancia, el juez en lo administrativo Enrique López Regueira negó ese reclamo, por lo que dejó a Bactssa expuesto a un fin de contrato casi inminente.
Incluso, 15 días antes del fin del contrato, el 30 de abril, AGP, con la instrucción del Ministerio de Transporte, firmó dos addendas en las que prorrogó, sin convocatoria a licitación y argumentando la emergencia pública por la pandemia de Covid-19, los contratos de las terminales 1,2,3, por un lado, y de la 4, por el otro, hasta 2024. La decisión del organismo que depende del Ministerio de Transporte se tomó siete días después de la muerte de Meoni y sólo tres antes de que asumiera al frente del ministerio Alexis Guerrera.
En la última de ellas agregó que a raíz del inminente fin del vínculo contractual con Bactssa, iba a notificar a la Dirección General de Aduanas para que "proceda a realizar en forma inmediata todos los procedimientos que resulten necesarios para habilitar la operación de la superficie que por la presente se incorpora a la concesión de Terminal 4 S.A.". Así, hasta 2024 la Terminal 5 pasaba a poder de APM (Maersk), que sumaba una nueva terminal, mientras las tres restantes seguían siendo controladas por TRP, de
El interventor de Puertos es José Beni, un dirigente que responde a Cristina Kirchner.
La Justicia intimó a la Aduana a que se cumpla su decisión cautelar en favor de una empresa.
Dubai Ports.
Previamente, pero especialmente a partir de esa decisión de que toda su operación fuera absorbida, la compañía que responde a nivel mundial a Hutchisson Ports decidió reflotar su reclamo en la Justicia, apeló ante la Cámara y consiguió un amparo que le permite seguir funcionando. El jueves 8 de julio, frente al reclamo de Bactssa de que se lo impiden, la justicia intimó a la AFIP, a la Aduana, a la Prefectura y a la Administración de Puertos para que en cinco días hábiles cumpla la cautelar. ■
El ex titular del Banco Central, Martín Redrado, alertó sobre el descenso de la clase media en la Ciudad por la caída del salario real y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. “La cantidad de clase media en la Ciudad de Buenos Aires desde 2017 ha disminuido 10 puntos, desde el 54% al 44%”, dijo tomando los datos que publicó Clarín en exclusiva el último domingo y que generó un ataque de Cristina Kirchner .Esto está vinculado a la caída del salario real. “El salario viene corriendo por detrás de la tasa de inflación”, explicó Redrado en diálogo con radio Rivadavia. “Y esto no es solo la pandemia, la recesión tiene tres años ya”, aclaró.
Para el economista, esa es la principal preocupación de los argentinos. En ese sentido detalló que en el país habría una reducción en la clase media por la carencia de intervención en políticas que beneficien al sector y por la variabilidad de la inflación, que en junio fue de 3,2% y acumula en 2021 un 25%; alejado definitivamente del 29% que proyectaba el Gobierno para todo el año.
Redrado resaltó que la problemática podría disminuir a través de “un programa económico integral”. El economista hace falta un programa económico que “incentive el consumo, la producción y las exportaciones”.
“Muchas veces en la Argentina se le da énfasis a una sola de estas cosas y se desatienden las otras dos. Tienen que tenerse en cuenta todas”, aseguró.
Y en esa línea indicó que “lo importante ahora es plantear opciones superadoras. En el primer trimestre de 2022 hay que hacerle frente a negociaciones con el FMI. El plan económico tiene que ser hecho por los argentinos y para los argentinos”, aseguró.
Y concluyó: “Los enfoques del FMI son demasiado similares para todos los países. Tenemos la posibilidad de elaborar un plan económico integral”.w