¿Qué se defiende cuando se defiende a la Nicaragua autoritaria?
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Cuatro días antes de la pasada Navidad, el Congreso nicaragüense, alineado verticalmente con las necesidades del matrimonio gobernante en ese páramo, aprobó una destructiva legislación de apenas dos párrafos que amontonó como traidores a la patria a la totalidad de la oposición.
Con un extenso y rimbombante título que gusta a estos regímenes, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la norma reguló que no podrán postular a cargos públicos y de elección a quienes el gobierno considere a su gusto como golpistas y terroristas.
“Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”, señalaba el texto. Fue el anticipo y la excusa para la ordalía de arrestos dispuestas meses después por la autocracia de Daniel Ortega contra los principales políticos opositores y candidatos a las elecciones de noviembre próximo. Esa dimensión crítica, según el régimen, estaba integrada no por políticos que lo rivalizan, sino por “agentes extranjeros abocados a subvertir el orden constitucional”.
“El que no defiende a Nicaragua… ese no merece llamarse nicaragüense”, bramó Ortega antes de la votación legislativa, dando a entender con claridad qué significa para la autocracia defender a Nicaragua. La nacionalidad y la patria es el orteguismo. Lo otro, la traición.
Es interesante que la terminología de la legislación y el contenido de esas expresiones no casualmente reverberen con las formas que las antiguas dictaduras setentistas de la región elegían para referirse a sus enemigos internos. Un comunicado del 12 de septiembre de 1973 del recién iniciado régimen chileno de Augusto Pinochet, el bando número 5, denunciaba precismente “a los líderes y adherentes de la Unidad Popular (la alianza que acababa de ser derrocada) como traidores a la patria”.
Por aquí nomás, el 18 de diciembre de 1977, el dictador Jorge Rafael Videla, declaraba al diario La Prensa que “la ciudadanía argentina no es víctima de la represión, la represión es contra una minoría a quien no consideramos argentina”.
Al aplicar las mismas fórmulas, Ortega y su vice y esposa, Rosario Murillo, hacen mucho más que parecerse a esos despotismos, acaban por reivindicarlos en sus métodos e intenciones. Por eso, simplemente, hay sorpresa en la dirigencia regional cuando algunos gobiernos de este espacio, sobre todo aquellos que tienen la memoria fresca de ese pasado siniestro, esquivan condenar estos atropellos a las instituciones y a la propia humanidad.
Hace pocas horas el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, llegó a calificar de “improcedente y extemporánea”
una declaración condenatoria emitida el miércoles por ese organismo hemisférico. Allí se exigía a Managua, como en los años 70 a los régimenes militares en Sudamérica, un derecho básico y elemental: la liberación “inmediata” de los aspirantes a la Presidencia de la oposición y garantizar unas elecciones “libres y justas”. Ese planteo tuvo 26 votos de respaldo, incluyendo a todo el Mercosur, menos Argentina que se abstuvo con los argumentos indicados junto a otros seis países, entre ellos México y Bolivia que enarbolaron, además, la bandera de la no injerencia.
Esa doctrina, a la que se aferra constantemente la autollamada progresía regional, tiene legitimidades indudables, pero reconoce un límite cuando un país rompe las reglas institucionales y viola los derechos humanos, como sucede también de modo crónico en Venezuela o en Cuba.
Pero hay algo peor a observar en este escenario. Argentina acaba de presentar su candidatura a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y para eso necesita el voto de Nicaragua, comentaron a esta columna fuentes diplomáticas. La elección de ese cargo es por rotación regional. En 2022 le toca a Latinoamérica. ¿Qué sucede? Durante el gobierno de Cambienos Argentina ocupó la vicepresidencia del Consejo y superar esa raya parece justificar cualquier obscenidad.
Como todo se torna utilitario, la esgrima retórica de presunta izquierda termina por bendecir la apropiación de los métodos de las dictaduras. La ESMA del almirante Massera que el chavismo replica en el Helicoide, en Boleita Norte, en Ramo Verde o La Tumba de Plaza Venezuela, donde se detiene a NN y se tortura, debería merecer un repudio equivalente así como también las cárceles que Ortega llena de supuestos golpistas. La condena a esos procedimientos es una manera de preservar el sistema de todos.
La propia carta de la OEA, sostiene que los Estados Miembros que la suscribieron acordaron que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de ejercerla en plenitud.
Por si quedaran dudas, en su artículo 23, que avaló también Nicaragua, México o Argentina, la Carta remarca que “los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”.
La validez de la protesta hemisférica contra Managua se funda en que en Nicaragua se está ejecutando un autogolpe con el propósito de garantizar la victoria de Ortega para un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 7 de noviembre.
Si el régimen no reprimía a la oposición, quitándole todos los derechos y encarcelándola, era muy probable que perdiera esa posibilidad que ahora tiene garantizada con una elección sin rivales. La candidata favorita, según Gallup, entre otras encuestadoras, era Cristiana Chamorro.
Fue la primera de una treintena de políticos arrestados desde el 2 de junio último que incluyó a otros postulantes a la presidencia, entre ellos su hermano Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Solo quedó un grupo de políticos cercanos al régimen o sin chances electorales que formarán la claque de un “acto democrático”, al estilo de los que ejecutaba cada cinco años el déspota Alfredo Stroessner en Paraguay, con los resultados escritos antes de las votaciones.
Hay otra paradoja para observar en el comportamiento de los aliados de Managua y que entusiasmaría a los amantes de la exploración histórica. En las épocas de la dictadura argentina, las naciones del Este, y en nuestra región la Cuba comunista en particular, se coordinaban en ese mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ahora apetece a cualquier precio el gobierno K, para bloquear la condena al sangriento régimen videlista que sumaba montañas de detenidos desaparecidos. El pretexto inaceptable para ese amparo era que la dictadura le vendía granos a la Unión Soviética eludiendo el embargo contra Moscú dispuesto por EE.UU. en aquellos años.
Queda claro que antes como ahora se ve solo lo que se quiere ver. La defensa de los excesos y violaciones de Nicaragua, o los de sus primos venezolanos y cubanos, no es solo solidaridad con sus parecidos. Está ahí, apenas disfrazado, el interés de hacer papel mojado con los límites institucionales, un extremo ¡por que no! manipulable. Institución viene del latín ‘institutĭo’, que en una de sus acepciones implica justamente límite.
La supuesta salud republicana de su país, que con cinismo remarcan Ortega y su pintoresca vicepresidente, choca contra múltiples evidencias en contrario. Esa comarca tiene los registros de democracia con mayores retrocesos en Latinoamérica junto al chavismo, según el Barómetro de las Américas.
Ya en 2019 Nicaragua iba en el último lugar de los países latinoamericanos seguido de cerca por Honduras y Guatemala. Un documento de ese año subrayaba para ese país los informes de la alta comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela.
Sostenía que “el retroceso democrático de Nicaragua se evidenciaba en la tenencia de cientos de prisioneros políticos, arrestados por fuerzas paramilitares controladas por el gobierno de Ortega y Rosario Murillo, por protestar contra el régimen”.
La OEA, muy cuestionada por la “progresía” regional, es el organismo que en los años ‘70, en plena represión militar, envió a la Argentina una misión crucial de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El comunicado que en septiembre de 1979 emitió esa delegación debería ser nuevamente leído por algunos de los personajes que ahora calzan vendas sobre lo que ocurre en la región. Denunciaba las “graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”. Concluía que “las violaciones enumeradas van desde las que afectan el derecho a la vida, a la libertad personal, a la seguridad e integridad personal y el derecho a la justicia”. Casi una crónica hoy del esperpento nicaragüense.
Hay una pregunta muy incómoda que surge si se observa con atención en ese espejo de la historia: ¿a quién o qué se está defendiendo y sobre todo qué se traiciona cuando se califica de improcedente y extemporánea la condena a los excesos de estas dictaduras? La respuesta a ese interrogante derrumbaría todas las máscaras.w
Negarse a condenar a un régimen que arresta a toda la oposición expone un enorme desprecio por la democracia