Imputan al juez Villena por lavado en la compra de una casa de US$ 800 mil
Una fiscalía lo acusa de “simular compra de bienes en dólares” y presentar prestamistas dudosos.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal federal Diego Velasco, imputó y denunció penalmente al juez Federico Villena, subrogante del juzgado Federal de Lomas de Zamora . Villena fue salvado en varias ocasiones por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura frente a denuncias de mal desempeño que recae sobre él.
En esta ocasión la fiscalía antilavado detectó en base a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) movimientos de dinero inconsistentes por US$ 400.000 que sería sólo el inició de una maniobra de blanqueo mayor, ya que se denunció que la propiedad que compro tiene un valor superior.
Villena es el mismo juez que permitió interceptar las comunicaciones del "Rey de la Efedrina" Roberto Segovia en la cárcel de Ezeiza durante la gestión de Macri y luego del cambio de gobierno del 2019 dio un giro de 180 grados y empezó a denunciar la supuesta inteligencia ilegal de la AFI de Macri en esa prisión y otros lugares, entre otras actuaciones polémicas. En una entrevista con Clarín, el magistrado negó las acusaciones de los fiscales.
La denuncia de la PROCELAC, a la que accedió Clarín, lleva también la firma de la fiscal Laura Roteta y desnudó en 33 páginas, el “paso a paso” de una estructura que fue confirmada por la UIF. La compra de una casa con un valor declarado que sería inferior al real, la simulación de préstamos en dólares, y la sospecha de un proyecto inmobiliario que “permitiría el lavado de sumas millonarias”, aseguraron fuentes judiciales, junto a un patrimonio bajo sospecha.
Bajo sospecha está la compra de la propiedad de la calle Zuviría en el barrio porteño de Flores el 30 de octubre de 2020. Participó en la compraventa, la vendedora y un apoderado que terminó de concretar el negocio. El juez entregó 400.000 dólares en efectivo, el 80% de ese dinero (US$ 322.562,72) se justificó a través de mutuos firmados con personas que carecían de capacidad económica, y el 20% restante con operaciones de venta de bienes muebles e inmuebles, que arrojaron un conjunto de inconsistencias según la UIF.
Los supuestos préstamos estarían vinculados, según detalló la UIF, a cuatro personas físicas y a una empresa. Las sumas varían, van desde 90.000 dólares a 50.000, 26.657, 12.000, 72.562 y 60.000. "El perfil patrimonial dejaría en evidencia que unos cuantos de ellos, no tendrían la capacidad económica para otorgar los créditos en cuestión” y que no fueron declarados “lo que genera sospecha sobre su verdadera existencia”, agrega.
Un ejemplo: una de las personas que le dio dinero a Villena tuvo durante el año 2020 una ganancia neta de impuestos y retenciones de $ 4.395.493; “por lo que, si el monto entregado en préstamo” al juez “hubiera sido de $ 3.537.500 (monto equivalente a los US$ 50.000 según tipo de cambio de la fecha de la operación), esto representaría aproximadamente el 80% de los ingresos registrados”.
Cuando tuvo que explicar el resto del dinero, el magistrado declaró la venta de un automóvil AUDI A4 por $ 3.400.000 (convertidos en U$S17.560); la venta de un departamento sito en la calle Rivadavia al 1600 por US$ 35.000 (según boleto de venta de fecha 29/10/2020), la venta de acciones por un monto de U$S13.224.
Sin embargo, detalló el fiscal Velasco, la venta del departamento de calle Rivadavia “no sería real pues permanece bajo la titularidad de Federico Villena, mientras que la transferencia del automóvil recién habría tenido lugar nueve meses después de la operación inmobiliaria” y previamente, se lo habría entregado a una concesionaria en octubre de 2020”.
La imputación por lavado sostiene que “Villena habría simulado diversas operaciones de venta de bienes y la realización de mutuos de dinero, para poner en circulación en el mercado formal diversas sumas de dinero de origen presuntamente espurio y concretar así la adquisición del inmueble, procurando que los fondos adquieran apariencia de licitud”.
Detrás de la compra de la casa hay dos planteos más: su valor y que escondería la participación en un negocio inmobiliario superior. La PROCELAC denunció que la propiedad de la calle Zuviría “fue declarada por un valor que tampoco sería real (U$S 400.000) ya que el valor originalmente publicado para la venta era de U$S 790.000, un precio sustancialmente superior”. Se hicieron dos relevamientos más: arrojaron U$S 890.000 y U$S 800.000.
"Teniendo en cuenta la época, los valores de las diferentes publicaciones, las características y descripciones del inmueble (refaccionada a nueva), se pone en duda la posibilidad de que la adquisición de la casa haya sido por la suma de U$S 400.000", denunció el fiscal Velasco.
La propia UIF observó, una diferencia entre el precio de compra escriturado equivalente a $33.400.000 y el valor inmobiliario de referencia (VIR) "cuyo monto se establece en función a las características de la propiedad, y que, en este caso, ascendió a $ 49.687.727,9".
El objeto del VIR es evitar la posibilidad de subvaluación de los inmuebles, dando transparencia a las transacciones inmobiliarias a los fines evitar la evasión impositiva. En la escritura se dejó constancia de que el inmueble requería de refacciones. Sin embargo, indicó el titular de PROCELAC "la propiedad en principio, no pareciera requerir mayores mejoras” y “se advierte que el inmueble habría sido remodelado 6 años antes". Todo permite "al menos sospechar que ello es, en principio, incierto".