Inflación imparable: ya se devoró $ 2 billones
Es un verdadero zafarrancho, por decirlo suavemente, lo que el kirchnerismo ha logrado armar mezclando el interminable congelamiento de las tarifas de la electricidad y el gas con el paquete de subsidios que, en los papeles y sólo en los papeles, iba a apuntalar una medida pensada para contener el avance del proceso inflacionario.
El Gobierno montó así un combo que le sale carísimo al Estado a cambio de un resultado que es la nada misma o, peor, vista la cantidad de plata que se lleva perdida y la encerrona en que se ha metido reiterando un ensayo conocido.
Para empezar por los datos concretos y los objetivos primarios que animan la movida, tenemos que entre enero de 2020 y abril de 2022, o sea, desde que la actual versión K llegó al gobierno, el torniquete aplicado a las tarifas limitó la suba del gas y la luz a un muy moderado 35%. En realidad, a un 35% que es casi todo ajuste hecho a comienzos de 2022.
¿Y cómo repercutió en los precios eso que se pretendía un ancla potente contra la inflación, aunque se tratase de un ancla usada mil veces acá? Público y notorio, el congelamiento o cuasi congelamiento no frenó nada.
Los números del INDEC cantan que en los mismos dos años y cuatro meses, el índice de precios escaló un 135% y más que cuadruplicó a la suba de las tarifas. El premio consuelo, si se quiere alguno, afirmaría que con el gas y la electricidad en valores cercanos a los costos de producción tendríamos una inflación aún mayor.
Por de pronto, tenemos lo que tenemos y eso que tenemos no es precisamente una fiesta. Salta ahí, impresionante, la cuenta de los subsidios energéticos, que, encima, avanza a la velocidad del rayo.
Las últimas cifras oficiales marcan $ 420.000 millones de enero a abril, $ 267.000 millones o un 175% por encima del mismo cuatrimestre del año pasado.
Y si se va un poco más para atrás, al comienzo del actual ciclo K, el crecimiento de la factura dice nada menos que 350% entre fines de 2019 y fines de 2021, o sea, en solo dos años. Imbatible, el saque le sacó 250 puntos porcentuales de ventaja a la mismísima inflación, al 105% que registró la estadística del INDEC.
El problema con los datos es que llega un momento en que empiezan a fatigar, y la ventaja es que a veces, si no a menudo en muchos casos, muestran las cosas mejor que mil relatos. Sobre todo, cuando se trata de relatos que son variaciones de otros bastante gastados por el uso.
Dicho esto, lo que sigue muestra en plata hasta dónde ha avanzado el taxímetro de los subsidios energéticos: de punta a punta, marca ya 1,9 billón de pesos o, si prefiere, bordea los dos billones. En dólares al actual tipo de cambio oficial, la movida está costándole al Estado alrededor de US$ 17.000 millones.
Suena raro que con semejantes cifras a la vista los especialistas cristinistas del Instituto Patria cuestionen cualquier retoque tarifario, aún aquellos que dejan a salvo la llamada tarifa social que rige para los sectores de menores o muy menores ingresos.
Esto es, que técnicos-militantes de La Cám
Fue lo que gastó el Gobierno para sostener un congelamiento de tarifas carísimo que no frena nada. Empujadas por el desorden económico y la fractura expuesta del oficialismo, las remarcaciones mandan
pora lleguen a convalidar y defender un sistema que se ha probado y recontra probado desigual y regresivo.
Informes que vienen desde el segundo mandato de Cristina Kirchner y de los tiempos de Axel Kicillof ministro de Economía hablan, también, de este mundo del revés. Plantean algo que sigue en pie, esto es, que las capas de mayores recursos se quedan con el 30% de los subsidios, mientras que a las del escalón inferior de la pirámide social les toca un modestísimo 10%.
Otro detalle del nada ha cambiado señala que en 2015 las cuentas públicas anotaban subvenciones por $ 138.000 millones, otra montaña de dinero que al tipo de cambio oficial de aquel momento superaba los 10.000 millones de dólares. Ninguna excepción a la regla, en 2014 habían sido $ 128.000 millones.
Pareciera que antes y ahora el razonamiento cristinista dominante pasa por el supuesto de que la emisión monetaria sale gratis y que, por lo tanto, bien puede servir para sostener un sistema ya insostenible y gambetear, así, el costo político de corregirlo. Sería además un modo de evitarse el trabajo de pensar en uno menos desequilibrado y de zafar de eventuales trastornos por haber llegado al gobierno sin la tarea cumplida.
Pero aun cuando sea puro camelo eso de que la emisión sale gratis, ciertas urgencias de la realidad cruzan fuerte y dejan tambaleando al sistema energético que sigue sosteniéndose como si fuese una gran construcción. Se entiende, hablamos de la realidad real y no de aquella que algunos funcionarios imaginan o inventan y presentan como verdadera.
Un ejemplo aparece, limpito, al contrastar los $ 420.000 millones que el Gobierno ha gastado en subsidios indiscriminados durante el primer cuatrimestre con los $ 201.000 millones que destinó al programa Potenciar Trabajo y a la Tarjeta Alimentaria. No habrá que escarbar demasiado para encontrar, en el reservorio oficial, transferencias de recursos públicos así de regresivas o manejos no suficientemente claros.
Lo cierto en cualquier caso es que, medida por los resultados, la estrategia de atrasar las tarifas fue un fiasco y encima un fiasco carísimo. Hay de todo en el listón de ensayos fallidos y mucho fracaso anunciado: desde los precios regulados, las trabas y prohibiciones a exportaciones e importaciones y los aprietes, hasta el clásico toma y daca entre empresas y controladores.
Una pieza famosa de ese repertorio, también alumbrada en el tiempo de los cepos sobre cepos y de las reservas por el piso de Kicillof, fue el programa Precios Cuidados que arrancó esta temporada para comerse la cancha y ha quedado casi de muestra.
Precios al fin, los del programa figuran entre los miles que el INDEC releva para construir el índice mensual. Los informes del Ins
tituto de Estadística cuentan cuánto de los cuidados hay en cada sondeo y eso mismo, que huele a cubrirse de eventuales sospechas, revela a qué quedó reducido.
Ya con Roberto Feletti en papel de secretario de Comercio puesto a mantener los precios a raya, en noviembre los Cuidados llegaron a superar el 13% del total de precios relevados. Entre las quejas de los empresarios y el escaso rédito que reportaba, la presencia del sistema en el índice fue declinando a partir de enero y en abril marcó un módico 6,23%.
Evidente: si todavía no lo sacaron del mapa es porque significaría reconocer que hasta la estrella de los controles ha fracasado.
Así, a caballo del desorden económico, de un gobierno fracturado que siembra incertidumbres en continuado y del vamos tirando mandan claramente las remarcaciones, algunas ya de a dos por mes para el mismo producto. Hay en la estadística del INDEC una muestra redonda y bien fresca de cómo ha ido empeorado el cuadro general.
Se refiere a los tres cuatrimestres que ha consumido el gobierno. En el primero, de 2020, la inflación decía 9,4%; en el siguiente, 17,6% y en el último, de ahora, resuena un 23,1% que le ha sacado casi 14 puntos de ventaja al indicador inicial de hace apenas tres años.
Una versión más cercana a eso que se llama costo de vida cuenta que entre una punta y la otra tenemos un incremento del 174% en el capítulo Alimentos y Bebidas.
Ahora, el turno de los bonos del Tesoro Nacional indexados por la inflación. Un refugio ante la pérdida de valor del peso y una forma de financiar el déficit fiscal carísima aunque la única disponible, la cuenta sentencia que de aquí a fin de año vencen impresionantes $ 3,1 billones. Con intereses que caen cada cuatro meses. Evidente de nuevo: este Estado pide que en lugar de exprimirlo para lo que venga alguien lo someta a un proceso de restauración serio.