Las cárceles tienen 15.000 empleados, pero no logran controlar a los narcos
Está intervenido por la dirigente K Garrigós de Rébori. Rosatti y Lorenzetti advirtieron por la falta de controles.
El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y su par Ricardo Lorenzetti coincidieron en las críticas sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la hora de controlar a los líderes narcos que están tras las rejas. Respaldaron el informe del fiscal Diego Iglesias a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que concluyó que desde las cárceles federales crece el crimen organizado y que no se controla lo que hacen tras las rejas.
La situación del SPF es crítica. Está intervenido desde hace un año y medio por la kirchnerista y fundadora de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori pero nada mejoró.
Hoy cuenta con 15.000 empleados y tiene un presupuesto millonario, pero no logra contener a los narcos.
En paralelo, además de los magistrados Rosatti y Lorenzetti, una docena de jueces denunciaron las constantes falencias del SPF a a la hora de supervisar lo que pasa en los penales.
El año pasado, el SPF tuvo para un presupuesto de $ 21.898.592.372, pero al cierre del ejercicio el presupuesto vigente ascendió a $ 31.513.217.021.
Los números se desprenden de un pedido de acceso a la información que realizó Clarín.
Gran parte de esos fondos se destinan al pago de salarios de la planta permanente del SPF, registrada en 15.788 agentes. Sobre ese nivel de personal, las críticas judiciales refieren a la falta de control, gestión y trabajos específicos al interiores de las cárceles. “Ahí adentro sólo tiene jurisdicción la interventora”, dijo a Clarín una fuente de la Justicia.
En el pedido de acceso a la información formulado por Clarín, no respondieron dos preguntas puntuales: “¿Qué políticas se implementaron durante la intervención del SPF?” y la segunda, “¿Se implementó algunas de las medidas sugeridas por la Procuración General de la Nación respecto a los presos en casos de narcotráfico, un planteo de octubre de 2021?."
La respuesta la dieron desde la misma Procuración General y otros organismos judiciales el jueves pasado desde Rosario: “No sólo no se notificó ni respondió nada, sino que la situación actual indica que nada cambió al interior de las cárceles federales”. Algunos de los delitos que revela la Procuración que se realizan desde las cárceles incluyen amenazas, órdenes libradas desde teléfonos celulares y manejo del negocio de la droga.
En esa línea vinculada al narcotráfico, la jueza federal de San Martín Alicia Vence -que tiene la causa de la droga adulterada en Puerta 8- sostuvo en un fallo: “Una vez más, la organización dedicada a la comercialización de estupefacientes era comandada por dos personas que se encontraban alojados en complejos penitenciarios, cumpliendo condenas, una circunstancia habitual en este tipo de causas y un obstáculo para darle batalla al narcotráfico".
Lorenzetti también criticó al SPF. “El Servicio Penitenciario Federal tal cual está, no funciona, no sirve”, dijo el ministro de la Corte en diálogo con Clarín antes del encuentro de jueces federales de todo el país que se reunieron la semana pasada en Rosario.
Ya en el encuentro Lorenzetti profundizó sus críticas y sostuvo que el actual sistema carcelario "está en una situación crítica". "Cómo puede ser que los delincuentes sigan operando desde la cárcel. No sólo no logramos que las prisiones sean limpias, sino que tampoco podemos detener la acción delictiva. Los ciudadanos son prisioneros y parece que los delincuentes están libres porque aún desde la cárcel siguen operando. Es una tragedia institucional porque es un festival de la ineficacia”, sentenció.
Con argumentos similares, el presidente de la Corte -Horacio Rosattisostuvo que “la cárcel no debe controlar la calle”. Las críticas fueron directas al SPF a cargo de María Laura Garrigós y la falta de respuesta y controles sobre los líderes narcos. “Es necesario contar con las herramientas de información necesarias, una inteligencia inteligente”, en relación a la investigación adentro de prisión sobre los narcos.
La jueza federal María Servini denunció penalmente la semana pasada al ministro de Justicia, Martín Soria, y a la interventora Garrigós de Rébori, por supuesta obstrucción de la Justicia, porque hace un año quiere investigar una denuncia de tráfico de drogas en la cárcel de Villa Devoto y no puede avanzar porque se desmanteló el área de inteligencia criminal que funcionaba dentro del penitenciario.w
Servini denunció a Soria porque no avanza una causa narco en Devoto por falta de recursos.