El Parlamento cubano aprobó un nuevo Código Penal que castiga la disidencia
El cuerpo legal votado endurece penas por desórdenes públicos y reprime la posibilidad de protestas sociales.
Diez meses después de masivas protestas que estremecieron a Cuba, el Parlamento aprobó ayer por “unanimidad” un nuevo Código Penal, un contundente disuasivo contra la repetición de esos hechos y garantía para el actual régimen. El nuevo texto ha suscitado desde el principio críticas de la disidencia y el activismo, que temen que asfixie la protesta social y el periodismo independiente.
El nuevo texto legal ha sido destacado por sus impulsores y defensores como “moderno”, “educativo”, “garantista” y de afán actualizador, ya que el anterior de 1987 no contemplaba cuestiones como los delitos medioambientales, la cibercriminalidad, la violencia de género y las tramas delictivas transnacionales.
A diferencia de la anterior legislación, la pena de muerte queda reservada casi en exclusiva para delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, además de algunos de tipo sexual y el asesinato.
Sus detractores, sin embargo, señalan que aumentan los tipos delictivos, en 37, y que se endurecen las penas (cuatro delitos más con pena de muerte; 10 más con prisión perpetua). Destacan además que incorpora una ambigüedad calculada que da cabida a la arbitrariedad y consideran la reforma una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Denuncian en este sentido los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONGs o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander, aseguró en el sitio web oficial Cubadebate que los artículos del nuevo código penal “recogen lo más moderno en la práctica judicial e investigativa” y “han sido elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías a la población”. Los medios oficiales destacan que el texto blinda la presunción de inocencia, el derecho de apelación y el derecho a la defensa, además de limitar la prisión provisional e impedir que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho.
El abogado Fernando Almeyda, en el medio independiente La Joven Cuba, consideró sin embargo que el recién aprobado código “llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado”. Destacó que el texto exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para “repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado” y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11 de julio. También alertó de que se exime de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por “obrar en cumplimiento de un deber”.
Se mantienen además los delitos de propagación de noticias falsas y de sedición -que ha castigado con hasta 30 años de cárcel a algunos de los manifestantes del 11 de julio-, y el de propaganda enemiga pasa a denominarse “propaganda contra el orden constitucional”. “Si el Código de 1987 es poco garantista, el nuevo penaliza por completo la existencia del disenso”, concluye Almeyda. En esa misma línea se posicionan en un comunicado conjunto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la Red Femenina de Cuba y la Asociación de Madres y Familiares 11J por la Amnistía.
“El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva cubana, que criminaliza sin ningún reparo la disidencia no violenta”, argumentan. Estos tres colectivos denuncian asimismo que algunas tipologías delictivas están “tan vagamente definidas” que “ofrecen una amplia discrecionalidad” judicial. ■
“El nuevo Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva”, dice la oposición.