La presión de Cristina y los proyectos frenados
Cristina presiona al Gobierno desde el Parlamento. Lo hace con proyectos de ley vinculados a lo económico (anticipo del pago del Salario Mínimo Vital y Móvil, moratorias previsionales, blanqueo para pagar la deuda con el Fondo), a lo judicial (modificación del Consejo de la Magistratura, ampliación de la Corte) y la política exterior: la vicepresidente defiende los acuerdos con China, paralizados por impericia o influencia de los Estados Unidos en el gobierno.
Su “correveidile”, el senador Oscar Parrilli, presentó el 26 de abril una nota en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles pidiendo que se cite a Gustavo Beliz para que informe el estado de una lista de programas de infraestructura con participación china. Para La Cámpora, Beliz -a quien llaman “Lopecito”es, como Guzmán, un “empleado” de la embajada de Estados Unidos y bajo su área pasan todos los proyectos con financiamiento internacional. Para la Casa de Gobierno la agenda con China no está postergada y el kirchnerismo “debería dejar de ver Netflix”.
La paranoia K sobre el punto se reavivó con la visita de Ana Ganzer, subsecretaria adjunta de Política de No Proliferación del Departamento de Estado. Ganzer expresó su preocupación sobre la construcción de Atucha III, que está en una etapa de cuenta regresiva; en las reuniones técnicas cuestionó la capacidad de China para construir centrales nucleares tipo Hualong, como la que construirían en el país. Atucha III costará unos 8.300 millones de dólares y tendrá un plazo de ejecución de ocho años. El proyecto está en el convenio marco con China desde 2014 y hoy sigue demorado. Desde 2013 y con financiamiento de un consorcio de bancos chinos se anunció la construcción de las represas Kirchner y Cepernic.
Cinco mil millones de dólares y 66 meses de gracia para que Argentina evitara hacer desembolsos y empezara a pagar recién cuando las centrales generaran energía. El plazo ya se cumplió y Argentina debería ahora pagar 1.500 millones de dólares que no tiene, ante lo cual China cortó el resto de los desembolsos.
Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en Beijing, anunció en febrero un acuerdo para saldar las diferencias, pero según los K los papeles quedaron cajoneados seis meses en el despacho de Beliz. Ahora esperan un DNU del Ejecutivo saldando el tema. Los técnicos del Gobierno argumentan que no hay malas intenciones: en la original represa bautizada Néstor Kirchner están realizando estudios de suelo porque se rajó en parte de la construcción.
Tanto la Néstor como la Cepernic son represas de paso, donde se acumula el agua naturalmente y se administra el paso por las turbinas para generar electricidad. Según los técnicos el caudal del río Santa Cruz no permitiría generar una cantidad de energía suficiente que facilite el repago de la obra. La suerte de la central térmica Manuel Belgrano II fue peor: ni siquiera empezó. Fue adjudicada en el segundo mandato de Cristina; una UTE entre Electroingeniería (el viejo tallercito cordobés de Ferreyra) con la empresa china CNTIC, financiada por el Exim Bank de China con 1.122 millones de dólares. El proyecto AMBA I, para reforzar el “anillo energético” en el Conurbano está en el banco esperando el financiamiento del ICBC y del Bank of China, y la Represa Chihuido I ya lleva siete años desde su lanzamiento esperando un financiamiento de Rusia que nunca llegó. En marzo de 2021, la firma Power China intentó manotear el proyecto pero finalmente el Gobierno decidió que fuera Alemania quien lo llevara a cabo. Llevar a cabo es una metáfora, ya que tampoco empezó. La pelea que encabeza la agenda económica con Estados Unidos es la del 5G.
La Madre Patria (Washington, claro) ya empezó a recorrer distintas oficinas del Gobierno con folletos del proyecto Open RAN, la tecnología de Ericcson y Nokia que compite con la china Huawei. Quienes decidirán finalmente el asunto (para los K, el “Eje atlántico” del Gobierno) son la Secretaría de Comunicaciones que depende del jefe de Gabinete, “el Negro” Juan Manzur, la Cancillería de Cafierito y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Beliz. Hace un tiempo el Gobierno miró de cerca el modelo 5G de Brasil, que dividió el negocio entre la china Huawei y otra concesión destinada a proveer 5G al gobierno local donde los inversores chinos estaban bloqueados, modelo que tenía el visto bueno del gobierno americano. Hoy, sin embargo, se decidió demorar la instalación del 5G con el argumento de extender el 4G instalando fibra óptica en la última milla de las localidades del interior. Julio será el mes en que el Gobierno decidirá volver sobre el 5G y la batalla con los K volverá a recrudecer.
La Hidrovía es, por último, el otro negocio conflictivo. Son 1,635 kilómetros que permiten salida hacia el Océano de distintas embarcaciones de carga; por ella sale el 80% de las exportaciones del país. El negocio está en el cobro de peajes a los barcos que entran y salen por el corredor. La Hidrovía tiene una larga historia de denuncias y escándalos, y en septiembre el Gobierno decidió llamar a licitación internacional por el dragado, balizamiento y servicios. China estaba especialmente interesada (es nuestro principal comprador de soja) y Estados Unidos también estaba interesado, pero en que China no ganara la licitación. El concurso se frenó en marzo pasado porque sólo una de las cuatro propuestas superó la etapa técnica: la empresa belga Jan de Nul fue la única habilitada para presentarse en la segunda etapa. En abril se conoció una carta de la empresa china Communications Construction Company (CCC) al embajador argentino Vaca Narvaja haciendo lobby por la Hidrovía, ya que el proyecto “está altamente alineado con los principios de cooperación del programa de la nueva Ruta de la Seda”. La Coalición Cívica hizo una denuncia ante la Justicia por “tráfico de influencias” y el fiscal Guillermo Marijuan dispuso varias medidas de prueba.