Crecer de golpe: realismo y retrocesos en el Chile de Gabriel Boric

Chile experimenta una mutación dentro de la transformación que disparó la rebelión popular de 2019. Con cuotas similares del teorema de Baglini, sobre la moderación que impone la cercanía con el poder, y la constatación de situaciones que escapan a lo esperado, el presidente Gabriel Boric, exponente de aquel repudio popular,

retrocede a un nuevo realismo. Lo obligan las circunstancias. Últimamente, con la comprobación de que no hay diálogo posible frente a la creciente violencia mapuche o por los contratiempos que amenazan al proyecto de una nueva Constitución.

Boric acaba de sufrir la peor derrota política e ideológica en lo que va de su gobierno al declarar una excepción constitucional para desplegar tropas en el Sur chileno. Una decisión que repite los criterios de su antecesor, el derechista Sebastián Piñera, a la que Boric se había opuesto desde su campaña y que fulminó cuando llegó a La Moneda. La medida fue enmascarada con una supuesta limitación a patrullar rutas y caminos donde el extremismo mapuche comete sus atentados. Pero el propio decreto diluye esos frenos “de ser necesario”.

Un análisis precario describiría ese movimiento como un giro a la derecha del gobierno. Pero Boric es un socialdemócrata pragmático. Esa condición ya la había expuesto en noviembre de 2019 cuando, en plena crisis por las protestas callejeras, negoció con la pinochetista Unión Democrática Independiente la válvula de una Constituyente antes que las cosas salieran de control. Ese pacto se transformó en un acuerdo multipartidario que los propios seguidores de Boric habían señalado como una traición. Pero esa audacia preservó el sistema.

Ahora el dato interesante del trago amargo de la militarización del Sur chileno es el gesto de autoridad que la acompaña. Gobernar en cualquier caso es hacerse cargo. Una obviedad que no es tan clara en el vecindario chileno. El costo de este giro en contra de sus propias ideas, es la tensión con las alas populistas de la coalición, particularmente el Partido Comunista que le brinda una significativa base territorial. El PC, por cierto, se apuró a repudiar la medida. “No es el momento de inmiscuir a las FF.AA. en este conflicto, que es político, social y que involucra algún tipo de actividades violentas y tendría un reacción adversa” se despachó con tonos paternalistas el titular del partido, Guillermo Tellier.

La cuestión mapuche tiene fuerte contenido político. Ha sido una de las banderas de esta nueva dirigencia para diferenciarse de la derecha o la centroderecha que rigió el destino chileno las últimas décadas, incluso frente al moderado pero riguroso socialismo de estilo europeo del país. Camila Vallejo, aliada firme de Boric, militante del PC y ministra vocera del gobierno, en sus días de parlamentaria planteó que “cuando los conflictos se manejan como una guerra, no hay paz y solo derramamiento de sangre…

Usen la inteligencia y no las armas”, reclamó. El propio presidente, en su función previa de legislador, rechazó constantemente el aval parlamentario para la excepción constitucional que pedía Piñera.

Boric llegó al poder convencido de que el camino era una discusión concluyente con las comunidades originarias. Y les brindó señales como la edificación de una visión plurinacional en la nueva Constitución. Pero del otro lado no hay un debate ideológico y menos interés por negociar. La ministra de Interior, Izkia Siches, fue recibida a balazos cuando, recién asumida, viajó a la comunidad Temucuicui, en Ercilla, con el diálogo bajo el brazo. Aquel hecho contundente fue el sello de cómo caminaría esta disputa. Al extremo de que el diario La Tercera, señaló que el gobierno “maneja cifras alarmantes respecto del aumento de los hechos de violencia en la zona”.

En esa frecuencia de todo o nada , el líder de la autodenominada Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, se montó en la ingenuidad del gobierno con un llamado a “la resistencia armada” y descalificó a Boric como “lacayo” nada menos que de la dictadura militar. Un senador comunista, Daniel Núñez, debió reconocer su incomodidad porque estas organizaciones no dieran la menor posibilidad de que el gobierno desplegara sus propuestas. E hizo una significativa comparación al sostener que “cuando los movimientos de carácter étnico o nacionalista se radicalizan, llegamos a callejones como en España, con la ETA”. Quedó a milímetros de la caracterización de terrorismo de la que escapa Boric, pero que es la usual en el centro y la derecha para definir lo que ocurre en esas regiones desde hace años. En su visión más dura, este conflicto tiene ciertamente el formato de una guerra separatista sobre un territorio que incluye a gran parte de la Patagonia argentina.

El otro desafío que complica a Chile, y al propio presidente por el enorme depósito de capital político que ha comprometido, es el trámite accidentado de la Constitución. El 4 de setiembre se realizará un referéndum, el llamado “plebiscito de salida”, que determinará si la ciudadanía acuerda con el contenido de la nueva Carta Magna. Pero si esa iniciativa tuvo un respaldo del 80% en octubre de 2020, las últimas encuestas (i.e. Pulso Ciudadano)

alertan sobre un rechazo de 45,6%, con solo 27,1% entre quienes la aprobarían. Los que no saben/no contestan compiten con ese último registro con el 27.4%. La desconfianza hacia los convencionales, supera el 50%.

La nueva Carta, que debería estar concluida el 5 de julio, reemplazará a la legada por la dictadura pinochetista. El motor de la refundación es la demanda generalizada para corregir

deformaciones asfixiantes en el modelo de acumulación chileno de altísima concentración y que filtra las posibilidades de educación o salud de las mayorías. Pero el proyecto nació con una cojera: los partidos de derecha y de centroizquierda obtuvieron una representación menor a la esperada. Los independientes, en cambio lograron un amplio bloque, reflejo del repudio a la política tradicional, pero se disolvieron rápidamente. Quienes quedaron, operaron con “la falsa ilusión de que esto se podría hacer sin la derecha, sin el centro y parte de la centro izquierda”, como señaló a la BBC la activista política Javiera Parada, critica de la polarización en el proceso.

Una de las iniciativas que se aprobó sin el apoyo de la derecha ni del centro izquierda, es, por ejemplo, el “pluralismo jurídico”, que permite crear tribunales para los pueblos indígenas que coexistirían en un “plano de igualdad” con el Sistema Nacional de Justicia. Para sus críticos esa medida viola la igualdad ante la ley. La violencia que jaquea el Sur chileno donde regiría particularmente ese código, agrega dosis de contaminación a iniciativas de esa índole en un país donde la inflación y la delincuencia demandan atención prioritaria antes que esos otros debates. Razones, posiblemente, de la pronunciada y veloz caída de la figura de Boric en los sondeos.

Otra dato explosivo que lastra la gestión de la nueva Constitución, es la decisión de concluir con 200 años de vigencia del Senado y coronar en su lugar una suerte de Cámara de Regiones. La centroderecha y la derecha, pero también el socialismo, es decir mucho más de la mitad del electorado chileno, objetaron esa invención que fue condenada como absurda por figuras relevantes como Isabel Allende, la hija del mítico Salvador Allende.

Esos tropiezos no garantizan el fracaso del proyecto constitucional. Votar en contra, para muchos, implicaría el disgusto de mantener vigente la Carta pinochetista. A esa incomodidad apuesta Boric. Pero tampoco es descartable un revés como el que le acaba de suceder con el conflicto mapuche. Boric deberá comprender que estas incertidumbres emergen de la novedad de una fuerte cautela que reclama ser escuchada y que modera el mensaje de la rebelión de 2019. Pero también a los hijos de ese proceso. Nada es como antes. Tampoco las ilusiones. Crecer de golpe.w

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La orden de militarizar el Sur del país es un golpe político e idológico para Boric, que se enfrenta a los límites de la realidad