Expulsan a Perú a “Marcos”, el histórico jefe narco de la Villa 1-11-14 de Bajo Flores
Estrada Gonzáles cumplió la mitad de su pena de 27 años. Será enviado en un avión con destino a Lima.
En nueve carillas, la Justicia Federal tomó una decisión que hasta hace pocos años parecía imposible de concretar: ordenó expulsar de la Argentina al narco peruano Marco Estrada Gonzáles (60), alias “Marcos”, preso en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y condenado a 27 años de prisión por liderar una de las organizaciones de venta de drogas mejor estructuradas del país.
Capo absoluto de la venta de cocaína, paco y pasta base en la Villa 1-1114 del Bajo Flores, “Marcos” siempre se había resistido a la expulsión. Incluso, en un proceso abierto en la Justicia Contencioso Administrativa -a instancias de la Procuraduría de Naro criminalidad (PROCUNAR)- había hecho todo lo posible para que no lo echaran de la Argentina.
Era 2014 y la Dirección Nacional de Migraciones había sacado una resolución cancelándole la “radicación permanente” de la que gozaba, “declarando irregular su permanencia en el territorio nacional” y ordenando su expulsión del país y su reingreso “con caracter de permanente”.
En ese proceso, la Justicia falló en su contra. Pero no se lo pudo expulsar entonces porque aun pesaba sobre él una causa penal. Fue esa causa en la que, en plena pandemia, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Capital lo condenó a 27 años de prisión. En el mismo juicio, su esposa, Silvana Salazar, recibió una pena de 18 años y también fueron condenados otros 36 miembros de la banda. Fue una sentencia que Estrada no esperaba y que le hizo recalcular sus planes.
Luego del veredicto -en noviembre de 2020- cambió su estrategia y se propuso regresar a Perú junto a su familia. Allí vive su hermano Fernando (alias “Pity”), con quien compartió siempre la cúpula de la organización y que está prófugo de la Justicia argentina desde hace una década.
Un paso determinante en este plan de dejar la Argentina ocurrió el pasado jueves 19, cuando el juez federal Javier Ríos (presidente del TOF 3 y encargado de seguir la ejecución de la pena de “Marcos”) resolvió dar luz verde a la expulsión.
La medida había sido pedida por la defensa de Estrada Gonzáles y contaba con el OK de la Fiscalía de juicio -a cargo de Diego Velasco- y de la PROCUNAR, que ya había impulsado el proceso de 2014.
Para los fiscales, el objetivo de sacar a Marco del país es claro: luego de cuatro condenas y de pasar largos años en la cárcel, el Estado no logró desbaratar su poder en el Bajo Flores. Estrada Gonzáles logra manejar todo detrás de las rejas. Por eso es mejor que se vaya lo más lejos posible.
Las cosas no fueron tan sencillas. Hizo falta que Estrada Gonzáles cumpliera la mitad de la pena impuesta, que vencerá el 14 de septiembre de 2034 y, si decide volver a la Argentina, deberá cumplirla en su totalidad.
“Marcos” pudo redondear los números de su cómputo como preso gracias a algunos cursos, que le dieron crédito para disminuir algunos meses de encierro. También pagó la multa que pesaba sobre él, una cifra apenas simbólica: 45.250 pesos.
Para Marco Estrada Gonzáles, la condena de octubre del 2020 no fue la primera, pero sí la más dura. Una primera investigación iniciada a fines de los años ‘90 terminó en 2004 con una pena de cuatro años y dos meses de prisión, sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2.
La calificación de entonces fue “organizador de una asociación ilícita, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de intervinientes y acopio de armas y municiones de guerra”.
Los dos procesos más grandes en su contra por narcotráfico -el primero llevó a su pedido de captura internacional y detención en Asunción del Paraguay, en 2007- se cerraron con dos juicios abreviados, de seis años de prisión cada uno. Fueron en 2012 y 2013 y terminaron con una pena única de diez años de prisión.
“Marcos” fue a la cárcel pero gracias a una serie de cursos tomados intramuros (finalizó el colegio secundario y estudio Mecánica) consiguió la libertad condicional en febrero de 2014. Entonces se mudó con su familia al barrio privado La Celia, en Ezeiza, donde vivía el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados. En su dúplex de La Celia lo fueron a buscar para apresarlo otra vez, el 16 de diciembre de 2016.
“Marcos” maneja una zona de 7 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires. Todos saben que el lugar es controlado por “Marcos” y ”Pity”, su hermano mayor, prófugo. “En esas 7 hectáreas rige otra ley, su ley”, dijo en su alegato Diego Velasco y resaltó que, en el territorio de Estrada Gonzáles, “el Estado fue haciendo cosas pero tuvo y tiene muchas dificultades para ser efectivo”. El fiscal puso ejemplos: cuando la banda colocó barricadas en los accesos para que no pudieran pasar patrulleros y fuera necesario aminorar la velocidad en las zonas de venta. El Gobierno de la Ciudad las sacó, pero los narcos las reemplazaron por latas de 10 litros rellenas con cemento. Además, cuando instalaron cámaras para filmarlos y aparecieron pasacalles con leyendas sobre festividades inexistentes, ubicados estratégicamente para tapar la visión hacia los puestos de comercialización.
“Marcos” se va, pero el problema del trafico en la 1-11-14 está lejos de estar solucionado. Su desaparición del mapa (si se concreta) ya empezó a generar una serie de muertos en la puja por el territorio y la jefatura.■