No se probó que el macrismo haya presionado a Cristóbal López
La Cámara Federal porteña destacó que, hasta ahora, no están probadas las supuestas presiones del macrismo a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, al revocar por prematuro el sobreseimiento del ex titular de la AFIP en el macrismo, Leandro Cuccioli. Los empresarios K intentan involucrar en el caso al ex presidente Mauricio Macri.
En otra resolución firmada hoy en el marco de la misma causa, el Tribunal de Apelaciones revocó los procesamientos por presunta "tentativa de extorsión" del empresario Orlando "Orly" Terranova y otros dos imputados, Gustavo Casir y Gerardo Molinario por entender que no está probado el delito. En el caso de Cuccioli, la jueza federal María Servini que investiga la denuncia le había dictado el sobreseimiento pero esta decisión fue apelada por la querella de los empresarios López y De Sousa y la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán.
El tribunal explicó que en el caso de Cuccioli "se tiene en cuenta que el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado", advirtieron los camaristas y por eso su dictado "reclama la existencia de certeza". Es jurisprudencia de la cámara agotar las medidas de prueba antes de dictar un sobreseimiento.
Cuccioli está imputado por supuestamente "haber impedido -según esos acusadores, de modo arbitrario y delictivoa las empresas "South Media Ivestments SA", "DH COM SA", "Ideas del Sur SA", "Telepiú SA" y "Votionis SA" acceder al régimen de facilidades de pago de carácter general para "Micro, Pequeñas y Medianas Empresas inscriptas en el Registro de MiPymes" contemplado por Resolución General n° 4557/2019 de la AFIP". Se trata de las empresas que manejan los medios K C5N y radio Diez, entre otros.
En un fallo de la sala I de ese tribunal de alzada, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia (Eduardo Farah y Roberto Boico están inhibidos de intervenir), se sostuvo que no se encontraba probada la hipótesis de “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo".
Se trata de una posición que enmarca la investigación que realiza la jueza federal María Servini, quien pidió una serie de medidas de prueba que incluyó cruzamientos telefónicos.
Para el tribunal, no se probó que durante el macrismo hubo "abuso funcional y desvío de intereses" y que se "habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil" al empresario Osvaldo Terranova.
Según Cristóbal López fue víctima de un supuesto complot "como consecuencia de su negativa al pedido expreso del entonces candidato a Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que las empresas de medios del Grupo Indalo estuviesen a su disposición para encarcelar a la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.
La cámara descartó esa tesis del empresario K y dijo en el 2015: “era público y notorio, poseían deudas de diferente tenor, procesos concursales en curso y cuyos titulares estaban siendo juzgados en sede penal por esos mismos hechos, a los cuales se había otorgado interés institucional".
En ese sentido, recordó que existieron tratativas abogados de las partes y grupos de trabajo de las empresas y que la valuación de los activos más significativos del Grupo Indalo, según lo consignado en un anexo de la “Carta Oferta”, era de US$ 679.000.000".
"No fue alegado ni menos probado que ese valor fuese “vil” o inferior al normal de mercado", como decían los querellantes, resaltó la cámara al explicar por que no fue un intento de compara a un presión bajo.w