Los vecinos porteños somos de segunda litigando
Desde la vigencia de la reforma constitucional d 1994, la Ciudad de Buenos Aires goza de autonomía (art. 129) Así fue organizando todas sus instituciones, empezando por su Constitución, que es la más avanzada y progresista (incorpora garantías referidas a género de las personas, derechos ambientales, derechos colectivos, amparos, etc.). Se organizaron también los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales.
La Justicia no federal –penal, laboral, civil y comercial- se presentaba como “nacional” hasta 1994. Como todas las provincias han organizado su propia Justicia (art. 5° de la CN) y sus procedimientos, la Ciudad cuenta ya con su poder judicial que incluye el Tribunal Superior de Justicia y por motivos operativos aún no le ha sido transferido la llamada “Justicia nacional”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pacíficamente dicho que solo es sentencia definitiva a los efectos de interponer recursos ante el máximo tribunal la dictada por el Tribunal Superior de cada jurisdicción. Un litigante de cualquier provincia tiene el pleno derecho de requerir a la corte local que entienda en sus recursos previo a la Suprema Corte Nacional.
A casi treinta años de reconocida la autonomía porteña, sus vecinos no tienen acceso al tratamiento por parte de la Justicia local de sus reclamos cuando entiendan que sus derechos garantizados por las constituciones han sido conculcados.
El litigante del Conurbano puede ocurrir ante el máximo Tribunal de la Provincia. La mera falta de un convenio de traspaso de edificios, cercena los derechos de los vecinos de la Ciudad otorgados por normas constitucionales hace, largamente, más de veinte años.
Esta anómala situación fue advertida por Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, quién se declaró competente para entender en un recurso contra una sentencia dictada por la Justicia civil llamada todavía nacional, no siendo federal.
La “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional” se opuso a la decisión de la Corte de la Ciudad sosteniendo en una solicitada la falta de un convenio de traspaso de la Justicia (en realidad de los edificios). Además agrega un argumento político: “…Si la pretensión se fundara en deseos de los sectores del poder económico concentrado en cuanto a limitar la jurisprudencia y criterios del fuero laboral y alargar sus juicios en favor de los demandados, un grave daño social a cientos de miles de trabajadores y sus familias…”.
No existe ningún antecedente apoyando esta temeraria afirmación. En decenas de juicios promovidos por periodistas contra el canal oficial de televisión –por sumas más que millonariaslos defensores de los erarios públicos debieron haber tentado los remedios procesales ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad, defendiendo los derechos de la mayoría aportante frente a un puñado de litigantes.
La cuestión espera la decisión de la Corte Nacional y los vecinos porteños los derechos que tienen el resto de quienes litigan en las provincias, agregando que la Constitución de la Ciudad otorga mayores garantías.
También se dejarían de acumular juicios por recursos extraordinarios ante la Corte Nacional, ayudando a la misma a concentrarse en los casos que tienen otra trascendencia. ■