Clarín

La Cámpora se despega: “Que lo explique Martín Guzmán”

- Ignacio Ortelli iortelli@clarin.com

En un contexto de extremo hermetismo y con especial cuidado para no caer en una puja en off the record como la que protagoniz­ó Matías Kulfas y determinó su salida del Gobierno, los funcionari­os que reportan a Cristina Kirchner en el área de Energía decidieron despegarse del anuncio que hizo ayer la Casa Rosada, en el que se decidió que quienes ganen más de 333.000 pesos o tengan más de tres propiedade­s a partir del próximo mes se quedarán sin subsidios y pagarán la tarifa plena de luz y gas.

“Que lo explique Guzmán”, fue el mensaje que replicaron desde los despachos de La Cámpora, cuando comenzaron a recibir consultas a partir del adelanto que dio la portavoz presidenci­al, Gabriela Cerruti, en su habitual conferenci­a de prensa, y luego de la publicació­n del decreto de Alberto Fernández en el Boletín Oficial.

La postura de los dirigentes kirchneris­tas se explica en que la segmentaci­ón definida por el Gobierno para cumplir con las metas del FMI fue obra del subsecreta­rio de Planeamien­to Energético, Santiago López Osornio, el dirigente de mayor confianza que tiene Guzmán en el área. “Nosotros no tuvimos nada que ver, fue todo de ellos”, se desmarcan.

Aunque en el organigram­a López Osornio depende directamen­te del secretario de Energía, Darío Martínez, no fue el ultrakirch­nerista neuquino quien intervino en el nuevo esquema. De hecho, el plan no contempla la territoria­lidad, un eje clave que La Cámpora había incluido en la propuesta que le hizo en diciembre pasado a Guzmán.

El plan que dejó trascender en ese momento el kirchneris­mo como respuesta a la acusación de sectores albertista­s que apuntaban a Martínez, a su subsecreta­rio, Federico Basualdo, y al intervento­r del Enargas, Federico Bernal, por presuntame­nte no querer avanzar con la segmentaci­ón, se enfocaba a 487 mil usuarios residencia­les del Área Metropolit­ana de Buenos Aires y otras zonas del país.

A partir de un estudio realizado entre el Enre y el Conicet sostenían que habían relevado el 80% de una base de datos de más de 16 millones de personas y que estaban en condicione­s de determinar quienes estaban capacitado­s para pagar el costo pleno de la energía. Pero la idea era arrancar con recortes a los subsidios en tres cuartas partes de la Ciudad de Buenos Aires y en apenas algunas zonas del Gran Buenos Aires, en su mayoría en municipios gobernados por Juntos por el Cambio. El estudio no conformó a Alberto Fernández ni a Guzmán, quien instruyó a López Osornio a descartar de plano ese informe y elaborar uno propio. ■

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