Narcotráfico, guerrilla e inmigración, los desafíos del próximo gobierno
El próximo gobierno de Colombia recibirá un país que arde en sus extremos. Aunque la violencia haya perdido protagonismo en esta campaña presidencial, los grupos armados que lucran con el narcotráfico avanzaron significativamente en los últimos años sobre las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá.
El pacto de paz de 2016 con la guerrilla FARC mermó la violencia y abrió campo para nuevos temas electorales, pero el desangre no cesa: en 2021 el país registró la tasa de homicidios más alta desde 2014, casi 28 asesinados por cada 100.000 habitantes, según el ministerio de Defensa.
El vencedor del balotaje entre el senador y exguerrillero Gustavo Petro y la sorpresa de la campaña, el populista de derecha Rodolfo Hernández, “recibe unas fronteras cuyos contextos de seguridad se han deteriorado a lo largo de los últimos cuatro años”, cuenta Jorge Mantilla, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.
Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo, pese a cumplir con las metas de erradicación de narcocultivos año tras año. Según el informe más reciente de la Casa Blanca, en 2020 el país alcanzó una producción récord de 1.100 toneladas métricas de polvo blanco. La mayoría se procesa y exporta en los límites con Venezuela y Ecuador.
En esta última frontera, el ejército ha abatido a varios cabecillas disidentes del pacto de paz con las FARC que controlan las rutas del narcotráfico. Esta semana cayó el jefe narco “alias Mayimbú”, señalado de asesinar líderes locales y de tener alianzas con carteles mexicanos. Pero su muerte “es algo episódico que no cambia en nada la dinámica” del narco, indica el coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro.
Para romper las cadenas del negocio, Mantilla propone retomar la erradicación voluntaria de plantas de coca a cambio de beneficios económicos. La iniciativa era parte del acuerdo de paz, pero pasó a un segundo plano en el gobierno de Iván Duque que favoreció la eliminación de narcocultivos por la fuerza. Expertos señalan que la feroz cacería de grupos ilegales ha provocado también hechos sangrientos.
Los grupos armados mutaron, diversificaron sus negocios sin dejar atrás la cocaína. En la porosa línea de 2.200 km que separa a Colombia de Venezuela, el ELN -última guerrilla reconocida de Colombia-, grupos disidentes y narcos “se han impuesto como autoridades migratorias y de frontera” ante los cierres frecuentes en los pasos oficiales debido a la pandemia y las tensiones entre ambos países, señala Mantilla. Y en las espesas selvas fronterizas con Panamá, el Clan del Golfo que lideraba el extraditado capo Otoniel se enriquece con el tráfico de migrantes que van hacia Norteamérica.
Según la experta, el ELN también lucra con minas de oro en territorio venezolano. Y del lado colombiano, “la gente les teme, pero aceptan que estén ahí porque dan víveres y este tipo de cosas”, apunta Cabezas.
Petro y Hernández coinciden en retomar relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019, cuando Duque reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente de ese país. Desde entonces, Bogotá acusa a Nicolás Maduro de brindar refugio a los grupos armados que operan en la frontera, mientras Caracas señala a Colombia de complotar contra el gobierno chavista. ■