Se abre una etapa novedosa
Unconjunto de once millones de colombianos consagró presidente a Gustavo Petro el domingo pasado. Y generó de este modo la posibilidad de constituir un gobierno que altere la tradición bipartidista y conservadora de esta tormentosa esquina de Sudamérica. Porque Petro, a diferencia de sus otras campañas, supo sintonizar en ambas rondas electorales el fastidio y la búsqueda de cambios que venían expresando la población de Bogotá, Cali y otras ciudades importantes de la costa atlántica, el pacífico, el sur y el suroeste del país.
Y a través de un discurso metódico, pausado, no desprovisto de conceptos, fue ensanchando poco a poco las bases de apoyo de su coalición, el Pacto Histórico, para captar la mayoría de una sociedad que, según los últimos sondeos, se define de centro, desconfía de los políticos tradicionales y de casi todas las instituciones y señala a la corrupción como su principal inquietud. Aparte de sentirse defraudada por el uribista Iván Duque, el mandatario saliente, y las administraciones que se sucedieron en lo que va de este siglo.
Gustavo Petro, economista de 62 años, y su vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer negra, activista ambiental, feminista y de origen humilde que llegará a la cima del poder ejecutivo, han prometido modernizar y fortalecer la industria, la agricultura, la educación pública, las jubilaciones y la distribución del ingreso. También, restablecer relaciones con Venezuela.
Pero no será una tarea sencilla tomando en cuenta que, si bien el Pacto Histórico ganó peso propio en los comicios de marzo, la composición del Congreso estará altamente fragmentada y en manos de liberales, conservadores y partidarios de Álvaro Uribe.
Máxime si quiere afrontar algunas cuestiones de fuste: como la promesa de gravar los activos improductivos de las empresas y familias más ricas, proteger la foresta amazónica, disminuir los latifundios y atenuar los problemas sociales que agudizó la pandemia.
O bien, cumplir y ampliar los acuerdos de paz que en 2016 se firmaron con la guerrilla de la FARC y modificar la política antidrogas en consonancia con los Estados Unidos (EE.UU.).
Colombia es el segundo país de habla hispana, la cuarta economía más grande de América Latina, forma parte de las naciones emergentes con alto potencial de desarrollo y tiene firmados diversos tratados de libre comercio, en especial con los EE.UU. que la considera su mejor socia en el subcontinente y la acaba de declarar aliada principal extra Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Sus puntos fuertes, además del consumo interno, lo constituyen las exportaciones de petróleo, carbón, café, oro y flores de corte. Y debido a los altos precios internacionales de estos productos, la inversión extranjera y cierto orden fiscal y monetario mantuvo un crecimiento razonable en la última década.
Sin embargo, sus grados de pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad laboral son enormes. Al punto que las estadísticas de 2021, en plena ola de Covid-19, revelaron que la mitad de los habitantes vivía en la indigencia o con necesidades básicas insatisfechas.
Cabe recordar, por cierto, que entre abril y junio de 2021 se produjo una serie de alzamientos populares que fueron duramente reprimidos al extremo de causar decenas de víctimas. El descontento, de mayor magnitud del que se había expresado en 2019 y 2020, comenzó por el proyecto de ajuste de Iván Duque que, en aras de financiar el gasto, contemplaba subas de impuestos para los servicios públicos y los productos de la canasta familiar.
Y las manifestaciones se extendieron en forma gradual desde Cali a todo el territorio. En las que miles de jóvenes, opuestos a replicar la vida miserable de sus padres, enunciaron reclamos por falta de empleos, bajos salarios y otros anhelos de justicia y reparación que continúan vigentes y han sido telón de fondo del proceso electoral que concluyó en estos días.
Como también lo fue el resurgir violento de facciones guerrilleras, de paramilitares y, en particular, de narcotraficantes que tratan de imponer el terror del mismo modo que lo hacía Pablo Escobar. De hecho, el Clan del Golfo bloqueó semanas atrás las carreteras, los colegios y las tiendas de numerosos pueblos en represalia por la extradición de su máximo jefe a los EEUU.
Aun así, que Colombia haya concretado estas elecciones sin los magnicidios ni los fraudes que tanto la asolaron hasta fines del siglo pasado representa un paso adelante en su frágil sistema democrático.
Petro y Márquez tienen diversos retos por delante. En particular, atender el proceso pacificador y las demandas sociales con recursos escasos en un marco político tremendamente polarizado. Pero al considerar su agenda y el tono equitativo y humanitario de sus declaraciones se podría inferir, citando al gran Gabo, que en esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas está a punto de comenzar un tiempo novedoso y positivo.