Estados demócratas resisten el fallo de la Corte sobre el uso de armas en EE.UU.
Los gobernadores se proponen endurecer las normas y evitar la proliferación de armas tras las matanzas.
De California a Nueva York, los estados gobernados por demócratas Estados Unidos enfrentan la decisión de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, de reafirmar el derecho a portar armas fuera del hogar.
Gavin Newsom, gobernador de California, el estado más poblado del país, fustigó en Twitter una decisión “vergonzosa” y “peligrosa”. La sentencia del máximo tribunal estadounidense, escribió, puede “fomentar un programa de ideología radical”, al tiempo que limita “los derechos de los estados de proteger a sus ciudadanos del riesgo de ser baleados en la calle, en la escuela, en la iglesia”.
Newsom se propone endurecer la legislación californiana contra las armas de fuego. Según anunció en un comunicado, firmará “la próxima semana 16 nuevas leyes en materia de seguridad, una de las cuales permitirá a los ciudadanos presentar denuncias contra los fabricantes y vendedores de armas de fuego”.
La gobernadora demócrata de Nueva York -el cuarto estado más poblado de la Unión, con 20 millones de habitantes-, Kathy Hochul, fue a su vez la primera que en la mañana del jueves protestó contra la decisión del alto tribunal, a la que calificó de “absolutamente escandalosa”. Hochul también habló de un “día negro” para los partidarios de una legislación más estricta sobre las armas.
La Corte Suprema, integrada mayoritariamente por magistrados conservadores, eliminó las “restricciones” al porte de armas contempladas en una ley del estado de Nueva York.
Lo hizo a pesar de una reciente serie de matanzas con numerosos víctimas, incluidas dos en mayo: una en Buffalo, donde fallecieron 10 afroamericanos, y otra una escuela de Texas donde hubo 21 muertos, entre ellos 19 niños.
La ley de Nueva York, vigente desde 1913, exigía que una persona probase que realmente tenía una “causa debida” o necesidad de defensa propia para portar un arma en público.
Otros estados “liberales” y “progresistas”, como Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Hawái y el distrito de Columbia -la capital Washington-, exigirán licencias del mismo tipo que las establecidas en Nueva York para portar armas.
En California, la emisión de este permiso depende de los alguaciles y la policía local. Es más fácil obtener una licencia en un condado republicano rural que en San Francisco, una de las ciudades más “progresistas” de Estados Unidos.
La impactante decisión de la Corte Suprema no anula de inmediato las leyes locales que restringen el porte de armas, pero ciertamente provocará múltiples acciones legales.
“Habrá un juego del gato y el ratón que será interesante observar” entre progresistas y conservadores, pronostica Jeffrey Fagan, profesor de derecho en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Keechant Sewell, jefa del poderoso Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), encargada de implementar la agenda anti-armas del alcalde Eric Adams, advirtió que cualquier persona que “porte un arma ilegalmente en la ciudad de Nueva York será arrestado”.
Y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ya prometió “nuevas leyes de armas con las medidas más duras posibles que mitiguen el daño causado hoy”.
Brian Froch, fiscal general de Maryland, subrayó que la legislación local, muy restrictiva respecto a las armas de fuego, condujo a “una reducción de la violencia”. Froch se ha comprometido a “seguir luchando para proteger la seguridad de la gente de Maryland”.
Maura Healey, procuradora general de Massachusetts, afirmó algo similar. Este estado de Nueva Inglaterra, dijo, “tiene una de las tasas más bajas de muertes por armas de fuego del país porque se sabe que las leyes estrictas salvan vidas”.
En este contexto, el Senado aprobó el jueves por la noche un proyecto de ley apoyado por legisladores de los dos partidos principales que establece restricciones al acceso a armas de fuego y destina miles de millones de dólares para financiar la salud mental y la seguridad en las escuelas. El proyecto, aprobado por 65 votos -incluidos quince republicanos- contra 33, tiene todas las posibilidades de ser ratificado por la Cámara Baja. ■