Cristina va tejiendo otra crisis
Cristina Fernández y el kirchnerismo creen estar en el ojo de una tormenta. Sin avizorar algún horizonte despejado. Existen dos razones para semejante preocupación. En primer término, la Justicia: allí permanecen varias de sus causas de corrupción; también, la investigación que la desvela sobre el fallido atentado del que fue víctima el primer día de septiembre.
En segundo lugar, figura la inflación que la indujo después de casi dos meses de silencio a realizar su primera advertencia pública a Sergio Massa. Según la vicepresidenta, el núcleo del problema sería la condescendencia del ministro y su equipo con las empresas de la industria alimentaria. La mayor incidencia en el índice de agosto (7%) fue producto de la ropa y los bienes y servicios. Se trata de un problema estructural.
Es conocida la tendencia de Cristina a observar la realidad con anteojeras. Cabe un interrogante: ¿por qué motivo irrumpió ahora con el alza de los precios cuyo último registro no ha sido precisamente el peor? Le preocupan muchísimo dos cosas. También a su hijo, el diputado Máximo Kirchner. El último informe del Indec sobre pobreza (36,5%) denuncia una brecha llamativa con el desempleo moderado (6,9%). Es decir, habría cantidad de personas que, aún con trabajo, viven en la pobreza. Precarización laboral, insuficiencia salarial e inflación que carcome los ingresos. Será difícil, de ese modo, pensar en un triunfo el 2023.
Se descubren, por otro lado, señales de descomposición social, de hartazgo violento. Podrían tornarse incontrolables si continuaran escalando. Varias experiencias en la región (Chile, Ecuador, Colombia) enseñaron que las revueltas populares suelen hacer eclosión cuando se afecta el bolsillo.
Lo llamativo, en este caso, es que algunas de las conductas anárquicas que pueden observarse son espoleadas por el propio kirchnerismo. Una de ellas, las tomas por parte de los alumnos de varios colegios en la Ciudad. Puede que existan las fallas edilicias y de alimentación que se argumentan. ¿Es la prepotencia el método adecuado para una solución? ¿O existen otras intenciones? ¿Cómo entender que algunas autoridades de los establecimientos educativos se hayan sumado con arengas politizadas a las protestas? ¿O pretendido exculparse al explicar públicamente que habían sido “notificados” por los alumnos sobre las ocupaciones? La pérdida del equilibrio imprescindible entre el ejercicio de la autoridad y la demanda no parece un rasgo saludable para el funcionamiento del sistema.
Corriendo el velo a ese episodio cabría interpelar: ¿los déficits suceden únicamente en escuelas de la Ciudad? ¿Las del Conurbano se pueden asimilar, por ejemplo, a Escandinavia? Resulta imposible desligar aquellas tomas de un desafío político a Horacio Rodríguez Larreta. El jefe porteño está jugando la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio desde el distrito “más opulento”, de acuerdo con la percepción kirchnerista. Las caretas se cayeron cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó un habeas corpus denunciando supuesto acecho policial a los alumnos. Y Axel Kicillof intercedió con chicanas.
Rodríguez Larreta intenta siempre seleccionar a sus adversarios. Pactó manso con Pablo Moyano, el secretario díscolo de la Confederación General del Trabajo (CGT), indemnizaciones millonarias para los trabajadores de los camioneros por la estatización del sistema de acarreos en la Ciudad. Programó con su ministra de Educación, Soledad Acuña, enfrentar los retos escolares prometiendo una sanción económica para los padres de los alumnos que convalidan tomas. El manejo educativo, en especial a partir de la pandemia, constituyó una pulseada que el jefe porteño le supo ganar con claridad al kirchnerismo. De allí su tentación de aprovechar el conflicto. Con una fórmula –el presunto castigo a los padres—que encerraría de verdad más humo que fuego.
Otros fenómenos que alteran la paz social de la Argentina también tienen relación con el poder. No como derivación de alguna acción perversa. Sí, como consecuencia de la mala gestión. O la inacción. Sería igual. El ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, parece desentendido de problemas gravísimos. La violencia de grupos autoproclamados mapuches en la Patagonia. Esta semana atacaron, ni más ni menos, que una posta de Gendarmería. Coparon hectáreas que no tenían. El panorama se empieza a familiarizar con lo que ocurre en el sur de Chile. Gabriel Boric, el mandatario trasandino, había promovido un trato con los mapuches mediante el diálogo. Debió militarizar gran parte de la Araucanía.
Continúa además sin interferencias la expansión del narcotráfico. Con epicentro en Rosario, que lleva 218 muertos en lo que va del año. Impunemente fue tiroteada la guardia en el principal edificio de los Tribunales Federales de aquella ciudad. El Gobierno nacional asoma ausente, sin reparar la filtración que el comercio de la droga despliega en todo el país desde el corredor norte. Esa ausencia, que es la del Estado, contó con otra fotografía de salvajismo y anarquía: la de los hinchas de Talleres que en su viaje a Chaco despejaron a los tiros un piquete del Polo Obrero en una ruta provincial. No hubo en las cercanías ninguna autoridad.
Donde el Gobierno está presente tampoco le va de maravillas. Una zona neural de la Ciudad fue de nuevo sitiada por los acampes de las organizaciones sociales. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, no sabe qué hacer porque la tijera del ministro de Economía le impide satisfacer el reclamo de nuevos planes. Se trata de un punto muerto que el poder es impotente para transformar. Hay un agotamiento del relato y el mecanismo. Hace más de un año que se repite que se cambiará la ayuda por trabajo. El ciclo de Zabaleta está concluido. Antes o después regresará a Hurlingham.
El conflicto con el sindicato de los neumáticos (SUTNA) delató las incompetencias e inbonaerenses: ternas en el Gobierno. Fue un pleito cuya salida demandó más de cinco meses. Afectó a un sector de casi 180 mil trabajadores, donde se incluye a la industria automotriz. En el último tramo de la negociación terció Massa, dispuesto a enfrentar al gremio conducido por el Polo Obrero. Amenazó con abrir las importaciones. Tuvo la solidaridad de la UOM y SMATA, ambos cegetistas. En paralelo, Pablo Moyano hizo discretas gestiones para incorporar a SUTNA a la central obrera. El hijo de Hugo sigue cerca de Máximo. El hijo de la vicepresidenta sigue apañando al ministro de Economía. Con justificaciones que escucharon sorprendidos un grupo de intendentes
¿Era necesaria la advertencia pública de la vice a Massa por la suba en los alimentos? ¿No tienen un diálogo fluido y frecuente? Son los primeros enigmas de otro ciclo en el Gobierno. Que persiste con la mala gestión y desatiende conflictos graves.
“Entiendan, la herencia que dejó Guzmán (Martín) es calamitosa”, afirmó. En esa ecuación afloran términos que no estarían encajando.
Pablo Moyano es muy crítico del rumbo que Massa le imprime a la economía. Promete batalla. Alberto Fernández asoma como mediador. Suerte de cardenal Samoré (Antonio) devaluado. Esa parece sólo la punta de un iceberg que se prolonga en las profundidades. La advertencia de Cristina sobre la industria alimentaria no deja lugar a confusiones. Menos, todavía, la reaparición del viceministro de Economía que pudo asumir su cargo solo después de pedir perdón por sus históricas críticas al kirchnerismo.
Gabriel Rubinstein volvió a manipular una daga cuando replicó las demandas de Cristina. ¿Lo hizo sin el consentimiento de Massa?
En el círculo del titular de Economía garantizan que así fue. Primero dijo que los márgenes de ganancias empresarias más altos que los normales (achaque que hace la vicepresidenta y repica el kirchnerismo) se mantendrán hasta que no logre ordenarse la macroeconomía. Pidió entonces “volver a la macro” de los años 2003-05. Recordó que, entonces, el superávit primario era el 3% del PBI, había superávit externo, dólar único, inflación de 5% anual sin control de precios y 40 mil millones de reservas netas en el Banco Central.
La enumeración económica no debería ocultar el trasfondo político. Rubinstein reivindicó los dos primeros años de gestión de Néstor Kirchner. Coincidentes con la presencia de Roberto Lavagna. Ignoró los mandatos de Cristina. Afrenta que el kirchnerismo no sería capaz de tolerar. Esa disputa, con las dificultades que se avecinan, difícilmente deje de escalar.
El interrogante es saber si ese proceso convergerá con el progreso de las causas judiciales de Cristina. Ella y su equipo tienen una prioridad: lograr que se demuestre que el atentado fallido del que resultó víctima posee terminales políticas y financieras de envergadura. No alcanza con los responsables y detenidos hasta hoy para cerrar el círculo de su relato. Consiste en demostrar que el juicio por la obra pública y otras causas de corrupción se enmarcan junto al atentado en la búsqueda literal de su destrucción.
El desafío no resulta sencillo. Cristina, por caso, ligó el atentado con el alegato del fiscal Diego Luciani que pidió 12 años de prisión. La jueza María Eugenia Capuchetti corroboró que los diálogos entre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, a propósito del tema, comenzaron a partir de julio. Tres meses antes.
La logística económica, por lo conocido, también asoma débil. Se detectó entre el “grupo de los copitos” un movimiento de dinero en negro cercano a $ 1.700.000. Cerca de US$ 5500. No pareciera una suma adecuada a una gran organización.
La jueza indaga en la custodia de la vicepresidenta y en la actuación de la Policía Federal. Cristina y sus abogados enfocan desde un primer momento a la Policía de la Ciudad. Sus movimientos los días en que colocaron las vallas de la discordia en Juncal y Uruguay. Detrás de ese objetivo estaría Rodríguez Larreta. Estaría el PRO. Epílogo perfecto para su narración.