La integración no debe hacer la vista gorda
Escuchamos, en la inauguración de la conferencia de la Celac, la semana pasada, los discursos de los presidentes Lacalle y Boric. Ambos se refirieron a una cuestión que décadas atrás sería considerada fuera de lugar: los regímenes políticos de otros países participantes y la necesidad de que estos regímenes cambien.
Lacalle estuvo más genérico: “Claramente hay países, acá… que no respetan ni las instituciones, ni la democracia, ni los derechos humanos”. Boric, en cambio, se refirió a instrumentos institucionales concretos: “…el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas, mediante el sufrago universal… elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional en el año 2024”. En tanto que Mario Abdo Benítez, presidente del Paraguay, destacó que no podía mirarse para otro lado cuando más de siete millones de venezolanos han pedido refugio.
En otros tiempos, estas intervenciones hubieran sido percibidas como una “intromisión en los asuntos internos” de un país por parte de otro. Y en verdad hasta cierto punto lo es y está muy bien que así lo sea.
El principio estatalista, que tiene su remota matriz en la Paz de Westfalia (1648, el Estado deja de estar sujeto a toda normativa moral que le es externa, la soberanía es estatal territorial y entra en vigor el principio de no injerencia), se ha ido proyectando, por siglos, en el derecho internacional y en el sentido común.
Pero hoy y desde hace tiempo está siendo contestado por otro encuadre conceptual y normativo. ¿Recuerda el lector la típica justificación de gobiernos democráticos para reconocer flamantes gobiernos dictatoriales, y el ansia con el que este reconocimiento era buscado?
Su base era el principio de no intervención en los asuntos internos. En el plano diplomático, quizás las cosas sigan siendo todavía así, pero en el plano político y en el de los procesos de integración, cambiaron mucho.
En una medida importante, esto tiene lugar en el amplio contexto del vigor de los procesos de democratización desde la posguerra (en oleadas: Europa Occidental, Latinoamérica, Europa Oriental, etc.), por un lado, y de la valorización cultural y política de los derechos humanos, que tiene en la tragedia del Holocausto su punto de arranque, por otro.
Pero, y esto es relevante, son también los propios procesos de integración regional los que acarrean estas mutaciones, gracias a las cuales los estados nacionales dejan de ser islas de inmunidad. No sorprende, entonces, que los dictadores resulten ser hiper integracionistas. Y muy enfáticos en la prioridad que declaran asignar a la integración.
Loable y sincera preferencia. Pero son nítidas sus fuentes y nadie se chupa el dedo. Especialmente cuando pretenden, al menos en su retórica, conferir a la integración una densidad política y organizativa que sería novedosa en América del Sur, como se escuchó en estos días. Maduro se dejó llevar por su entusiasmo y nos habló de instituciones ejecutivas con ministerios, secretarías y etcétera.
Hay que ser muy ingenuo para no advertir que detrás de esta parafernalia burocrática se esconde una ganancia de legitimidad al alcance de la mano y a bajo precio para los dictadores. Y, en el marco del mundo de hoy, un salto cualitativo en el reconocimiento internacional de sus regímenes asignándoseles una inaudita condición democrática.
Aclaro que no estoy en contra de un adecuado desarrollo institucional de la integración, pero si se tratara de pura ingenuidad, la discusión sería otra: mejor no poner el carro delante del burro, e ir paso a paso. Hoy la discusión no es esa. La discusión, en cambio, es si vamos a permitir que los procesos de integración sean un vehículo de legitimación de regímenes dictatoriales o no.
Maduro, Ortega, Díaz-Canel, estarían encantados en participar en la integración, en la ocuSociólogo pación de cargos y todo lo que le es inherente a estos procesos, independientemente de que puedan servir para algo o para nada. Y Alberto Fernández, por ejemplo, les dio la bienvenida a la conferencia de Buenos Aires diciendo, en una equiparación insólita, que todos los presidentes participantes habían sido elegidos por sus pueblos, eran por tanto legítimos y como tales debían ser reconocidos en el marco de la Celac. Una mala noticia para quienes en esos tres países desean que la política democrática sea instaurada (o reinstaurada) y para quienes sus derechos humanos, incluyendo los más básicos, como el derecho a la vida, son atropellados.
En cierto modo, hacer la vista gorda, o aun aplaudir, como lo vemos en nuestro gobierno, cuando los derechos de ciudadanos nicaragüenses, venezolanos y cubanos son arrasados por gobiernos despóticos, es como volver a los tiempos de Westfalia, en que lo correcto era que los creyentes adoptaran la religión del gobernante de cada estado. Fin de las guerras religiosas, sí, pero vigencia de la más severa intolerancia religiosa interior.
De modo que podrían prefigurarse dos posiciones: no a la integración con despotismos y violaciones de derechos, tal como establece la cláusula democrática del Mercosur (1998) o el Tratado Europeo, o elaborar un retorcido relato de vista gorda, como decir que esos despotismos no lo son, porque no han roto ningún régimen democrático, y a su modo son democracias y eso de que violan derechos humanos bueno, en todas partes se cuecen habas.
Así las cosas, el avance de la integración latinoamericana va a costar. De hecho, siempre costó, por distintos motivos. Por de pronto, Boric o Lacalle hacen muy bien en poner un pie en la luz de la puerta entreabierta. Porque una vez que Maduro, Ortega o Diaz-Canel logren cerrarla con ellos adentro, será mucho más difícil revertir la situación.