La Argentina mantuvo el año pasado su aplazo en el ranking mundial de la corrupción
En el Índice de Percepción de la Corrupción obtuvo sólo 38 puntos sobre 100 y quedó en el puesto 94.
El año pasado en que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión en la causa Vialidad, la Argentina mantuvo la misma mala posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional que en la encuesta del 2021.
Obtuvo solo 38 puntos sobre 100
(los países que tienen un estado más transparente tiene más puntos) y quedó en el puesto 94 entre unos 180
países en los que se midió la percepción del robo al Estado durante el 2022.
Así la Argentina se encuentra en una ubicación semejante a países como Marruecos, Etiopía, Brasil, Moldavia y Colombia, se anunció este martes.
El índice de percepción se basa en una encuesta a empresarios y académicos y leyes y medidas que toman u omiten los gobiernos, entre otras variables, porque la corrupción no se puede medir en la medida que los sobornos, por ejemplo, se mantienen ocultos por un pacto de silencio entre empresarios y funcionarios. Entonces, es muy difícil de medir.
Está encuesta es utilizada por inversiones y organismos de crédito internacional como el Banco Mundial para recomendar créditos o proyectos.
La continuidad de la mala percepción para la Argentina se mantuvo el año pasado, comparada con el 2021, pese a que la ex presidenta de la Nación tuvo su primera condena en media docena de causas en que está procesada, lo que se consideró un hito en la lucha contra la corrupción.
El tribunal oral federal 2 condenó a Cristina, junto a ex funcionarios, por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos de obra pública a favor de su socio, Lázaro Báez. Fue la primera vez en la historia argentina en que se condena a un vicepresidente en ejercicio, aunque haya sido por hechos ocurridos durante su gestión como presidenta.
Además, en nuestro país se observa como "un aspecto preocupante" la ofensiva del kirchnerismo “contra la Justicia que terminó con el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia”, advirtió Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional que tiene sede en Berlín.
En el 2021, la Argentina sufrió un grave retroceso en este Índice de Percepción de la Corrupción, al obtener solo 38 puntos sobre 100 (cero es para los más corruptos).
Y retroceder a la posición 96 sobre 180 países, cayendo así 18 lugares en el ranking respecto del 2020. Ese fue uno de los descensos más graves desde la creación de este índice en 1995.
Según expertos, en el 2021 el proyecto de la vicepresidenta Cristina Kirchner para cambiar al jefe de los fiscales y los escándalos del vacunatorio VIP y la fiesta en la quinta presidencial de Olivos influyeron en la encuesta.
El mejor score la Argentina lo había tenido en el índice 2019 con 45 puntos y en el puesto 66 entre los mejores calificados, es decir el último año de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
El informe de Transparencia Internacional en inglés no hace referencias específicas a Argentina.
En resumen, “no se observan cambios en la posición de Argentina respecto a la medición anterior”, explicó Secchi.
Pero “principalmente no se observan cambios durante los últimos años producto de que “no se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, y el tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”, agregó.
Como aspecto positivo, Secchi, destacó “el avance en políticas de integridad del Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado al Mapa de Inversiones, y el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) impulsado por la Oficina Anticorrupción (OA) con el apoyo del BID y PNUD". Ese registro "es para contribuir al desarrollo y mejora de los programas de integridad, el intercambio de buenas prácticas y la promoción de ambientes transparentes en negocios y mercados”, explicó.
A fines del año pasado, el titular de la OA Félix Crous renunció a ese organismo que sigue acéfalo, como otra señal del poco interés del Gobierno por la lucha contra la corrupción.
Por otra parte, el Congreso “no ha avanzado con la prometida reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (que se sancionó durante la gestión del ex presidente Carlos Menem), ni tampoco con la ley de Obras Públicas”, subrayó.
“Ambas normativas necesarias para modernizar la regulación anticorrupción”, finalizó Secchi en el marco de un gobierno que no le da prioridad a la prevención de la corrupción y, por lo contrario, busca la impunidad de Cristina Kirchner.w.