Se desinfla otra acusación apoyada por el kirchnerismo contra el presidente de la Corte
El kirchnerismo festejó, la semana pasada, la presentación de Pablo Llonto, abogado querellante en juicios de lesa humanidad, con un nuevo pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por "una mala gestión en el impulso de los juicios de lesa humanidad". Es el 14° pedido de juicio político contra la Corte.
Llonto dijo que es por no haber convocado a la llamada la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida como “comisión interpoderes”, que tiene como objetivo "acelerar" los procesos que se siguen por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
Sin embargo, en octubre de 2020, la entonces ministra de Justicia Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, en una carta, informaron que declinaron participar de una "convocatoria de la Comisión Interpoderes" hecha por la Corte y cortaron el vínculo institucional en forma unilateral.
Esa decisión unilateral de participar de la Comisión Interpoderes no fue modificada desde ese momento y el ministro de Justicia, el ultra K Martín Soria (reemplazante de Losardo), tuvo una única y polémica reunión con la Corte, luego de la cual se ha dedicado a atacar sistemáticamente al máximo tribunal. Sin intenciones de retomar el diálogo.
Llonto explicó que "pedimos el juicio político por una mala gestión de las actividades de Rosatti, que es considerada una falta grave. Tiene la función de convocar a una comisión interpoderes para acelerar los juicios de lesa humanidad, pero no lo hizo desde que asumió como presidente de la Corte".
En este sentido, aseguró que "los juicios de lesa humanidad deberían tener prioridad porque son los juicios más antiguos que tenemos" y "deberían ser más rápido, pero es todo lo contrario".
"Cuando llegó Rosatti a la presidencia de la corte no convocó más a la comisión, que había logrado acelerar los procesos judiciales. Tenemos que estar atentos a las malas gestiones de los jueces de la Corte. El mal desempeño de un juez, implica el pedido de juicio político", apuntó.
La carta, informaron a Clarín fuentes de la oposición parlamentaria, está dirigida al entonces presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, luego de la polémica por el fallo de la Corte que beneficiaba con el 2x1 al represor Luis Muiña en el 2017.
La comisión interpoderes se había reunido por primera vez en julio de 2010, pero para el Gobierno en octubre de 2020, dijo en la carta, “no están dadas las condiciones” para participar del encuentro ante la invitación de Rosenkrantz. Para Losardo y Pietragalla “a partir de la última reunión realizada —el 23 de septiembre de 2016—, el desempeño de la Corte en esta materia ha sido de enorme retroceso”. En este contexto, “la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos no deja de resultar oportunista”, sostuvieron.
“Es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia”, recordaron.
Resaltaron que “el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas —muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte hace varios años— implica necesariamente la consolidación de la “impunidad biológica”: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena”.
Por otra parte, la estrategia de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Corte sufrió otro revés cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti también archivó otras dos denuncias contra el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el vocero de Rosatti. Este fallo sigue la línea argumental del juez Sebastián Ramos según la cual no se puede abrir una causa basada en chats hackeados que son producto del espionaje ilegal.
Se trata de las causas abiertas por los gobernadores K de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de La Rioja, Ricardo Quintela, donde los fiscales y jueces federales de esas dos provincias habían declarado su incompetencia y las mandaron a los tribunales de Comodoro Py donde quedaron en manos de Capuchetti.
Solo queda abierta la que la semana pasada presentó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una maniobra de forum shopping (elegir al juez amigo) ante el juez cristinista de La Plata Alejo Ramos Padilla.
Dicen que no llamó a una comisión de Derechos Humanos, pero fue el Gobierno el que la frenó.