Una ley contra el abuso sexual divide a la alianza de gobierno en España
La ley favorita del gobierno español, ésa que el PSOE y Unidas Podemos aseguraron que sacarían adelante en el acuerdo de coalición de 2019 gracias al cual gobiernan España, sólo les trajo dolores de cabeza: su aplicación provocó consecuencias funestas y “ajustarla” para tratar de remediar los males que ocasiona los enfrenta, otra vez, a un mayor desgaste como socios de gobierno.
Se trata de la ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “la ley del sólo sí es sí”: pone el foco en el consentimiento, que pasa a ser decisivo a la hora de juzgar delitos sexuales. La nueva ley establece que cualquier acto sexual en el que no haya mediado el consentimiento será considerado agresión sexual.
Ya no distingue entre abuso y agresión y amplía los comportamientos punibles al considerar que la agresión no necesita violencia o intimidación para ser valorada como tal. Quienes hayan sufrido una agresión sexual ya no tendrán que demostrar que fueron víctimas de
violencia o que se resistieron.
La medida fue celebrada como un logro crucial del Ministerio de Igualdad, en manos de Podemos a través de su ministra, Irene Montero. “Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales”, celebró la aprobación parlamentaria la ministra Montero, principal vocera de la ley que nació como reclamo ante casos polémicos como el de La Manada, la violación en grupo que sufrió una joven de 21 años durante los Sanfermines en 2016.
Lo que la nueva ley no contempló
Es una de las banderas de la coalición. Pero su aplicación trajo efectos indeseados y el PSOE choca con Podemos.
fue que, al modificar el rango de algunas penas, la normativa beneficiaba a violadores y agresores sexuales que podían pedir la revisión de sus condenas y salir favorecidos. Como sucedió.
Al delito de agresión, por ejemplo, ahora le corresponde una pena de cuatro años de prisión, mientras que en el anterior Código Penal era castigado con seis años de cárcel.
Desde la entrada en vigor de “la ley del sólo sí es sí”, hace ya cuatro meses, en España hubo más de 300 rebajas de pena que causaron pánico entre las víctimas y preocupación en la sociedad. “El machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley”, intentó defenderse la ministra Montero cuando comenzó el goteo de condenados por delitos sexuales que pedían revisar sus casos.
Los líderes de Podemos insistieron, desde un primer momento, en que no se trataba de un problema de la norma, sino de la mala interpretación que hacían algunos tribunales y audiencias provinciales. El presidente Pedro Sánchez, que se refirió a la ley como “una conquista feminista para reforzar la seguridad de las mujeres”, resistió y trató de sostener la nueva normativa intacta hasta ahora.
Pero este 2023 será un enorme desafío para él y no está dispuesto a dar pasos en falso. A partir de mayo habrá elecciones municipales, autonómicas y generales. Y el líder del PSOE aspira a diluir el costo político que las contradicciones de “la ley del sólo sí es sí” le puedan ocasionar. Por eso, desde hace días, miembros del gobierno y altos cargos del partido “filtran” que se está trabajando en una “corrección” de la norma.
El Ministerio de Igualdad hizo pública su buena disposición a aumentar algunas penas mínimas respecto de los delitos más graves, pero se niega a “tocar o modificar” el concepto de consentimiento. Lo consideran el eje básico de la nueva ley. Podemos tampoco está dispuesto a añadir cláusulas que impliquen la reintroducción en el Código Penal de la violencia y la intimidación para valorar las penas, tal como hacía la ley anterior sobre delitos sexuales, posibilidad que sí considera el PSOE.
"Al PSOE esta ley le gustaba, a Pedro Sánchez está ley le gustaba y lo dijo públicamente", agregó el ex vicepresidente y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Un presidente tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y la ultraderecha", afirmó Iglesias. "Plantear a tu socio de gobierno que o aceptas lo que hago yo, que es acabar con la ley del solo sí es sí, que es traicionar a las mujeres que se manifestaron, o lo pacto con el PP (Partido Popular), pues buena suerte", advirtió el ex vicepresidente.
En 2018, una primera sentencia condenó a los cinco amigos que habían violentado a una joven en los Sanfermines de 2016 a 9 años de prisión por abusos sexuales. Los integrantes de La Manada, como se conoció el caso, continuaron en libertad provisional. Un año antes, la declaración de la víctima había sido cuestionada porque un informe privado encargado por los acusados dudaba de que la joven hubiera podido volver a “hacer vida normal” luego de la agresión que ella misma había denunciado. Hubo masivas manifestaciones y el video “Hermana, yo sí te creo” en el que decenas de voces apoyaban lo declarado por la joven. Finalmente, el Tribunal Supremo condenó a 15 años de cárcel por violación a los cinco acusados, que enseguida fueron detenidos.w