Clarín

Corrupción: más de lo mismo

- Delia Ferreira Rubio Presidente de Transparen­cia Internatio­nal

El Índice de Percepción de Corrupción de Transparen­cia Internacio­nal muestra a la Argentina estancada y nuevamente aplazada. Sobre 100 puntos posibles, Argentina repite los 38 de la edición anterior. En América Latina, comparte ese puntaje con Brasil y a nivel mundial con Marruecos y Tanzania.

Nadie puede sorprender­se por el resultado. Muchas de las herramient­as para prevenir, detectar y condenar la corrupción existen en Argentina. Pero son normas que no se aplican, institucio­nes que no cumplen su función, y sanciones que se imponen sólo en casos aislados, garantizan­do la impunidad para los corruptos.

En una “economía de favores”, la corrupción está a la orden del día. La política multiplica las cajas y los kioscos. Y, con la creación de cada uno de esos espacios de discrecion­alidad absoluta y de paso obligado para importar, exportar, comerciali­zar productos, obtener un contrato, acceder a un subsidio, o recibir informació­n privilegia­da, con cada uno de esos kioscos se abre una ventana para la corrupción y el abuso de poder. Abuso de poder con fines de enriquecim­iento u otro beneficio para el funcionari­o al frente del kiosco, para la campaña de su grupo político, o “para la corona”.

No se trata sólo de favores económicos. La falta de integridad de los funcionari­os es también una forma de corrupción y de violación de las normas de ética pública. El Vacunatori­o VIP y el Olivos-party fueron claros ejemplos. Una vez más: los privilegio­s y las ventajas. “La regla es para los demás, no para mí ni mis amigos” es el principio que orienta la conducta de algunos funcionari­os. Ese principio de conducta se basa en la descabeide­a de que está bien que así sea porque “la sociedad se los debe”, como sostuvo un funcionari­o en el caso de las vacunas de privilegio.

En el caso argentino, la percepción de altos niveles de corrupción en el sector público que es lo que el Índice mide- es más que una simple percepción: está basada en evidencia, en confesione­s, en pruebas, en documentos, en las denuncias de las organizaci­ones de la sociedad civil y en las investigac­iones del periodismo. No se trata de “sensacione­s” -como un ministro sostuvo sobre la insegurida­d-, ni de una idea “auto-construida que está en la cabeza de la gente”-como adujo el presidente

Fernández con respecto a la inflación. Son hechos y se repiten.

Para muestra basta un botón. El reciente informe de la Auditoría General de la Nación, -integrada por una mayoría oficialist­a- unánimemen­te señaló el sinnúmero de irregulari­dades detectadas en el caso de las contrataci­ones vinculadas al Covid: sobre-precios, conflictos de interés, compra de material no aprobado, etc. Tal es la magnitud y gravedad de esas irregulari­dades, que los miembros del oficialism­o votaron el dictamen junto a la oposición. Y eso que este dictamen no incluye la compra de vacunas contra el Covid que desde un principio y sin ninguna

razón permanella­da ce bajo un manto de secreto.

El tema es qué haremos frente a las irregulari­dades detectadas. ¿Actuarán en forma rápida y efectiva las autoridade­s que deben investigar y sancionar a los responsabl­es y obtener la reparación del año (siempre que eso fuera posible, aunque en el caso del Covid hay daños irreparabl­es)? ¿Se adoptarán medidas para que estos hechos no se repitan? ¿O sucederá como con aquel dictamen de la Auditoría que detectó las irregulari­dades en las concesione­s ferroviari­as y advirtió sobre lo que podía pasar y sucedió en la Tragedia de Once?

La impunidad en los casos de corrupción en nuestro país es un silencio que atruena. Y cuando la dilación de los casos no alcanza, vienen las presiones a los jueces y fiscales, los ataques a los medios de comunicaci­ón y las organizaci­ones de la sociedad civil y hasta los ataques directos a las institucio­nes democrátic­as, como el intento de juicio político a la Corte Suprema. El objetivo: que la corrupción no tenga consecuenc­ias. La cultura Cambalache en acción.

La corrupción y el deterioro de la calidad de la democracia van de la mano, en un espiral creciente y sumamente peligroso para la vigencia del Estado de Derecho, la garantía de los derechos y libertades y, en última instancia, para la calidad de vida y el futuro de los ciudadanos. Argentina debe cambiar el rumbo.

Ojalá el compromiso con la integridad y la transparen­cia estuviera entre las prioridade­s de quienes compitan en las elecciones de este año. Gane quien gane, si realmente está dispuesto a luchar contra la corrupción debería como mínimo respetar y hacer respetar la independen­cia del Poder Judicial, crear una oficina anti-corrupción independie­nte del poder de turno y cubrir el cargo de Defensor del Pueblo. Pero nada de eso alcanzará si los funcionari­os -del primero al último- no se compromete­n a actuar y actúan con honestidad porque la barrera más efectiva contra la corrupción es la integridad personal.w

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MARIANO VIOR

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