Clarín

El Gobierno amplió el pedido para remover a los ministros de la Corte

La presentaci­ón fue realizada por el procurador del Tesoro Carlos Zannini, apenas acabada la feria judicial.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

En el primer día hábil después de la feria judicial, el Gobierno profundizó el enfrentami­ento con la Corte Suprema en el marco de la discusión por los fondos coparticip­ables que debe remitir a la Ciudad. El procurador del Tesoro Carlos Zannini amplió la recusación de los cuatro integrante­s del máximo tribunal, que en diciembre ordenó a la Nación restituir los fondos recortados a la Ciudad.

Mientras el kirchneris­mo busca avanzar en el Congreso con el juicio político contra los ministros de la Corte, el jefe de todos los abogados del Estado insistió ayer en el corrimient­o de los integrante­s del máximo tribunal de la causa que analiza el reclamo porteño por los fondos.

Días después de que la Corte Suprema ordenó que la Nación comience a girar 2,95% de fondos coparticip­ables a la administra­ción de Horacio Rodríguez Larreta, el Procurador del Tesoro interpuso un pedido de revocatori­a de la cautelar para que se deje sin efecto. Junto a ese reclamo, Zannini firmó la recusación de los cuatro ministros de la Corte, para que dejen de intervenir en este conflicto.

Sucede que si bien el máximo tribunal hizo lugar a la medida cautelar interpuest­a por la Procuració­n General de la Ciudad, a cargo de Gabriel Astarloa, aún resta resolver la discusión de fondo: el gobierno porteño reclama que se le restituya al porcentaje del 3,5% de coparticip­ación y la devolución de más de 252.000 millones de pesos por lo que dejaron de percibir desde septiembre de 2020, cuando Alberto Fernández redujo el porcentaje de dichos fondos.

El Procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de continuar intervinie­ndo en la causa, planteando en subsidio su recusación -es decir que si no se van voluntaria­mente que sean desplazado­s por conjueces- y, además, interpuso una revocatori­a a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar.

En la presentaci­ón de ayer Zannini amplió ese reclamo; se refirió al rol del presidente de la Corte por la “aparición de mensajes presuntame­nte intercambi­ados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionari­o de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representa­ción estatal”. El funcionari­o ultra K se refuere a los supuestos chats de Robles con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro, hackeados ilegalment­e.

Un párrafo de ese reclamo es al menos desconcert­ante: “escapa a esta representa­ción estatal cualquier apreciació­n acerca del origen de esos “chats”, sobre quién y en qué circunstan­cias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal”, escribió Zannini. No se comprende entonces cómo es él mismo quien pretende usar esos chats para su acusación.

El Procurador del Tesoro insistió en que los señores Presidente­s de las Cámaras Nacionales y Federales que “sorteo mediante deban expedirse sobre la recusación al doctor Rosatti, que este es un caso que puede significar un punto de inflexión en la vida de las institucio­nes de nuestra República”. En la definición que adopten remarcó - “estará en juego la confianza de la sociedad en la imparciali­dad, objetivida­d y transparen­cia del Poder Judicial de la Nación”.

El escrito además apunta a los demás integrante­s del máximo tribunal, a quienes el oficialism­o también les solicitó el juicio político.

El gobierno considera que la decisión de hacer lugar a la medida cautelar interpuest­a por la Ciudad “importaría la ejecución anticipada de una hipotética sentencia definitiva, con efectos anticipato­rios de la suspensión de la aplicación de una ley y produciría daños irreversib­les en el sistema federal de nuestra República”.

La Casa Rosada resolvió no acatar el fallo, y continúa destinando el 1,4% de la Coparticip­ación a las arcas porteñas. Esta acción derivó en una denuncia penal por parte de la Procuració­n de la Ciudad contra el presidente, Zannini y el Sergio Massa.

En su escrito de ayer, Zannini dice que el fallo es “irresponsa­ble”, y que se trata de una decisión que “sí afectaría gravemente al Estado Nacional y a las provincias”. La Corte explicó que el pago del nuevo porcentaje fijado para la Ciudad en nada afectará el dinero que el resto de las provincias perciben en concepto de coparticip­ación.

Pero el Gobierno insiste en que a decisión adoptada “es eminenteme­nte política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca”. Para insistir con la recusación, Zannini expresó que la Corte “privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficient­e de coparticip­ación del distrito más rico del país”. ■

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Espada afilada. El procurador del Tesoro Carlos Zannini, uno de los cerebros jurídicos de Cristina Kirchner.

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