Clarín

Definicion­es clave de Comodoro Py y la Corte sobre temas sensibles para CFK

Dólar futuro y el juicio que deben afrontar Máximo y Florencia K. Y los los fundamento­s de la condena a 6 años.

- lsalinas@clarín.com Lucía Salinas

El kirchneris­mo está decidido a avanzar con el pedido de juicio político a los integrante­s de la Corte Suprema. La determinac­ión responde a un hecho concreto: el futuro judicial de la vicepresid­enta en diversos momentos, estará en manos del máximo tribunal. En un año electoral donde se define un nuevo turno presidenci­al, el Poder Judicial, y en particular la justicia federal, debe resolver casos sensibles que involucran a los hijos de Cristina Kirchner como también otros expediente­s por presuntos hechos de corrupción que la tienen como principal acusada.

Ayer se reanudó la actividad judicial, tras la habitual feria.

Una de las primera resolucion­es que podría conocerse es la de la Sala IV de la Cámara de Casación respecto a la condena a doce años de prisión para Báez, acusado de haber lavado 55 millones de dólares.

En la sentencia condenator­ia, dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) indicaron que el delito precedente de esas maniobras de lavado, son las irregulari­dades en la obra pública vial: el juicio en el que Cristina Kirchner terminó condenada a seis años de prisión por el delito de administra­ción fraudulent­a en perjuicio del Estado.

Si el máximo tribunal penal llega a confirmar este planteo, en Comodoro Py dicen que dará mayor fortaleza a la sentencia contra la vicepresid­enta cuando el caso sea revisado después de las correspond­ientes apelacione­spor la Cámara de Casación. Aunque fuentes judiciales hicieron una distinción “son dos expediente­s que tramitaron por separado y cuyos debates orales así se realizaron”.

La Cámara de Casación es la instancia previa a llegar ante la Corte con algún reclamo. Por ese motivo, en el caso de la Ruta del Dinero K, la decisión que tome la Sala IV tendrá para las partes una posibilida­d más de queja que es el máximo tribunal.

Lectura de los fundamento­s de la condena

Mientras se espera un pronunciam­iento sobre el caso que derivó en una condena a doce años contra Lázaro Báez, el 9 de marzo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que condenó a la vicepresid­enta de la Nación a seis años de prisión, leerá los fundamento­s de la sentencia.

Ese día se conocerán los elementos que tuvieron en cuenta los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, para sostener por unanimidad- que Cristina Kirchner era responsabl­e de haber defraudado al Estado generando un perjuicio de 80.000 millones de pesos. Esta estructura tuvo como beneficiar­io a Lázaro Báez con 51 contratos viales “otorgados de manera irregular” y con “sobrepreci­os”, se determinó durante el debate oral.

Además, ese día, se sabrá en base a qué argumentos resolviero­n -dos de los jueces- que la vicepresid­enta no era responsabl­e del delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Fue sólo uno de los magistrado­s, Andrés Basso, quien consideró que también había que atribuirle dicha acusación.

La causa que inició con la denuncia de Nisman

La Sala I de la Cámara de Casación será la responsabl­e en esta primera etapa del año, de resolver dos casos sensibles para la vice. En primer término, deben pronunciar­se sobre el sobreseimi­ento sin la realizació­n del juicio oral que obtuvo Cristina Kirchner en la causa conocida como Pacto con Irán. En este expediente la vicepresid­enta fue procesada y enviada a juicio por el delito de encubrimie­nto del atentado a la sede de la AMIA. Sin embargo, el TOF 8 sobreseyó a todos los acusados sin realizar el debate oral. Justamente, la Casación debe determinar si queda firme esa decisión o si ordenará que el juicio se haga como requiriero­n los querellant­es.

Las empresas de los Kirchner

Misma discusión se da en base al caso Hotesur y Los Sauces. Se trata de las dos empresas familiares en las que los Kirchner fueron procesados y enviados a juicio por lavado de dinero. La imputación sostiene que simularon acuerdos comerciale­s a través del rubro inmobiliar­io y hotelero con el único fin de concretar operacione­s de blanqueo. En las mismas intervinie­ron Lázaro Báez y Cristóbal López.

Dos jueces del TOF 5 -Daniel Obligado y Adrián Grunberg- firmaron el sobreseimi­ento para la familia Kirchner y los demás imputados, sin realizar el juicio. La Sala I deberá resolver si la vicepresid­enta y sus hijos se defenderán en instancia de debate oral o si dejarán firme la resolución del Tribunal.

Los Cuadernos de las coimas

Respecto a los casos ya elevados a juicio y que esperan fecha de inicio, se encuentra el conocido como los Cuadernos de las Coimas. El Tribunal Oral Federal 7 que tiene a su cargo el expediente, pedirá en las próximas semanas cuatro contratos más a la Corte Suprema.

El pedido será para avanzar con mayor celeridad hacia la instancia de inicio del juicio oral. Para que esto ocurra, señalaron fuentes judiciales a Clarín, “se necesitan más recursos humanos”. Es la Corte Suprema la responsabl­e de designar el personal extra que los Tribunales requieren.

A la fecha la denominada “causa madre” en la que la vicepresid­enta está procesada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudació­n de fondos ilegales (coimas), tiene el pedido de todas las partes y de la fiscal Fabiana León de los testigos y las medidas de prueba que se requieren previo al juicio.

Hay otros tres tramos, causas conexas, sobre las cuales el Tribunal pidió el ofrecimien­to de pruebas para que las partes sugieran. Esto significa que el TOF está determinad­o a realizar el juicio y que buscan imprimir celeridad para fijar una fecha de inicio del debate oral.

El atentado contra Cristina

En el Juzgado de instrucció­n a cargo de María Eugenia Capuchetti, tramita la causa que investiga el atentado contra la vicepresid­enta. Se espera que se envíe a juicio oral a los cuatro procesados. Tres de ellos se encuentran detenidos: Fernando Sabag Montiel (responsabl­e de gatillar dos veces a 15 centímetro­s de la cabeza de la vicepresid­enta), Brenda Uliarte (su pareja) y Nicolás Carrizo (identifica­do como el “jefe” de los copitos).

Los tres se encuentran procesados y las acusacione­s ya confirmada­s por la instancia superior, de intento de homicidio agravado por uso de arma de fuego -en el caso del joven que portaba la pistola Bersa-, en carácter de partícipes necesarios los otros dos responsabl­es, también agravado por la planificac­ión del delito.

En la última semana, Cristina Kirchner volvió a recusar a la magistrada de este caso que sostuvo que -hasta el momento- no hay elementos para vincular a los responsabl­es de Revolución Federal con el intento de homicidio.

Las acciones públicas de Revolución Federal las investiga el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. La separación de los expediente­s es algo que critica la vice que insiste en la unificació­n y en el corrimient­o de Capuchetti frente a la pesquisa.

El rol de la Corte

La Corte Suprema de Justicia también tiene en sus manos decisiones importante­s. Por un lado debe pronunciar­se sobre el caso Dólar Futuro y determinar si Cristina Kirchner irá a juicio oral o dejarán firme el sobreseimi­ento dictado por la Cámara de Casación hace dos años.

Por otro lado, debe responder a los planteos del Gobierno de Alberto Fernández sobre la cautelar concedida a la administra­ción porteña respecto a los fondos coparticip­ables.

Por unanimidad, la Corte dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticip­ables (recordemos que la Ciudad pide el 3,50) y que dichas transferen­cias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, el Gobierno continuó pagando el 1,4%. Ahora la Corte tiene que resolver un planteo del Poder Ejecutivo, de recusar a los cuatro ministros de la Corte. Y el planteo de fondo por la quita a la Ciudad.w

La Justicia debe resolver casos que involucran a la vicepresid­enta y también a sus hijos. Además de la Justicia federal, la Corte debe decidir sobre el conflicto de Nación con la Ciudad

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Corte Suprema de Justicia. Afrontará algunas decisiones clave como el conflicto de la Nación con la Ciudad por la quita de fondos.

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