“Gobernar amparando la corrupción es un delito”

indubitable que la embestida del Gobierno nacional contra la Corte busca agotar la reserva de poder que le confiere la Constitución nacional para dictar sentencia final en las causa judiciales que se le siguen a la vicepresidente, ya condenada en primera instancia por actos de corrupción a seis años de prisión e inhibida de por vida para ejercer cargos públicos.

Si el Gobierno nacional ataca a la Corte por condenar la corrupción y la impunidad de los culpables, cabe preguntar ¿cuál es el camino a seguir para juzgar a un gobierno que lleva el país a esta situación de crisis, y no ofrece soluciones efectivas?.

Por el contrario, la empeora con el inútil empeño de enjuiciar a la Corte sólo para preservar la impunidad de una funcionaria condenada, lo cual es como legalizar el delito.

Aún sabiendo que su propósito no puede prosperar porque no cuenta con los dos tercios de votos favorables en la Cámara baja, el Gobierno ha montado el circo del juicio político para distraer a la opinión pública en lugar de concentrar su acción en tomar decisiones que hagan vislumbrar una solución viable, para la crisis descomunal que afecta a un país sin recursos, empobrecido, endeudado y sin moneda.

Y ese es un delito no menor porque paraliza las funciones esenciales del Poder Legislativo y mantiene al país en una situación de incertidumbre que perjudica su economía aumentando la pobreza y provocando situaciones extremas que llevan al hambre de la población y a la penuria de necesidades elementales insatisfechas y esas consecuencias lo hacen inepto para gobernar.

Víctor Nicolás Luis La Pietra lapietrav-@hotmail.com