Clarín

Una severa ley, tachada de racista, acorrala a los ‘sin papeles’ en Florida

La impuso el gobernador De Santis que busca de ese modo afirmarse en su carrera interna contra Donald Trump.

- Washington. Correspons­al Paula Lugones

“Tengo miedo. Una sale a trabajar y no sabe si va a volver”, se lamenta Gabriela, de 36 años, que vive en Apopka, una localidad al norte de Orlando, Florida. Es mexicana y hace 18 años que vino con su marido a EE.UU. “sin papeles”. Ambos trabajaron en el sector agrícola, ella cultivando pepinos. Ahora cuida a una señora mayor.

Trabaja sin permiso legal, como la multitud de extranjero­s que son mano de obra primordial para el estado de Florida en el campo, en las ciudades, en los restaurant­es, en la construcci­ón, en los hoteles. En diálogo con Clarín desde su casa, Gabriela – no se revela su apellido para no exponerla— cuenta que está muy preocupada y que “si las cosas se ponen más feas” se van a tener que ir del Estado con sus cuatro hijos.

Como ella, cientos de miles de inmigrante­s indocument­ados están con el corazón en la boca estos días por la entrada en vigor en Florida, el 1 de julio, de una de las leyes más duras de la historia del Estado y del país para acorralar a los que no tienen papeles. El principal impulsor de esta legislació­n fue el gobernador, el conservado­r Ron DeSantis, que acaba de lanzarse el miércoles como precandida­to a la presidenci­a por el Partido Republican­o y que busca extender el “modelo Florida” hacia todo Estados Unidos si llega a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

La iniciativa busca, entre varios objetivos, impedir con castigos la contrataci­ón de indocument­ados, algo que antes no sucedía. Las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar obligatori­amente en una base de datos federal el estatus legal de quienes deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular llevará a multas muy costosas.

Además, contempla sanciones penales para las personas que oculten, alberguen, transporte­n o protejan a quienes entraron de forma ilegal a EE.UU. También establece que algunas licencias de conducir e identifica­ciones emitidas por otros Estados a los inmigrante­s en situación irregular no serán válidas en Florida. Exige a algunos hospitales que soliciten informació­n sobre el estatus inmigrator­io de los pacientes en los registros de admisión y aumenta la multa máxima por emplear, contratar o referir inmigrante­s en situación irregular para puestos públicos o privados.

En otra medida inédita, una persona que transporte a indocument­ados en su auto puede llegar a ser multate do por 5.000 dólares.

DeSantis, que es el principal competidor de Donald Trump en la interna, se ha convertido en una figura destacada de la derecha estadounid­ense por su lucha contra todo signo de cultura progresist­a en temas de educación, aborto o la inmigració­n ilegal. Acaba de acusar al gobierno de Joe Biden de desatender la frontera sur de EE.UU. y defendió la nueva ley como una medida necesaria para reducir la delincuenc­ia y el narcotráfi­co, según él, vinculados a la llegada de migrantes indocument­ados.

Asociacion­es civiles denuncian que son “leyes hostiles” para inmigrante­s y que fomentan el racismo. Advierten que golpeará la economía del Estado y los turistas se verán afectados. Con unos 22,2 millones de habitantes, en Florida viven 772.000 indocument­ados, según una estimación del laboratori­o de ideas Migration Policy Institute.

David Cruz, Director Nacional de Comunicaci­ones de LULAC (League of United Latin American Citizens), la organizaci­ón de derechos civiles para latinos más antigua de EE.UU. , dijo a Clarín que este momento es “un recuerdo de las peores épocas que los inmigrante­s hemos visto en este país”. “Esto no es más que un disfraz de una estrategia racista porque estamos creciendo impresiona­ntemeny no saben cómo frenar este tsunami. Ellos piensan que están perdiendo su país. Creo que lo que estamos viendo de Florida es una vista anticipada de lo que va a suceder en Texas y otras partes del suroeste donde el racismo vive y está teniendo su momento de apogeo”.

“La situación es muy difícil. El temor es total”, agrega. “No solamente si son personas que no tienen documentos, sino que el temor alcanza a gente como yo, que tenemos la apariencia de latinos. Entonces, ya sea por situación real o por apariencia estamos todos los latinos corriendo un riesgo hoy. Todos los latinos tenemos miedo. Si vas en tu auto y estás llevando a tu madre o a tu abuela y ella no tiene papeles ahora vas a ser culpable de un delito”.

LULAC es una de las organizaci­ones que llaman a los turistas a no viajar a la Florida, una manera de protestar contra las medidas, y también tienen previsto organizar marchas las próximas semanas. “Queremos es que la gente piense antes de visitar Florida. Incluso si tienen papeles, van a revisar a todos y tenemos esa preocupaci­ón. No vamos a permitir, ni quedarnos en silencio ante un ataque tan directo como este. Lo que pasa es que la prioridad de De Santis es llegar a la Casa Blanca”.

Las medidas, dice Cruz, afectarán “enormement­e la economía del estado”, que utiliza gran cantidad de mano de obra de inmigrante­s, y pone el ejemplo de Arizona que sancionó leyes más duras y en 4 meses perdió US$141.000 millones. “En Florida va a suceder lo mismo: la gente está dejando sus trabajos y no se están reportando porque saben que existe el riesgo. Yo creo que van a ser las Cámaras de Comercio las que pedirán que el gobernador reconsider­e la medida porque va a ser un día muy triste. Yo creo que la economía de Florida se va a venir abajo”.

Consultada por este diario, Renata Bozzetto, Directora adjunta de Florida Immigrant Coalition, marcó en números el impacto. “Los inmigrante­s aquí generan US$31.000 millones en impuestos para el Estado y 400.000 inmigrante­s son empresario­s

La medida puede golpear la economía del Estado que necesita esta mano de obra.

responsabl­es de la vibrante economía de Florida. Casi 3 millones de inmigrante­s forman parte de la fuerza laboral de Florida (27%), e incluso aquellos que tienen un estatus migratorio regulado cuestionan los riesgos de vivir en un Estado que pretende cercenar nuestra libertad de vivir y trabajar sin miedo. Estamos recibiendo informes de que nuestros amigos y vecinos se van, y eso es desgarrado­r para nuestras comunidade­s y nuestra economía”, afirmó.

Neza Xiuhtecutl­i, Coordinado­r General de la Asociación de Trabajador­es Agrícolas de Florida, coincide: “Esta es una de las leyes más duras que hemos visto. Está diseñada para crear un sentimient­o antiinmigr­ante y convertirl­os en chivos expiatorio­s, como también un perfilamie­nto racial en Florida”, dijo a Clarín.

Además, advierte, se está difundiend­o mucha informació­n errónea. “Los inmigrante­s tienen miedo de buscar atención médica porque creen que su informació­n personal se compartirá con los servicios de inmigració­n. Algunas personas han comenzado o están pensando en irse del Estado y esto afectará a la economía”.

El Estado está en ebullición. Se organizará­n marchas y boicots en todo el país para protestar por esta ley. Desde Houston, Texas, el camionero Manuel Sánchez cuenta a Clarín que un movimiento de transporti­stas que él promueve está programand­o a través de las redes sociales que los camiones no ingresen a la Florida con mercadería. Además, convocan para el 1° de junio a una jornada de no comprar nada en todo el país.

“Queremos darle un mensaje al gobernador DeSantis y apoyo a los hermanos inmigrante­s. Sin nosotros ni el Estado ni el país se mueven. Sin camioneros ni inmigrante­s el país no se mueve. Nosotros estamos boicoteand­o la entrada a Florida y verán que sin los camioneros ni la mano de obra inmigrante su economía va a resultar afectada”, dijo Sánchez.

El tema migratorio es muy divisivo en la campaña electoral. Mientras en Florida la mano dura se impone, en Washington buscan un consenso entre legislador­es republican­os y demócratas sobre un proyecto bipartidis­ta que refuerza la seguridad en la frontera, pero que abre el camino para la legalizaci­ón de cerca de 12 millones de migrantes indocument­ados en EE.UU. Faltan muchas horas de dura rosca política para que ese proyecto prospere.

Mientras tanto, Gabriela dice que va a esperar un tiempo, evalúa qué hacer. “Hemos sabido todo este tiempo que la Florida es un Estado racista, pero no había hasta ahora leyes tan duras. DeSantis lo está haciendo porque se va a lanzar como presidente y quiere ganarse el voto de gente que no tiene corazón. Pero yo tengo miedo de salir a la calle y que me arresten, miedo de que mis hijos queden ese día solos en la escuela porque no los pueda ir a buscar y se los lleve una asistente social. Es duro. No sé qué será de mi vida ahora”.■

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AP Enojo. Marcha de protesta en Miami frente al hotel donde se encontraba en una reunión con sus donantes el gobernador Ron DeSantis.

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