Piden que la Corte invalide la ley que permite la re-re de los intendentes bonaerenses
El partido PAIS solicitó que se suspenda el artículo que permite un nuevo período a los que ya gobernaron dos.
La caja de Pandora que hace unas semanas se abrió con la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán por parte de la Corte Suprema por considerar que el principio constitucional de alternancia en el poder no estaba garantizado con el permiso para nueva reelección de Sergio Uñac y Juan Manzur respectivamente, sigue causando consecuencias en el tablero electoral de todo el país.
Con el patrocinio del prestigioso constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el presidente y apoderado del Partido Política Abierta para la Integridad Social (PAIS)-Distrito Buenos Aires, Oscar Héctor Alva, se presentó ante la Corte para pedir una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra la Provincia de Buenos Aires, respecto del artículo 4 de la ley 15.315, "por ser contrario” a diferentes artículos de la Constitución argentina y a los estándares delimitados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Alva razona que el último parche que se le hizo a la ley electoral bonaerense es inconstitucional, porque permite que "91 intendentes e intendentas de la Provincia de Buenos Aires sobre un total de 135 se encuentren en la privilegiada posición de ser los únicos, exclusivos y excluyentes sujetos que tendrían la posibilidad de estar en ejercicio del cargo por 12 años a partir de la sanción de la ley 14.836. Solo ellos, ni uno más."
La presentación judicial razona que "el artículo 4 de la ley 15.315 es contrario a la aplicación progresiva y no regresiva del principio republicano, como así también, se opone a una interpretación idónea del artículo 191.5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires basada en el principio republicano"
¿Por qué? Veamos. Originariamente, el artículo 3 del Decreto Ley 6769/58 (“Ley Orgánica de las Municipalidades”) establecía que “el Intendente y los concejales eran elegidos directamente por el pueblo, durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos. El Concejo se renovará por mitades cada dos años”.
Posteriormente, el artículo 1 de la ley 14.836 (del 22 de septiembre de 2016), modificó aquel artículo 3 en los siguientes términos: “El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.
Ya era lo suficientemente claro, pero ese mismo día también se votó la disposición transitoria del artículo 7, que estableció lo siguiente: “El período de los Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores a la entrada en vigencia de la presente ley será considerado como primer período”.
"Con el objeto de evitar toda clase de controversia interpretativa sobre el nuevo régimen establecido, y en sintonía con la cláusula transitoria novena de la Constitución argentina incorporada por la Convención Constituyente de 1994 respecto de la reelección presidencial -para evitar una nueva treta de Carlos Menem en 1999, que igual intentó-, la disposición transitoria séptima de la ley 14.836 determinó que el período de ejercicio de mandato de los intendentes a la entrada en vigencia de la ley se considerada como primer período a los efectos de la reelección", explica Gil Domínguez en el escrito que ya llegó a la Corte. O sea: los intendentes en ejercicio en el período 2015/2019 solo podían aspirar a un nuevo mandato (2019/2023), estaban inhibidos de poder presentarse para el período 2023/2027. Pero en 2022, las condiciones políticas que habían acunado y permitido sancionar la limitación a la reelección eterna de los intendentes habían cambiado radicalmente.
El pacto que la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y su socio político en la Provincia, Sergio Massa, habían sellado para empezar a remover a los "barones" del conurbano se rompió en mil pedazos, o mejor dicho: se mantuvo, pero con un necesidad exactamente opuesta: Massa llegó al oficialismo K y ahora es socio de aquellos barones, y JxC tampoco quiere que las intendencias que ganó deban exponerse a un cambio de manos. Nadie impidió que una buena porción de oficialistas y opositores reescribieran la ley otra vez.
Por eso, el 13 de enero de 2022 se votó el artículo 4 de la ley 15.315, que modificó el artículo 7 de la ley 14.836 estableciendo lo siguiente: “Los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley. En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior”.
En su pedido de acción declarativa, el titular del partido PAIS afirma que "el régimen aprobado en 2016 configuró un avance progresivo respeto del viejo sistema en términos de garantía del sistema republicano y del sistema de derechos al impedir los deseos de perpetuidad en el ejercicio del poder, asegurar la renovación de la política y habilitar a la oposición la posibilidad real de convertirse en gobierno. La derogación de la interdicción de más de una reelección mediante la sanción de la ley 15.315 implicó desconocer el principio de progresividad y no regresividad institucional, el cual postula que una vez alcanzado un determinado estadio normativo de garantía institucional no es posible retroceder, a menos que, se expongan argumentos razonables que lo justifiquen".
La modificación a la ley sancionada en 2016 fue acompañada por oficialistas y opositores.