Argentina hacia la OCDE, con eje en el desarrollo
Mucho hemos aprendido de las lecciones de la historia, en donde la Argentina no logró armonizar su política exterior con los cambios del sistema internacional. Si bien el mundo transita hacia un escenario de poder geográfico en el área del Indo Pacífico, su estructura institucional se asienta en cuatro grandes pilares que hacen a la gobernanza global.
En primer lugar, la Organización de las Naciones Unidas como estructura política y de seguridad internacional. En segundo lugar, la Organización Mundial de Comercio que organiza la dinámica económica del mundo. En tercer lugar, los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, que le dan la dinámica financiera al sistema global. En cuarto lugar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como instancia de normativas e instrumentos para el desarrollo.
Esta organización, heredera del Plan Marshall -que logró la reconstrucción y la reinserción internacional de Europa- conserva en su memoria institucional aquellas buenas prácticas que permitieron el crecimiento sostenido de los países del primer mundo y ahora lo están haciendo con los países de la periferia.
Si bien el G20 aparece como el espacio político global no institucionalizado por excelencia –del cual Argentina también forma parte- la OCDE es la verdadera estructura internacional y burocrática que permite construir estándares y parámetros para un desarrollo equitativo. Esto se materializa a través de las buenas prácticas, la revisión por pares y la legitimación de cada uno de las medidas adoptadas por los parlamentos de los países miembros.
El ingreso a esta organización, se lleva a cabo en un pleno acto de soberanía de política exterior, que articulan de manera positiva el desarrollo, la autonomía y la inserción internacional desde tres aspectos.
En primer lugar, todas las medidas de esta organización son tomadas por unanimidad. A su vez, el país que se abstiene no es pasible de recibir las exigencias de la Organización. Por lo tanto, si bien esta es muy estricta en las medidas que aplica y se sostienen en un carácter científico y empírico, el país mantiene un alto grado de autonomía frente a sus decisiones.
En segundo lugar, los conceptos de gobernanza blanda - en tanto no hay mecanismos disciplinarios o coercitivos frente a los incumplimientos de los países- y el derecho indicativo, en el cual no existen normas vinculantes de sanción.
En tercer lugar, el concepto de desarrollo en transición, que fue desarrollado por la OCDE, la Comisión Europea y la CEPAL, que articula los objetivos de desarrollo sustentable (ODS) y la cooperación internacional, así como el carácter multidimensional del desarrollo y la cooperación Sur-Sur.
Es de destacar que los 38 países que la constituyen y sus socios clave, conforman el 80% del comercio mundial y la inversión extranjera directa global. Asimismo, se resalta la coordinación entre China y la OCDE en temas como políticas de competencia, reformas regulatorias, instrumentos fiscales y financieros y, sobre todo, el ingreso en el año 2015 de esta potencia al Centro de Desarrollo de la organización.
La incorporación de la Argentina a esta institución internacional podría ser el resultado de un Pacto Constitutivo de Políticas de Estado para el Desarrollo, que nos obligue a sostener durante 15 o 20 años un conjunto de políticas estables, sustentadas en la credibilidad, el estado de derecho y la equidad.
Esto sólo sería posible con una clase política dispuesta a mantener desde las coaliciones políticas y parlamentarias el acuerdo mencionado, y sólo discutir en los escenarios electorales, el mejoramiento de estos estándares de desarrollo, que han demostrado ser el único camino al bienestar de los pueblos. ■