El juez Casanello analiza si el protocolo antipiquetes es legal
Fue sorteado para investigar una denuncia de la legisladora del MST Celeste Fierro. En 72 horas, Seguridad debe enviarle antecedentes de la normativa.
El juez Sebastián Casanello pidió ayer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en el plazo de 72 horas le envíe los antecedentes del protocolo y toda la normativa que avala la puesta en marcha del sistema para controlar los piquetes y cortes de calle. El magistrado también quiere saber si el ministerio respondió al informe de los relatores especiales de la ONU “sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”.
Casanello salió sorteado para instruir la causa en la que se cuestiona el protocolo antipiquete que impulsó el ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Se trata de una presentación realizada por la diputada porteña Celeste Fierro (MST en el Frente de Izquierda Unidad) junto a la apoderada partidaria, Mariana Chiacchio.
En el plazo de tres días, Bullrich deberá informar al juez los antecedentes del protocolo, “dictámenes jurídicos previos, consultas formuladas sobre el mismo; si se adecúa a las normas internacionales de derechos humanos y todos los actos complementarios al respecto”.
Asimismo, el magistrado requirió que la cartera de Seguridad detalle si existieron otras denuncias penales sobre la aplicación del protocolo: este requerimiento podría apuntar a la unificación de todas las denuncias existentes en un solo juzgado -que podría ser el de Casanello o no- y a comparar los supuestos delitos denunciados.
Hace dos semanas, el Gobierno recibió un informe de los relatores especiales de la ONU, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y también la opinión de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Al respecto, Casanello preguntó a la ministra qué se hizo con dicho informe, si hubo alguna respuesta formal al organismo, y si fue tenido en cuenta para diseñar o corregir la aplicación del protocolo.
“Quisiéramos instar a su gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para revisar la resolución y el proyecto de ley mencionados a fin de garantizar que sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos y no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad reunión pacífica, a la luz de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos”, sostiene el informe de los relatores.
En particular, continúa el texto, “solicitamos que garantice que esta revisión se lleve a cabo en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales. Para este ejercicio se debería tener en cuenta toda la gama de obligaciones internacionales que el Estado de Argentina ha asumido al ratificar los distintos tratados internacionales de derechos humanos”.
Ahora Casanello quiere saber si estas sugerencias fueron adoptadas o respondidas.
Por otro lado, se consultó si la cartera que dirige Bullrich había formulado alguna consulta al Ministerio de Justicia respecto a la implementación del protocolo.
Desde el MST se pronunciaron sobre el expediente, que tramitará en el fuero federal penal.
“Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre
Dos relatores de la ONU habían puesto reparos al protocolo.
como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’. Es un primer paso positivo y espero que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”, señaló la diputada porteña Fierro.
El dirigente del MST Alejandro Bodart agregó: “Ese protocolo represivo es una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei, que con total hipocresía repite el latiguillo ‘viva la libertad, carajo’ pero intenta avasallar todos los derechos sociales y democráticos vigentes en nuestro país. Es una ofensiva gravísima, un estado de sitio de hecho que ilegaliza el derecho a la protesta social, le da vía libre a la represión policial”. ■