El Ministerio de Seguridad exige el pago de 134 millones de pesos a los manifestantes
El Ministerio de Seguridad presentó una medida cautelar en la Justicia para que un fiscal identifique a las personas u organizaciones políticas o piqueteras a las que pretenden exigirle el pago del costo de los operativos por las protestas en el Congreso por la Ley Ómnibus, que la cartera de Patricia Bullrich calculó en más de $134 millones.
En la presentación judicial del funcionario Fernando Soto, a cargo de la firma del Despacho de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, se expuso el detalle de lo erogado por cada una de las fuerzas federales de seguridad que intervinieron en las marchas de la semana pasada en la zona del Congreso.
A) Gendarmería Nacional Argentina: $.55.489.310,44.
B) Prefectura Naval Argentina: $.45.981.438,12.
C) Policía de Seguridad Aeroportuaria: $.555.289,52.
D) Policía Federal Argentina: $.32.460.000.
Como consecuencia de ello, Bullrich fija en $134.486.038,08 la cifra total gastada que pretende hacer pagar. La cifra está compuesta por la suma total de los gastos operativos como el costo de empleo de personal, los gastos de combustibles y los elementos utilizados para Operaciones de Seguridad Ciudadana.
A esa cifra -indicó la cartera que dirige Bullrich a través de un comunicado-, deben agregarse las sumas correspondientes a los costos del tratamiento médico de los integrantes de las fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes. Dichas cifras se encuentran en curso de delimitación y, precisaron, se aportarán en cuanto se tengan debidamente establecidos.
El amparo fue dirigido al fiscal Tomás Vacarezza al que le solicitan, además de identificar a los deudores y proceder al "embargo o la inhibición general de bienes de los imputados", por los incidentes frente al Congreso el 31 de enero, 1 y 2 de febrero pasado mientras se debatía el proyecto de Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.
En sintonía, el último domingo el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri informó que el distrito ya presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público fiscal "por los destrozos en el Congreso", por los que exige unos $ 106 millones, a los vioelntos. ■