Los jueces que condenaron a Cristina juzgarán “Vialidad II”
La Casación Federal confirmó a Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Están imputados un hijo de Lázaro Báez y directivos de Austral.
La Cámara Federal de Casación Penal tomó una decisión clave vinculada al caso Vialidad, en la que se investigaron las 51 licitaciones de obras públicas que recibió el Grupo Austral de Lázaro Báez y las condiciones en las que fueron adjudicadas, como también sus costos y avances de obra. El segundo tramo del expediente, elevado a juicio oral hace cuatro años, será juzgado por el mismo Tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por haber favorecido a su ex socio comercial con rutas entregadas de forma irregular y con sobreprecios.
En este segundo tramo, conocido como Vialidad II, deberán comparecer ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario), Julio Mendoza (ex presidente de la constructora), Fernando Butti (ex contador) y Sandro Férgola, ex funcionario de Vialidad que debía controlar a Báez.
Durante la instrucción, el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques dieron por acreditado que los expedientes de obra pública vial en los que habían intervenido las empresas de Báez ”estuvieron signados por numerosas irregularidades”.
Entonces se sostuvo que esto no respondía a diversos “incumplimientos o ilicitudes administrativas”, sino que había “múltiples abusos y anomalías en la contratación, que se fueron reiterando a lo largo de un prolongado período temporal -coincidente con una misma administración de gobierno-”.
En el análisis de los 51 contratos por 46.000 millones de pesos que recibió durante la gestión kirchnerista el Grupo Austral, se señaló en este caso que hubo “acciones u omisiones que presentaban como común denominador un elemento: el beneficio de empresas vinculadas al imputado Lázaro Báez, que se traducía en un perjuicio económico para el Estado Nacional”.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que concluyó en diciembre de 2022 el juicio del expediente central, planteó un perjuicio al Estado de 80.000 millones de pesos.
Sandro Férgola ex funcionario de Vialidad, tenía la responsabilidad de controlar a Lázaro Báez y terminó procesado y enviado a juicio oral en esta parte de la investigación. Fue quien presentó el recurso ante la Cámara de Casación para impedir que el TOF 2, integrado por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, sea el responsable de realizar el juicio.
Pero la Sala IV de ese tribunal confirmó a los jueces.
Ahora también serán juzgados varios funcionarios de Vialidad nacional y provincial, a quienes se les atribuye el haber convalidado presuntas irregularidades en veintisiete expedientes de asignación de obra pública en Santa Cruz.
El tramo de la causa que será analizado en juicio oral tiene que ver con los distintos trámites administrativos “que resultaron en la adjudicación de obras a favor del grupo Báez” y las irregularidades omitidas en esos procesos, como la concurrencia de distintas empresas de Lázaro a una misma licitación; la adjudicación de las obras por encima de la capacidad de contratación y ejecución de las empresas; falta de disponibilidad de equipamiento suficiente para la ejecución de las obras, la infrecuente celeridad en la tramitación de los expedientes de obra, entre otras.
Todo posibilitó que Austral Construcciones- de la que Martín Báez posee un 5% de las acciones-, sea la principal adjudicataria de los contratos viales en Santa Cruz. Ahora, la Sala I de la Casación Federal reiteró que existió un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Lázaro Báez en “detrimento de las arcas del Estado”.
Fue a través de: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica. El agravante es que la mitad de los contratos quedaron inconclusos. La maniobra tuvo el aval de los funcionarios que serán juzgados. ■