Alquileres: a un mes del DNU, se firman contratos más cortos
La derogación de la ley permite los acuerdos en dólares y plazos libres. En el mercado dicen que hay más oferta, pero los inquilinos no ven una mejora.
De 250.000 a 500.000; de 150.000 a 375.000; de 90.000 a 400.000; de pesos a dólares; aumentos bimestrales y trimestrales, actualizados por una inflación desenfrenada. Contratos que se firman por un puñados de meses, o sólo por un año.
La incertidumbre de las personas inquilinas está trepando a niveles inimaginables en el ámbito porteño. Las leyes de alquileres -las dos, ambas atravesadas por un contexto inflacionario- y la puesta en vigencia del DNU -que liberó el mercado, incluso habilitando contratos en moneda extranjera-, no hicieron más que acrecentar los niveles de inestabilidad.
En las últimas semanas, distintas entidades y organizaciones vinculadas con el mercado inmobiliario aseguraron que desde fin de año, cuando entró en vigencia el DNU, hubo un aumento leve en una oferta que estaba en sus mínimos histórico, con menos de 800 inmuebles publicados en toda la Capital. También dijeron que los precios habían comenzado a bajar. Pero los inquilinos no están de acuerdo y el escenario de una mayor oferta no necesariamente coincide con mejores precios. Además, una encuesta reveló que los contratos son cada vez por menos tiempo y persiste la incertidumbre para los que tienen que renovar.
¿Cuál es el límite en la actualización de los alquileres? Hoy la realidad muestra que los precios aumentan en una escala que obliga a muchas personas a reformular sus vidas: mudarse, alejarse de sus lugares de trabajo y de estudio, achicarse, volver a las casas de sus padres, destinar enormes porcentajes de sus ingresos sólo al pago del alquiler, endeudarse, etc.
"Mi sensación es que la situación es inviable, insostenible en el tiempo. Mi contrato está vencido hace años, lo venimos prorrogando y ahora estoy negociando uno nuevo. Estoy pagando 250.000 pesos
por un dos ambientes. La inmobiliaria ya me anticipó cómo están acordando para la firma de los nuevos contratos, en general: duplicando el precio actual, con actualización trimestral por inflación y en pesos", le contó a Clarín una vecina de Villa Crespo, que prefirió no brindar su nombre.
Otra familia de Caballito le cuenta a Clarín su situación: "La inmobiliaria nos avisó que el dueño quiere dar de baja el contrato que venimos prorrogando desde hace años. Estamos pagando $ 300.000. En el edificio hay nuevos vecinos y sabemos que están pagando $ 600.000. Entendemos que el propietario tiene un negocio, pero esta desregulación también genera estas cosas, el sálvese quién pueda".
Daniela Gargantini es arquitecta e investigadora del Conicet en el Centro Experimental de Vivienda Económica (CEVE) y docente en la Universidad Católica de Córdoba; como experta en temas de hábitat, comparte una visión preocupante: "Hoy la población inquilina se juega su futuro, está pensando dónde va a dormir el mes que viene. Y si bien ahora este tema se manifiesta como un problema extremo, se fue gestando en las últimas décadas por diversos factores: incremento en el valor del suelo, estancamiento de los ingresos, ausencia de crédito hipotecario y falta de políticas de Estado".
Entiende que la falta de políticas deja hoy expuesta a las clases medias, porque son familias que "no dependían de la producción estatal" para tener una vivienda.
Gargantini advierte: "El lugar en el que vivimos nos condiciona el acceso a la educación y al trabajo". Menciona estas dos actividades como ejemplo, pero impacta también en el transporte, seguridad, acceso a la cultura y a los espacios verdes; en definitiva, a los usos urbanos y a las expectativas que tienen las personas de vivir en los lugares que eligen para desarrollarse, crecer y amplificar sus historias de vida.
"Es previsible que ocurran abusos, porque pretender que las parLuego
El gasto en el alquiler puede superar el 40% de los ingresos.
tes están en igualdad de condiciones es una utopía. A nivel país, la inquilinización creció del 16% al 28% en la última década", detalló Gargantini. La investigadora entiende que cuando se da una concentración de viviendas con fines de renta, "difícilmente esos bienes se ofrezcan al mercado si no satisfacen la rentabilidad de los inversionistas. En cambio puede haber cierto equilibrio en el caso de aquellas personas o familias que tienen un bien como segunda fuente de ingreso".
Entre el 14 y el 17 de enero, la organización Inquilinos Agrupados (con el apoyo del colectivo Ni una menos) realizó una encuesta y en base a 3.354 respuestas concluyó, entre otras cosas, que "el 31,6% de los ingresos de los hogares inquilinos se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y servicios públicos. Pero en el caso de aquellos alquileres que iniciaron después del 1° de noviembre, la incidencia del gasto asciende al 41,6%".
La encuesta reveló que "creció la participación de contratos de alquiler cortos, con un período de duración menor a 6 meses: estos representan casi el 25% de los casos". Y visibilizó que el "53,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo (casi el 40% con la tarjeta de crédito)".
"En un contexto inflacionario y de crisis económica, desregular el mercado es la peor opción. Lejos de aportar a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, lleva a aumentar la especulación y la incertidumbre. El mercado de vivienda en alquiler es muy heterogéneo y complejo", evaluó María de la Paz Toscani, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.w