Qué es el plebiscito, la herramienta con la que amenaza Milei
Ya había insinuado su uso durante la campaña electoral. Sin embargo, las consultas populares no son vinculantes.
Tal como había insinuado varias veces aun durante la campaña electoral, con la caída de la ley ómnibus Javier Milei y sus funcionarios más cercanos volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de “plebiscitar” las medidas que el Congreso no aprobó: “después los legisladores van a tener que blanquear a quiénes defienden, para quiénes trabajan”, aseguraban en La Libertad Avanza cuando empezaron a coquetear con el uso de esta herramienta constitucional.
En su conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni admitió que el gobierno analiza convocar a una consulta popular. “Lo estamos evaluando. Es una de las herramientas constitucionales. Vamos a tomar una definición. No vamos a permitir que frenen la Argentina del futuro”, respondió ante una pregunta.
La consulta popular es una herramienta que está contemplada en la Constitución. Sin embargo la ley es clara: para que sea vinculante, tiene que pedirla el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados. Y “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta”. El oficialismo no tiene suficientes legisladores propios para hacerlo, sin un acuerdo con los bloques “colaborativos”.
El Ejecutivo, en cambio, puede llamar a una consulta popular no vinculante. Es decir, en la que no sea obligatorio ir a votar y tampoco es obligatorio obedecer al resultado. El último plebiscito que se hizo fue en 1984, en el gobierno de Ricardo Alfonsín, para ver si se aceptaba o rechazaba el Tratado de Paz con Chile por el Canal del Beagle,
La ley estipula que recién “cuando un proyecto de ley sometido a consulta popular no vinculante obtenga el voto afirmativo de la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, deberá ser tratado por el Congreso”.
Sin embargo, ignorar los resultados puede tener consecuencias políticas. Tal como se volvió a escuchar en los despachos oficiales desde el anochecer del martes, en ese punto se centra la idea de Milei: exponer y enfrentar a los legisladores -”la casta” para él- con “el pueblo”, cuyos intereses estarían representados en las iniciativas del gobierno.
Paradójicamente, durante la campaña una de quienes meneó la posibilidad fue la entonces candidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, quien esta semana fue anotada en la lista de “traidores”
por parte de Milei
Píparo había dijo a Clarín: “Javier ya dijo que va a plebiscitar muchos temas. Ahora, si los diputados no es
En la campaña quien meneaba la chance de plebiscitos era Píparo
tán a la altura y no apoyan los temas ¿a quién están representando? ¿qué intereses? Yo creo que ese va a ser el gran debate”. Mucha agua pasó bajo el puente desde entonces. Y revuelta: lejos de aquella bravata, luego haber votado en contra de algunos artículos de la ley ómnibus Píparo dijo ayer que el gobierno tiene algunas “prácticas fascistas”.
Blandiendo su motosierra durante los actos electorales, Milei incluso señaló que plebiscitaría la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya aprobada. Aseguró que haría una consulta popular para conocer “la opinión del pueblo” al respecto, y en caso de que la mayoría esté en contra, “eliminaría la ley”. Pero eso es otra cosa que no puede hacer, porque solo el Poder Legislativo puede sancionar y derogar leyes.
Pero además, abogados constitucionalistas coinciden en que tampoco se puede hacer una consulta popular respecto de cuestiones en materia penal, ni en las que requieren mayoría especial en el Congreso o son facultades propias de alguna de las Cámaras, como los temas tributarios para Diputados y temas de Coparticipación para el Senado.
La opción que le queda al presidente para sortear el escollo de un parlamento reactivo a sus planes es la de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque tal como quedó demostrado en diciembre, ese punto también tiene varias limitaciones. Aún si la justicia no anulara o declara inconstitucionales los contenidos de esos decretos, ttampoco se puede regular vía DNUs cuestiones penales, tributarias, electorales o sobre partidos políticos. ■