El alcance constitucional de la consulta popular
La Constitución argentina de 1853 estableció como regla el sistema representativo traducido en el mandato expresado por el art. 22 mediante el cual “el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y autoridades” creadas por la Constitución castigándose con el delito de sedición a toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a su nombre.
La reforma constitucional de 1994 incorporó como excepción a dicha regla dos institutos de democracia semidirecta o participativa: la iniciativa legislativa popular (art. 39) y la consulta popular vinculante y no vinculante (art. 40).
Cada una de las distintas variantes de democracia participativa incorporadas a la Constitución tiene un grado de intensidad distinto en torno a la regla general determinada por la democracia representativa. En este sentido, la consulta popular vinculante es la que mayor énfasis representa puesto que permite sustituir totalmente el procedimiento para la formación y sanción de las leyes previsto por la Constitución argentina. Esta característica agrega una exigencia implícita a efectos de garantizar la información clara y precisa, como así también, la deliberación razonable de la sociedad: el proyecto de ley presentado a consulta popular debe respetar el principio de especificidad material legislativa, y consecuentemente, no es constitucionalmente viable un proyecto que contenga un frondoso articulado, diversas materias y la técnica de aprobar anexos que son a la vez leyes. Por último, también encuentra un límite preciso en los contenidos convencionales textuales y jurisprudenciales emergentes de los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Los contenidos de la consulta popular están previstos en texto constitucional y en la ley 25.432 en lo atinente a las variantes, materias, procedimientos y mayorías requeridas
La consulta popular vinculante debe ser convocada por el Congreso -a iniciativa de la Cámara de Diputados- a efectos que el cuerpo electoral mediante el voto obligatorio apruebe o rechace un proyecto de ley. Si lo respalda con la mayoría de los votos válidos afirmativos, el proyecto se transforma en ley y debe ser publicada en el Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores a la proclamación del resultado. En cambio, si lo rechaza, durante dos años, el proyecto no puede ser tratado por el Congreso ni tampoco sometido a una nueva consulta. Para la convocatoria se exige mayoría simple, en tanto que, para la validación del proceso se requiere que emitan el voto no menos del treinta y cinco por ciento (35%) de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional. No pueden ser sometidas a consulta popular los proyectos que conforme a la Constitución requieran una mayoría agravada para su aprobación (ej. la ley de necesidad de reforma constitucional que exige dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras) o la Cámara de origen se encuentre determinada (ej. la Cámara de Senadores como Cámara de origen de la ley convenio de coparticipación federal).
La consulta popular no vinculante es convocada por el Congreso o al Presidente de la Nación, en el ámbito exclusivo de sus competencias, con el objeto de consultar la opinión del pueblo sobre todo asunto de interés general para la Nación. En el Congreso, se requiere mayoría simple, el voto no es obligatorio, también se exceptúan los proyectos que requieren de una mayoría agravada para su aprobación o la Cámara de origen se encuentre determinada y si obtiene el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, el proyecto debe ser tratado por el Congreso de la Nación quedando automáticamente incorporado al plan de labor parlamentaria de la Cámara de Diputados de la sesión siguiente a la fecha de proclamación del resultado. La convocatoria del Poder Ejecutivo se hace por decreto, se publica en el Boletín Oficial y solo puede referirse a materias propias de administración.
La consulta popular es un mecanismo previsto por la Constitución argentina para ser utilizado, de forma excepcional, dentro de los límites demarcados. No suplanta la división de poderes, ni transforma al sistema representativo en un modelo decisionista. Menos aún puede ser utilizado como un ariete percolador del sistema democrático y la convivencia políticamente plural y diversamente pacífica. ■
La consulta popular vinculante debe ser convocada por el Congreso, a iniciativa de Diputados.