Santa Cruz: Claudio Vidal denunció corrupción en el gobierno de Alicia Kirchner
El gobernador judicializó supuestos hechos ilícitos de su antecesora. Sospechas con cooperativas y proveedores.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, denunció ante la justicia penal provincial presuntos hechos de corrupción cometidos durante la gestión de Alicia Kirchner. La Fiscalía de Estado pidió que se investigue el funcionamiento y la contratación de un grupo de Cooperativas de Trabajo por diversas inconsistencias, junto a la sospechas sobre un proveedor del Estado, donde se presumen posibles sobreprecios.
Luego de treinta años de gestión kirchnerista, Vidal ordenó la realización de una auditoría del Estado.
Los primeros informes de ese trabajo arrojaron un conjunto de irregularidades que derivaron en las primeras denuncias penales.
El gobernador patagónico se encontró con poca solvencia en el manejo y la contratación de de 51 cooperativas. El Fiscal de Estado, Ramiro Castillo, apuntando a algunas de ellas en los tribunales.
La denuncia sostiene que de los datos recabados tras las auditorías “surgen incompatibilidades de algunos de sus integrantes - que principalmente ocupan cargos de administración o fiscalización interna -, y a su vez son empleados del Estado Provincial en planta permanente; otros se han desempeñado como asesores de diputados provinciales, y algunos de ellos integran sociedades comerciales”.
El delito denunciado es el de presunto fraude a la administración pública en perjuicio del Estado.
La información que sustenta la presentación penal fue suministrada por la Contaduría General de la Provincia.
“Pareciera ser que se ha desnaturalizado el funcionamiento que deben tener las cooperativas, como una organización genuina de trabajo entres sus asociados, transformándose en grandes organizaciones que, desvirtuando los principio del cooperativismo, son administradas por unos pocos, quienes se sirven de estas figuras legales asociativas en provecho propio”, expresa la denuncia. El informe de la Contaduría General detectó “anomalías, irregularidades e inconsistencias, en la ejecución y control de las contrataciones”.
Puntualmente, “se detectaron inconsistencias entre la cantidad de personas que debían ser afectadas para prestar servicios, con la nómina del personal que efectivamente lo hizo; como así también entre la cantidad de horas de trabajo mensuales contratadas, con las efectivamente prestadas”.
En otros casos, señala el texto judicializado, las auditorías arrojaron la “falsificación en la documentación que certifica los servicios prestados, emanada de los directores o responsables de los establecimientos escolares; como asimismo firmas posiblemente también adulteradas”.
La otra denuncia penal es contra ex funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, “con motivo del acto de asunción del actual Gobernador”.
La Fiscalía de Estado denunció “hechos irregulares, ejecutados por ex funcionarios del referido Ministerio, en el proceso de contratación de servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering que fueran utilizados para el acto de asunción del nuevo gobierno”.
La documentación adjuntada a la denuncia revela que el ministerio “contrató en forma directa, de manera discrecional y direccionada, a un mismo proveedor, quien intervino a través de dos nombres de fantasía Ctrl+C y Dugstore Bajo Cero, abonándosele la exorbitante suma de 69.127.800 pesos, a pesar de que con antelación se habían presentado dos presupuestos de diferentes proveedores, por iguales servicios, por sumas que oscilaban los veinte millones de pesos.”
Los pagos denunciados incluyen 4,8 millones de pesos por 300 packs de agua mineral, “cuando en el mercado el valor de referencia oscilaba el 1,8 millón”, se expresó en el texto judicial.