Echegaray fue a la Corte para revertir su única condena
El ex titular de la AFIP busca que se anule la pena por beneficiar a Cristóbal López. Lo sentenciaron a cuatro años y ocho meses de prisión.
El ex titular de la AFIP de la gestión kirchnerista Ricardo Echegaray dejó en manos de la Corte Suprema su futuro judicial. Busca que en la última instancia, se anule la única condena por corrupción que recibió. Se trata del caso Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, donde el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) con un voto dividido, absolvió a los empresarios Cristóbal López y a Fabián De Sousa y sólo acusó al ex funcionario. El fiscal Mario Villar también acudió al Máximo Tribunal, pero para pedir que todos sean condenados.
A fines de 2021, la Justicia sentenció a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
La Cámara de Casación, la instancia previa a llegar ante la Corte con una queja, confirmó el año pasado el criterio del TOF 3, que condenó al ex titular de la AFIP y absolvió a los dueños Oil Combustibles. Bajo el beneficio de la duda -si la acusación no es contundente, aunque tampoco se pruebe la inocencia, se falla en favor del reo- los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, avalaron la sentencia. Andrés Basso, en cambio, dijo que todos debían ser condenados.
Los jueces del máximo Tribunal penal no hicieron lugar al planteo del fiscal federal Mario Villar, que opinó que se trataba de un veredicto “sorpresivo; una condena al supuesto autor y la absolución a quienes se beneficiaron con la maniobra es extraño”.
La acusación con la que López y De Sousa fueron a juicio sostenía que mientras no pagaban al fisco el impuesto a los combustibles líquidos (del cual Oil era agente de retención), la AFIP le otorgaba planes de pago con facilidades para pagar esa deuda, aunque a su vez tampoco lo hacían. Y que con el dinero que le retenían indebidamente a los consumidores de nafta y no liquidaban a la AFIP, los empresarios iban expandiendo el holding Indalo.
El monto del fraude fue revisado durante el juicio, y se ajustó a un período menor al que contemplaba la imputación fiscal. Así, se sostuvo que la deuda de Oil ascendía a unos 5.600 millones de pesos.
En la sentencia de juicio se dijo que en este tipo de maniobras "el titular de la fuente de riesgos resulta ser el funcionario público y no el extraño”, es decir los dueños de Oil. Ahora debería definir la Corte.