Advierten que corre riesgo la atención de los discapacitados
El Foro que los representan afirma que la inflación complicó la prestación de servicios y el acceso a la salud. Le llevaron un petitorio al Presidente.
“La discapacidad está en emergencia”, así lo sostienen desde la organización Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad y promoción de derechos, quienes la semana pasada se acercaron a reclamar en la quinta de Olivos. Con el objetivo de alertar sobre la vulnerabilización de los derechos de las personas con discapacidad, en un contexto de inflación creciente.
Los transportistas dicen que no pueden cubrir el combustible.
Le acercaron un petitorio al presidente Javier Milei, “con todos los puntos que son necesarios resolver para garantizar los servicios y las prestaciones a las personas con discapacidad”, expresaron.
Según advirtió el Foro, alrededor de 200 mil personas de todo el país corren el riesgo de quedarse sin servicios básicos de atención y cuidado. La razón principal es el contraste entre los aranceles de las prestaciones, fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud, y la inflación descontrolada. Mientras que los aranceles aumentaron un 120,8% durante 2023, la inflación en el mismo período alcanzó el 220%.
En este contexto, el Foro entregó el petitorio al Presidente exigiendo acciones inmediatas. Entre las demandas del Foro se incluye un aumento del 100% en los aranceles, así como un incremento del 120% en el sector de transporte para hacer frente al aumento en el precio del combustible
ANDIS, en conjunto con el Ministerio
de Salud, anunció este jueves un incremento del 30% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral, mediante la resolución 1/2024. Sin embargo, desde el Foro advierten que esta medida no es suficiente. Pablo Molero, coordinador del foro, comentó que fueron a Olivos “porque este incremento no satisfacía las necesidades de los prestadores”.
Los transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad se ven imposibilitados de continuar con sus labores debido al aumento del costo del combustible, lo que ha resultado en la interrupción de servicios esenciales.
En el petitorio explican: “Este sector terminó el mes de diciembre de 2023 con un desfase de alrededor de 100 puntos entre la inflación anual (2023) y los aranceles fijados por el Estado nacional. Esta situación se complejiza cuando tienen que enfrentar deudas que las Obras Sociales Nacionales e Incluir Salud mantienen con estos servicios, así como el financiamiento del pago de las obras sociales que suelen extenderse, en general, entre 60 y 90 días de facturar la prestación y en ocasiones aún más”.
A su vez, manifiestan la importancia de la Ley 24.901, que establece los servicios que deberían ser cubiertos económicamente, establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, con la obligación por parte de PAMI, Obras Sociales Nacionales, prepagas, de cubrir el total de estas prestaciones. En casos en los que las personas con discapacidad no estén incluidas en el sistema de obras sociales, o estas no puedan afrontar los servicios, el Estado debe garantizar el acceso.
Según manifestaron desde el Foro, el Director Ejecutivo de la Agencia, Diego Spagnuolo, días previos a la movilización en Olivos, coordinaría con ellos una reunión, pero aún no tuvieron novedades.
El presupuesto asignado para la atención de personas con discapacidad tiene sus inicios en el año 1981, en el "Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados", mediante la ley 22.431, que se creó con el propósito de garantizar servicios médicos, educativos y sociales para las personas con discapacidad.
Esta ley ha tenido actualizaciones y modificaciones. En 1995 se sanciona la “Ley del cheque”, a través de la cual se prevé el financiamiento del Programa Nacional de Discapacidad. Adicionalmente, en 1997, la Ley N° 24.901 de “Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad”
En el último informe trimestral disponible sobre el análisis presupuestario, al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2023, el presupuesto vigente de $1.396.099,9 millones, revela que se ha ejecutado el 68,3% del crédito disponible
Ante esta situación de emergencia, el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad insta al Gobierno a tomar medidas concretas y urgentes para resolver esta crisis que afecta a miles de personas.w
El Gobierno aumentó los fondos, pero no fue suficiente.