Dudas por el pase a Seguridad del programa de testigos protegidos
Alberto Fernández lo había pasado a Justicia, manejada por los K. Y muchos optaron por irse. Llegaron a ser 236 y ahora son 46, como el chofer Centeno.
Entre otras tantas oficinas públicas cuyo destino y conducción aún permanecen en el limbo de una transición política no terminada y los fuertes cimbronazos bajo los cuales gobierna Javier Milei, navega entre demoras e indefiniciones el programa de Testigos e Imputados Protegidos: un servicio clave para decenas de personas en riesgo de vida por sus declaraciones en causas por corrupción, narcotráfico o trata de personas.
El programa reflejó la montaña rusa polítca de la Argentina. A finales de 2018, antes de que Mauricio Macri dejara el poder, había 236 personas bajo ese régimen, que implica custodia permanente, y en algunos casos hospedaje, empleo y hasta mudanzas a otras ciudades.
Con el gobierno kirchnerista mediante -que puso al programa bajo el control del ministerio de Justicia, controlado en los hechos por Juan Martín Mena- muchos “protegidos” abandonaron esa custodia por desconfianza en sus cancerberos. En la actualidad, hay 46 personas dependientes del ministerio de Mariano Cúneo Libarona.
Pero el ministro le pidió al presidente que autorice el traslado del programa a su colega de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyos efectivos son quienes realizan la custodia en la práctica.
La mayoría de los testigos que están en el programa pidieron ingresar a él después de colaborar en causas de narcotráfico y trata de personas. La menor cantidad responde a las investigaciones de corrupción, motivo por el cual llegó a haber quince personas. Entre las más conocidas, sólo continúa custodiado Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta cuyas anotaciones dieron inicio al caso de los Cuadernos de las Coimas.
Aunque desde el Ministerio de Justicia confirmaron a Clarín que se está “trabajando en el traspaso para que le programa quede dentro del Ministerio de Seguridad”, los meses transcurren sin concretarlo.
La prioridad es siempre “garantizar el cuidado y resguardo de las personas”, que voluntariamente ingresaron a este sistema de protección. Tanto su inclusión como la salida del régimen de testigos protegidos, es voluntaria.
El programa proporciona “desde una simple custodia o botón antipánico hasta una re localización o cambio de identidad”, dependiendo siempre del informe de riesgo que se haga de cada persona.
El programa de protección de testigos se convirtió en un eje de disputa entre el gobierno de Alberto Fernández y su antecesor, Mauricio Macri. La gestión de Cambiemos había señalado que el sistema estaba desfinanciado. Sus fondos tenían carácter de reservados y lo que se expuso fue una falta de control en cuanto a la aplicación de los recursos.
A su vez, para la gestión de Alberto Fernández Cambiemos había utilizado el Programa para incidir en causas judiciales en contra de ex funcionarios kirchneristas, principalmente aquellas que involucran a Cristina Kirchner.
En sus últimos días de gestión, y a través de un DNU, Macri intentó crear la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un ente autárquico que no dependería directamente de las autoridades del Ministerio de Justicia. Buscaba que funcionara como un organismo tripartito, con la participación de la Justicia a través de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Procuración General. Se firmó un acta constitutiva y se dio intervención a la Justicia, pero nunca comenzó a andar.
Tras la llegada al poder de Alberto y Cristina, también por Decreto se ordenó que el programa regresara a la órbita del Ministerio de Justicia, donde se encuentra actualmente.
Según lo anunció, el gobierno de La Libertad Avanza busca traspasarlo a Seguridad. La explicación inicial, ante la consulta de Clarín,
es que “es un sistema que funciona con custodia de las fuerzas federales y lo que se proporciona son dispositivos de seguridad”. Pero la promesa sigue en las carpetas.
“La cuestión se resolverá en los próximos días”, explicaron fuentes oficiales a este diario.
Mientras tanto, se indicó, “el Ministro de Justicia ordenó a sus colaboradores que aseguren la continuidad de la gestión operativa y la prestación de los servicios de protección habituales, en función de los requerimientos que formulen el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal”. ■