Acusan de terrorismo a una activista en Venezuela y la OEA reclama su liberación
Rocío San Miguel lleva “100 horas incomunicada”, dijo su abogado. “Es un atropello”, denunció la entidad regional.
La Organización de Estados Americanos (OEA) reclamó ayer la liberación de la activista y experta militar venezolana Rocío San Miguel, a la que el régimen chavista acusó de “traición a la patria” y “terrorismo” por su presunta relación con un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, muy crítico de Maduro, dijo en un comunicado que la detención de San Miguel era un “atropello injustificable” y profundizaba la “criminalización” de los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Almagro condenó también la “detención arbitraria” de cinco familiares de San Miguel, que describió como “una acción repudiable e infame”.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en la noche del lunes que San Miguel, detenida el mes pasado cuando se disponía a salir de Venezuela, será imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”. El funcionario también dijo que la abogada de 57 años y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en asuntos militares, había sido presentada junto a sus familiares detenidos ante un tribunal en Caracas.
San Miguel es, además, defensora de los derechos humanos y una de las analistas políticas más consultadas en Venezuela. Su defensa denunció que tanto ella como cinco de sus familiares -su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo, un militar retirado- sufrieron “desaparición forzada” y que ha estado “cien horas incomunicada”, sin contacto con sus abogados.
La fiscalía también solicitará privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, expareja de San Miguel, por la “presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”.
El régimen suele denunciar planes conspirativos contra Maduro.
Sólo en 2023 asevera que neutralizó cinco “conspiraciones”, en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.
Varios organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos han reclamado la liberación de la activista y de sus familiares.
“El patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias”, señalaron 204 organizaciones en un comunicado conjunto divulgado ayer.
La detención de San Miguel y sus familiares “sigue una tendencia preocupante” de detenciones arbitrarias, apuntó la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, que funciona desde Bogotá.
En octubre, el régimen y la oposición firmaron un acuerdo en Barbados de cara a las presidenciales para liberar presos políticos, habilitar a disidentes vetados y transparentar la realización de comicios generales. Fue un pacto, respaldado por la Casa Blanca, a cambio de levantar sanciones económicas a Caracas. En Venezuela hay aún 261 “presos políticos”, según indicó la ONG Foro Penal.w